Ánimos caldeados en el Congreso: Pedido de expulsión y leyes en peligro

El escenario que afronta la Cámara de Diputados de la Nación no parece fácil de resolver en el corto plazo. La última sesión, que terminó cayéndose en medio de gritos y gestos por parte de referentes de los dos principales bloques políticos -Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC)-, profundizó la fractura ya expuesta entre el oficialismo y la oposición, pero además puso en suspenso la posibilidad de sancionar un paquete de leyes que el ministro de Economía, Sergio Massa, reclama al Congreso con cierta urgencia antes del fin de año. En este contexto, el FdT también impulsa el pedido de expulsión para Cristian Ritondo, una de las figuras opositoras en el recinto.

En relación a lo acontecido el último jueves, la diputada nacional por Tucumán Rossana Chahla consideró que el ámbito legislativo es el terreno natural del ejercicio democrático diario donde se presentan posturas diversas y se encuentran representados todos los argentinos y argentinas a través de partidos políticos que expresan sus voces y presentan iniciativas. “En este contexto es coherente pensar que surjan tensiones y discusiones, pero siempre desde el respeto a las instituciones democráticas y con el espíritu de representar ideas y posiciones. Es intolerable lo sucedido en el último encuentro de la Cámara porque el debate se transformó en un escenario hostil con descalificaciones personales entre pares y hacia las autoridades”, aseguró la legisladora a LA GACETA.

En esta misma línea, la dirigente oficialista dijo que como funcionarios públicos deben dar ejemplos de buena conducta y demostrar que se puede debatir con respeto. “Al venir de la medicina y de la gestión ejecutiva de un ministerio, no estoy acostumbrada a estas situaciones, estoy acostumbrada a trabajar para llevar soluciones. Teníamos una sesión que buscaba crear nuevas universidades públicas para fortalecer la educación, generando mayor accesibilidad a una educación superior de calidad y no pudimos progresar dada la situación que generó JxC, entorpeciendo la sesión con actitudes poco éticas y anti institucionales”, sostuvo Chahla y anheló que esos episodios no vuelvan a tener lugar en el cuerpo legislativo.

La ex titular de la cartera sanitaria provincial también calificó de “inédita” la conducta que adoptó la oposición al no dar quórum para la sesión preparatoria que debía definir a las autoridades de la Cámara baja. “Como señala el artículo 37 del Reglamento, continúan las mismas autoridades hasta que se realice una nueva sesión preparatoria”, puntualizó al respecto.

Sanción ejemplar

Tras la polémica que tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Diputados, un puñado de legisladores alineados en el FdT presentó un proyecto solicitando la expulsión de la Cámara del titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, por los “gestos obscenos y degradantes de violencia machista y los dichos xenófobos e insulto”. La iniciativa fue presentada por la legisladora Mara Brawer y acompañada por más de 20 compañeros de bancada, en la que apela al artículo 66 de la Constitución Nacional para argumentar su pedido.

“Expulsar, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, al diputado Ritondo, por la causal de inhibiciones moral sobreviniente, en razón de haber incurrido en actos que implican una violación a la Constitucional nacional (artículos 16.36,37 y 67, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém d Pará’, y a la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales”, solicitaron en el proyecto de Resolución. Y agregaron: “En virtud de las manifestaciones violentas y degradantes que realizó en el transcurso de la sesión especial del 1 de diciembre”.

Además, señalaron que el diputado Ritondo “despreció los principios y valores de nuestra Constitución, los valores democráticos y respetuosos que guían la relación con nuestros pueblos hermanos, la búsqueda de la igualdad entre los géneros y el respeto por los derechos políticos de las mujeres de nuestro país”.

Para argumentar el pedido de esta sanción, los impulsores de la medida detallaron que existen “sobradas pruebas para incurrir en el comportamiento ofensivo y violento del diputado”. “Por ello consideramos oportuno y prioritario que la Cámara de Diputados arbitre las instancias institucionales reglamentarias para revolver el apartamiento de este cuerpo del diputado Ritondo, para no dejar impunes este tipo de conductas que afectan gravemente el Poder Legislativo y a la democracia”, exclamaron.

El pedido contra Ritondo no sería la única sanción que podría llegar a evaluar la Cámara en los próximos días. El bloque del PRO ya adelantó que este lunes podría llegar a impulsar la expulsión de Cecilia Moreau, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna. A la presidenta de la Cámara baja la acusan de haber violado el reglamento al avanzar con una sesión que estaba caída y de negarles la palabra a los jefes de bloque opositores.

También le recriminan el haber suspendido la designación de los cuatro representantes de Diputados para el Consejo de la Magistratura, razón por la cual también sabotearon la sesión en la que iba a ser reelecta como presidenta del cuerpo.

En tanto, a Osuna la denuncian por haberle gritado “asesino” al diputado Gerardo Milman, señalado por Cristina Kirchner como presunto involucrado en el intento de magnicidio. Y sobre Tailhade plantearon que realizó declaraciones homofóbicas y promotoras de la cultura de la violación, consignó el portal Parlamentario.

Penden de un hilo

El quiebre de relaciones entre los bloques más numerosos de la Cámara no llega en un momento oportuno para el Gobierno nacional porque independientemente de haber logrado reunir los votos necesarios para la aprobación del Presupuesto 2023, el Poder Ejecutivo está necesitando de otras herramientas legislativas y hoy en día no tiene garantías de poder obtenerlas.

Así, por ejemplo, una de las iniciativas que quedó en jaque es la reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La iniciativa llegó al Congreso en junio con el fin de adaptar la legislación argentina a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que el próximo año realizará una auditoría sobre el sector público y privado argentinos para evaluar la efectividad en la prevención del lavado de dinero.’

Otro de los proyectos del oficialismo que podría quedar a mitad de camino es el que propone instrumentar un nuevo plan de pago de deudas previsionales antes de que venza la actual moratoria previsional.

De acuerdo a datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se estima que sin esta ley unos 800.000 adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a otra herramienta de la seguridad social como la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima.