09 Noviembre 2022
El trágico caso de Noelia Sosa, la mujer que decidió quitarse la vida luego de que no le tomaran una denuncia por violencia de género en la comisaría de Trancas, reabrió el debate sobre la atención que brinda la Policía ante las demandas de la ciudadanía.
En el Poder Ejecutivo de la Provincia adoptaron decisiones políticas tras el dramático suceso, registrado el 16 de octubre pasado. Entre otras medidas, el gobierno removió la cúpula policial de la dependencia tranqueña y se puso “a disposición de la familia en todo sentido”. Sin embargo, más allá de este caso y de la postura asumida por las autoridades, resta que el Estado avance con medidas de alcance general, no sólo para evitar que se produzcan situaciones similares a futuro, sino también para garantizar que las fuerzas de seguridad brinden un servicio de calidad a toda persona que se considere damnificada por algún tipo de delito. En este marco, la Legislatura tiene previsto tratar en la próxima sesión un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para facultar al Poder Ejecutivo “a adoptar las medidas necesarias para garantizar que todas las dependencias policiales de la Provincia dispongan durante las 24 horas del día de personal autorizado para recibir denuncias”. La iniciativa, inclusive, habilita a convocar a efectivos “jubilados o en situación de retiro activo”, “para desempeñar funciones de oficial sumariante”.
La propuesta, sin embargo, enfrenta límites complejos para su implementación. De hecho, en los fundamentos del proyecto, los propios redactores del texto advierten que la medida permitirá dar “respuesta a una sentida necesidad social, mientras avanzamos en el estudio y la reformulación de la normativa de fondo”. Es decir que, más allá del espíritu de la iniciativa, los legisladores admiten que no alcanzará con esta nueva ley para brindar una respuesta definitiva a este problema. Sucede que la Policía se rige sobre la base de una normativa que tiene medio siglo de vigencia. Entre otros puntos, la Ley Orgánica de la fuerza establece que las denuncias sólo pueden ser recibidas por oficiales de guardia de cada dependencia. Esta tarea también se encuentra limitada por el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán.
El problema es que los oficiales de guardia no sólo deben dedicarse a tomar denuncias, sino también a documentar todos los hechos que se registren en la jurisdicción (accidentes, robos y homicidios, por solo citar algunos) y encargarse de la preservación del lugar. Al mismo tiempo, deben coordinar el normal funcionamiento de la dependencia; coordinar que se realicen las constancias y velar por la efectiva entrega de las notificaciones judiciales.
La necesidad de una solución urgente a esta problemática se ve reflejada en los tiempos y en las formas del debate legislativo que se llevará adelante esta semana. Pero, tal como admiten los propios representantes del pueblo, hacen falta medidas de fondo para que la ciudadanía, de una vez por todas, encuentre respuestas inmediatas en las dependencias policiales.
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