Dos intensas y abarcativas actividades, desde distintos enfoques y con diferentes protagonistas, han dado cuenta en las últimas semanas del estado del periodismo a nivel nacional y continental. A fines de octubre sesionó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a principios de este mes tuvo lugar un nuevo congreso internacional del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). De los planteos y las conclusiones de sendos debates puede diseñarse un mapa preocupante acerca de la situación de una de las herramientas fundamentales de la consolidación y calidad de las democracias. En particular, debe sonar una alarma muy fuerte respecto de la protección institucional de la seguridad física de los periodistas.
Por seguir un orden cronológico, la SIP denunció en un documento aprobado en su asamblea general de Madrid “un preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa en las Américas (que) se evidencia en el aumento de los asesinatos de periodistas, así como en la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente”. Su relevamiento determinó que se ultimaron 40 trabajadores de prensa en el continente entre octubre de 2021 y mismo mes de este año (con México nuevamente a la cabeza como el país más peligroso para ejercer la profesión). La cifra sigue creciendo: el 5 de este mes fue muerto en Haití el reportero Fritz Dorilas. Por ello, se “exhortó a Gobiernos y autoridades a que asignen prioridad a las investigaciones que permitan capturar a los culpables”. Asimismo, se repudiaron los ataques a los periodistas (especialmente de investigación) a través de planteos judiciales con el objetivo de callar sus voces, y se alertó en particular el avance de las estructuras transnacionales del narcotráfico, que ven a la prensa libre como su principal enemigo, antes que los Estados donde se infiltra o los funcionarios que deben perseguirlas.
Las estadísticas no ubican a la Argentina en el primer lugar de riesgo, pero la realidad indica que se agrava la situación. La reacción social ante el asesinato de José Luis Cabezas en 1997 fue tan profunda que nunca más se mató a otro periodista. “Hasta ahora”, agregan en la frase muchos referentes de organizaciones locales, como Paula Moreno, la presidenta de Fopea. Su temor no es infundado. Rosario es un punto caliente en el universo del poder de las bandas narco, dentro y fuera del país, que desarrollan su campaña de terror y silenciamiento sin filtros, como lo demostró la bandera con amenazas que se colocó en las afueras de un canal de televisión. Moreno destacó que “Rosario no es el título, sino los periodistas que salen a trabajar con chalecos antibala o los móviles blindados”. En el terreno de la persecusión judicial, hay numerosos casos en distintas provincias del país, incluyendo a Tucumán, junto con la estigmatización de la profesión a través de discursos de odio anónimos en las redes sociales. En juego no están las personas, sino la misma democracia.