Por Martín Soto
14 Noviembre 2022
Se profundizan las tensiones entre taxistas y quienes trabajan a través de plataformas electrónicas de transporte privado. Por iniciativa del oficialismo, la Legislatura derogó en la última sesión la ley N° 9.352, la cual tenía como objeto regular estos servicios de plataformas. Aunque la norma no estaba en aplicación, dado que no había sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, su eliminación fue celebrada por los taxistas y puso en alerta a los choferes de aplicaciones como Uber. Se reavivó el debate sobre un servicio que provoca polémica en todo el mundo pero que es cada vez más elegido por los usuarios.
La derogación de la ley fue impulsada por el legislador Armando Cortalezzi (FdT) y logró dictamen de la comisión de Transporte, que preside su colega de bancada, Tulio Caponio. En los argumentos, el parlamentario sostiene que la provincia no está preparada para permitir dicha actividad dado que la Capital no cuenta con la infraestructura vial adecuada y que este tipo de servicio complica la circulación vehicular. Durante su alocución, además, resaltó que con las aplicaciones de este tipo se caería en una competencia desigual con los taxistas.
“Perjudica al usuario”
Del lado de la oposición, el radical José Ricardo Ascárate expuso que la derogación de la norma (fue aprobada en diciembre de 2020) lleva a Tucumán al atraso. “Si existe un sistema que es mejor que el actual, tiene que ser regulado. No es cierto que el sistema de taxis dé empleo ya que solo se permite una licencia por propietario y las agencias están prohibidas (...) Lo que se está buscando con esto es mantener el privilegio de quienes tienen licencias de taxis. Un sistema regulado es más transparente. Le permite al usuario tener la seguridad y la garantía de estar pagando por un servicio con una tarifa real y que le permita conocer el precio final. Los legisladores tenemos que pensar en la gente, no en quienes tienen privilegios”, dijo.
El legislador alfarista Walter Berarducci consideró que “el oficialismo le dio la espalda al usuario”. “Las cinco aplicaciones que hoy hay en Tucumán prestando este servicio de mediación de oferta y demanda del transporte hoy no tienen un marco regulatorio. Aquel que sube a un auto ha perdido la seguridad y la trazabilidad del viaje porque la actividad no está regulada ni reglamentada. Lo único que hace es perjudicar al usuario. No se puede tapar el sol con la mano: estos aplicativos van a seguir existiendo en Tucumán”, expuso a este diario. Añadió que el servicio no compite con el de taxi sino que lo complementa.
“Monumento a la corrupción”
Miembros de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat) celebraron en el recinto la derogación de la norma. En diálogo con este diario, el líder del sindicato, Antonio Rodríguez, opinó que la Ley N° 9.352 le parecía “un monumento a la corrupción” dado que -a su entender- ese tipo de servicio es ilegal.
“Se ha logrado lo que propusimos, que era que caiga la aplicación. Estamos muy agradecidos con el gobernador (Osvaldo Jaldo) y el legislador. Ahora lo que necesitamos es una pronunciación pública del intendente (Germán Alfaro). Nosotros pagamos un canon mensual, que va a las arcas del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) para controlar la ilegalidad. Tienen que controlar la ilegalidad, nos quita mucha rentabilidad”, dijo.
El dirigente sindical aseguró que actualmente hay unos 6.500 taxis que circulan legalmente y que la cifra es superada ampliamente por vehículos que prestan el servicio de modo irregular. Remarcó que la actividad se encuentra en alerta y que quieren ser recibidos por Alfaro para expresarles sus inquietudes y explicarle por qué solicitan que se autorice una suba del 70% en la tarifa. “Queremos que se controle como corresponde para que tengamos cierta rentabilidad. Tenemos una competencia totalmente ilegal. De continuar así vamos a llegar a la Justicia”, advirtió.
Rodríguez afirmó que en el sector sólo están sobreviviendo. Que se vienen “comiendo el capital” porque los valores de los insumos están por las nubes. Respecto a Uber, dijo que “es imposible” que los taxistas convivan con la aplicación. “Uber es una precariedad. Ellos trabajan para complementar sus ingresos. Nosotros tenemos que pagar licencias e impuestos. La aplicación es una truchada”, expuso.
Una actividad informal, no ilegal
Entre los choferes registrados en la plataforma Uber, Fernando (solicitó que se preserve su apellido) hizo de vocero de los trabajadores. Dijo que les hizo ruido la derogación de la ley, pero que el objetivo que tienen desde el sector es que sea la Justicia tucumana la que defina si se puede trabajar o no a través de la aplicación. A su vez, opinó que es relativo que no haya una ley que regule los servicios de plataformas e hizo un paralelismo con lo que sucede con Pedidos Ya. “Como ellos no tienen competencia, no hay problema. Pero al tener nosotros competencias con los taxis, sí. Nos persiguen y la gente nos elige porque el servicio es más barato. Los taxistas no brindan un buen servicio ni tienen un buen trato”, mencionó.
Fernando consideró que el servicio de Uber en Tucumán es muy bueno, que les permite trabajar a muchas mujeres y que la gente tiene derecho a elegir. Estimó que en la provincia hay unos 2.000 conductores suscriptos a la plataforma y que es la fuente de sustento para la mitad de ellos. “No podemos dejar de trabajar porque vivimos de esto. El gobernador no está quitando la posibilidad constitucional que tenemos, que es el derecho a trabajar. No estamos cometiendo ningún delito y nos sentimos perseguidos: por los taxistas, el Sutrappa y la gente de Transporte. Es una actividad informal, no ilegal. No nos están dejando llevar el sustento a nuestras casas”, esgrimió.
Por último, el conductor de Uber cuestionó que el gobernador no los haya invitado a la Casa de Gobierno para conocer su situación. “Jaldo nunca nos recibió, como si no fuéramos parte de la sociedad. Tenemos los mismos derechos que los taxistas”, manifestó.
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