Entrevista a Alfredo Vítolo: “El Poder Judicial es un bombero, y necesitamos que sea eficiente”

“Trabajar juntos para tener realmente una Justicia que funcione”, describe abogado Alfredo Mauricio Vítolo como idea para su exposición del miércoles en Tucumán. Docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en el Encuentro de Empresarios del Norte Argentino, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) integrará un panel sobre la independencia judicial. “Vamos a hablar de las visiones que uno tiene de cómo superar esta situación de crisis que estamos en este momento. La idea es conversar con un grupo que no siempre tiene una relación muy buena con los abogados, porque los empresarios, generalmente van a ver a los abogados cuando tienen un problema. Tenemos mala prensa en general. La propuesta es trabajar con gente de empresas sobre cómo se puede trabajar juntos para tener realmente una Justicia que funcione.

- ¿Dónde está la clave de esto?

- Creo que la clave tiene dos patas. Una, tener una clara conciencia de cuál es el papel de los jueces: los jueces no son legisladores; jueces no están ni para apoyar ni para ir en contra de un partido político; no están para apoyar a un sector ni a otro, sino que están para resolver Los conflictos, o sea, y resolver los conflictos conforme a Derecho, sin mirar, sin tener que estar pensando en que este es amigo, que este tiene tal poder, que me puede hacer tal cosa, que me puede hacer tal otra. Esto requiere dos aspectos: uno, la tranquilidad del juez que debe sentirse independiente y que debe ser realmente independiente. Entonces, no sólo no sentirse presionado por nadie, sino también que haya la sensación de independencia. Son dos aspectos que todos los precedentes internacionales han hecho referencia. La independencia judicial necesita que nadie presione y que nadie se deje presionar, pero también el convencimiento social de que ese juez es realmente independiente.

- ¿Habla de una especie de convencimiento no solo vinculado con la forma de elegir los jueces y cómo trabajan sino también con la forma en que los ve la sociedad?

- Exactamente. A mí no me preocupa tanto el cómo se elige a los jueces. Porque yo creo que los jueces tienen que ser elegidos con algún grado de participación de la política, pero no tienen que ser políticos ellos. Son dos aspectos distintos. Algún nivel de legitimación política deben tener. Pero casualmente la duración en los mandatos de los jueces, el hecho que duren mientras dure su buena conducta, esto significa que el juez se va a ir separando de aquel poder que lo nombró, entonces va a tener menos riesgo de ser presionado porque puede estar 10 años después y el gobernador es otro, el presidente es otro. Es una cosa sabia del poder constituyente para que los jueces no tengan que sentirse agradecidos al poder que los nombró.

- Usted ha trabajado este año con la idea de ver cómo reducir la influencia de la política en el proceso de selección de jueces...

- El Consejo de la Magistratura no tiene que ser un órgano partidario. Es un órgano político, eso desde ya. Por eso la Constitución da algunas pautas de cómo tiene que ser integrado, tiene que haber equilibrios para que esa influencia de la política partidaria no se meta y por eso establece que tiene que haber representantes de los jueces, de los legisladores y de los abogados. Esa estructura busca que le presenten al Presidente una terna técnica de las tres personas más idóneas para cubrir el cargo de juez. La evaluación política no debe hacerse en el Consejo de la Magistratura sino la técnica. La evaluación política la hace el Presidente cuando decide a quién de los tres nombra.

-La Corte Suprema señaló que es incorrecta la forma en que el Frente de Todos en el Senado determinó que le correspondía el cuarto lugar en el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo ve el conflicto?

-Yo he sido parte porque soy uno de los patrocinantes de (Luis) Juez en el caso, así que me caben en alguna medida las generales de la ley. Pero hay cosas que marcar. Primero, la Corte en su decisión de diciembre (ordenó que se volviera a la ley de 1997, que establecía que el Consejo debe tener 20 miembros), que para mí debería haber sido dictada mucho antes. Es por algo que realmente que yo critico fuertemente la sentencia: el expediente estuvo en la Corte Suprema por más de cuatro años sin resolución y esto no es una buena práctica. No ordenó volver atrás sino que lo que dijo es hasta tanto, como la ley, que estaba cuestionada, se declaró inconstitucional, dijo: no podemos aplicarla, tenemos que buscar una solución alternativa y la mejor solución hasta tanto se dicte una nueva ley, es volver a ley anterior. Entonces este Consejo de 20 miembros está funcionando simplemente porque el Congreso no puede ponerse de acuerdo en cómo dictar una ley que cumpla con estándares constitucionales. Ahí tenemos el primer punto. Y lo que hubo fue una avivada y eso lo dice la Corte muy bien. Lo que pasó fue que el bloque del Frente de Todos se dividió solamente a los efectos de esto pero es tan evidente la maniobra, que además la dijeron expresamente en muchas oportunidades.

