Hace falta una ley de acceso a la información pública

Es recurrente que cada vez que la Legislatura toma una decisión vinculada a las dietas de los parlamentarios, el debate de fondo no pasa tanto por cuánto es lo que cobran los representantes del pueblo -dato que no suele difundirse- sino por la necesidad de transparentar las acciones del Estado para conocer exactamente cómo se manejan los recursos públicos. Es decir, se reflota la necesidad de contar con una ley provincial de acceso a la información pública, ya que tal legislación permitiría que cualquier ciudadano pueda pedir explicaciones a los poderes del Estado sobre cómo administran los fondos públicos y, por ende, conocer cuáles son los montos precisos de los ingresos de los legisladores. En septiembre de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso sancionó la ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, norma que entró en vigencia un año después, cuando el Estado estuvo en condiciones de brindar las respuestas que la ciudadanía les hizo llegar. La iniciativa tenía como objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Específicamente dispone que toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado (el Estado) debe ser accesible para todas las personas. “El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican”, apuntó. Desde entonces, en Tucumán hubo varios proyectos de adhesión a la norma o bien aparecieron iniciativas proponiendo una ley propia de acceso a la información pública, tanto de oficialistas como de opositores. Sin embargo, ninguna prosperó, porque no llegaron al recinto o porque perdieron estado parlamentario. Este año, dos legisladores, Nadima Pecci y Federico Masso, presentaron sendas propuestas de adhesión a la ley nacional. Ambos están en comisión. Del año pasado también hay sendas propuestas de adhesión a la ley 27.275, una de José María Canelada y otra que lleva las firmas de Walter Berarducci y de Raúl Albarracín. Si se mantiene la constante parlamentaria al respecto, lo más seguro es que ninguna de estas iniciativas de los opositores pueda ver la luz y se convierta en ley. De ser así, por ejemplo, al margen de poder conocerse los manejos de los dineros públicos -a partir del simple pedido de un particular interesado por el manejo de la cosa pública-, se podría saber con precisión de cuánto es la dieta de los legisladores, cuántos contratos pueden manejar, cuáles son los haberes del personal político, quiénes son estas personas y qué función cumplen y que beneficien con su accionar el bienestar del Estado. Por lo que viene sucediendo, al parecer, hay cuestiones que prefieren mantenerse en los sótanos del poder y no permitir que se conozcan, o se revelen, quiénes y cómo perciben los recursos públicos del Estado, precisamente, los representantes del pueblo.