07 Noviembre 2022
Luego de más de dos años de proceso Jorge Leonardo Herrera (31) comenzará a ser enjuiciado por el crimen del párroco Oscar Juárez. Las audiencias comenzarán hoy con los alegatos de apertura. La Fiscalía explicará cual es la calificación legal con la que llega acusado Herrera y también podría adelantar la expectativa de pena que solicitarán. Por su parte, la defensa planteará su teoría del caso y luego el imputado tendrá la posibilidad de declarar ante los jueces.
El 15 de julio de 2020 la mujer encargada de la limpieza del templo San Martín de Porres, ubicado en la esquina de San Martín y Castro Barros, encontró el cuerpo del padre Juárez sobre un gran charco de sangre. La víctima había sido ultimada de varias puñaladas la noche anterior. Se trata de un hecho que movilizó a feligreses de toda la provincia en su reclamo de Justicia.
Dos días después del hecho, por pedido de la (hoy jubilada) fiscal Adriana Giannoni, se detuvo a Herrera, quien vivía a la vuelta de esa iglesia y es hijo de la secretaria administrativa del templo. Según la teoría del caso, el hombre de 31 años asesinó al cura para quedarse con U$S 60.000 que Juárez guardaba.
El día que arrestaron al acusado, los investigadores secuestraron un pantalón manchado y un par de zapatillas. En la prenda y en el calzado encontraron restos de sangre que, a través de un estudio genético, se comprobó que pertenecía al sacerdote. Además, otro perito confirmó que las huellas que habían quedado en la escena del crimen pertenecían al acusado.
Por otro lado, con las cámaras de seguridad se estableció el recorrido que había hecho Herrera esa noche a bordo de su auto. Entre otros lugares, pasó por la parroquia, donde se lo vería entrando y saliendo del lugar, y luego por el canal Sur, donde se sospecha que arrojó el arma homicida. Días después una vecina informó que había encontrado un cuchillo en ese lugar y lo entregó a la Justicia. Los estudios genéticos detectaron sangre de la víctima en la vaina del puñal.
Esas son dos de las principales pruebas que la Justicia reunió en contra del imputado. En la causa además se constituyó como querellante el Arzobispado, que alegó que el dinero pertenecería a la Iglesia y que estaba destinado para obras. Hoy comenzará a resolverse uno de los casos que mantuvo en vilo a la provincia y a la comunidad católica del país.
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