- Más allá de que se pueda cuestionar o no la política errática del Frente de Todos en cuanto a esto, este argumenta que el Senado, según el artículo 66 de la Constitución, tiene derecho a definir sus posturas. Cuestionan es que la Corte se haya inmiscuido en esto.

- El Senado tiene derecho a hacer su reglamento; como también el Congreso tiene derecho a dictar una ley, el Poder Ejecutivo tiene derecho de hacer un decreto. Es claro que el artículo 66 le da a cada cámara la capacidad de hacer su propio reglamento. Nadie discute ese aspecto. Ahora, si la Cámara, cuando dicta su reglamento, lo hace de manera inconstitucional, esto no quita el control judicial de esta decisión inválida que adopta el cuerpo; por supuesto que se va ver siempre con un criterio restrictivo, que es la misma regla que se aplica para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Acá lo mismo, en el marco de un caso concreto, donde se discute una facultad que tiene la Cámara de dictar su reglamento y le dice: Usted, cuando dictó el reglamento y cuando autorizó el funcionamiento de este doble bloque para el nombramiento de esto, lo hizo en contra de los principios de República, de la distribución del poder y demás, que le da la comisión, el Poder Judicial tiene la obligación de declarar la inconstitucionalidad.

- ¿Y este otro cuestionamiento que hace el Frente de Todos, de que la Corte esté presidiendo el Consejo de la Magistratura, cómo lo ve usted?

La Corte preside hoy el Consejo de la Magistratura porque la ley anterior así lo establecía. Ahora, si usted me pregunta si yo creo que la Corte deba presidir el Consejo, yo creo enfáticamente que sí. La reforma del 94 planteaba también que el Consejo debería continuar siendo presidido por el presidente de la Corte Suprema. Además la Constitución dice específicamente que el Consejo de Magistratura tiene que estar integrado, entre otros, por jueces de todas las instancias; y si es de todas las instancias, no hay ninguna interpretación posible que excluya a la Corte Suprema.

- El país tiene una rémora en la selección de magistrados. ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura en ese caso?

- Esto es gravísimo, es una realidad que viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y es uno de los mayores déficits del sistema. Creo que pasan muchas cosas. Primero, que el diseño del sistema de concursos está mal hecho. Porque un concurso para cubrir una vacante puede demorar dos, tres y hasta cuatro años. A esto, a la estructura ya de por sí compleja del proceso de concurso, hay que agregarle la desidia política. Es mucho más “conveniente” para el poder político de turno, del partido que sea, esto es lo mismo, utilizar el sistema de jueces subrogantes que de alguna manera terminan dependiendo de la voluntad política de ese gobierno. Si mantengo 250 vacantes, que es el 25% que hoy está vacante de jueces, entonces tengo mucha más discrecionalidad para designar, ¿no? Designo a este amigo de acá, a este amigo de allá y ahí tenemos el sistema, aumenta la corruptela y mantiene el statu quo que les permite a los ejecutivos de turno negociar políticamente.

- ¿Qué expectativas tiene de cambio?

- Creo este encuentro es muy interesante, porque por lo menos en el panel que me toca participar a mí, que es el de la Justicia de cara a los empresarios. Uno de los problemas que la comunidad empresaria tiene en Argentina, lamentablemente, es la falta de confianza en la Justicia, la falta de previsibilidad en las decisiones judiciales como un elemento a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de inversión y creo que tenemos que trabajar este aspecto. Primero tenemos que regenerar la confianza en el sistema. Es que el Poder Judicial es un bombero. Es un bombero, lo llaman para que apague incendios, que resuelva el conflicto; entonces primero tenemos que trabajar para eliminar el conflicto. Ahora, cuando tenemos el conflicto planteado, necesitamos un bombero que sea eficiente, entrenado que tenga las herramientas adecuadas y que, cuando va a usar la manguera, no esté tirando nafta sino apagando el incendio. Si logramos eso, si logramos transformar eso en una confianza en el sistema, en un sistema que, insisto, no está para darle la razón a uno ni dársela al otro, ni para cuestionar a un gobierno ni para apoyar al otro, sino que está para resolver el conflicto. Y si logramos eso, habremos dado un paso enorme.

Bio

Alfredo Maucirio Vítolo es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Fue Asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia, establecido por el presidente Raúl Alfonsín. Master of Laws de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Asesor del Ministerio de Defensa (2002-2003). Desde diciembre de 2015 es asesor legal en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Profesor Regular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la UBA. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores).