Federico Moeykens: “El discurso de bajar la edad de punibilidad persigue al castigo como herramienta proselitista”

Un juez tucumano exhortó al Congreso de la Nación a modificar el decreto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que data de la dictadura ya que tiene una lógica "tutelarista y punitivista". 

El juez de Menores Federico Moeykens resolvió no aplicarle pena a un adolescente acusado de intentar robar un celular. El joven, que presentaba una situación de consumo de droga crítica al momento del hecho, había intentado robar para seguir comprando estupefacientes. 

Había sido declarado responsable, y como consecuencia de ello se le impusieron sanciones socio – educativas de las cuáles derivaron, según el análisis del caso, cambios significativos en su vida: hoy estudia, hace trabajos comunitarios en un merendero de su barrio y sostiene un tratamiento que le permitió dejar las adicciones.

El magistrado advirtió que “trabajamos con un chico que tenía problemas de consumo de sustancias, algo que sucede cada vez más. Casi el 90 % de los menores de edad que cometen delitos tienen problemas de policonsumo de sustancias. El menor asumió la responsabilidad penal y comenzó un tratamiento socioeducativo con el que por suerte pudo atender la problemática del consumo de sustancia", analizó Moeykens.

El fallo se conoce en momento en los que además está otra vez sobre el tapete la polémica sobre la edad de punibilidad de los menores, con sendos proyectos para bajarla, como el de los diputados de Juntos por el Cambio Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, quienes quieren llevarla a 15 años.

A la hora de decidir sobre el caso, Moeykens consideró que “hoy se observa en el joven un indudable ejercicio de ciudadanía responsable”. Para el magistrado, el adolescente “ha demostrado buena disposición para comenzar una vida sana y útil”. 

“Está en el último año de la escuela. A pesar de las dificultades provocadas por la pandemia, no descuidó esa responsabilidad e, incluso, desarrolló labores en organizaciones de impacto social de carácter voluntarias, ya que colaboraba en el comedor barrial realizando tareas solidarias durante su tiempo libre”, añadió. 

De este modo, concluyó que el proceso penal juvenil “ha cumplido con su objeto primordial”, esto es que “el joven implicado acrecentó su sentido de la propia dignidad y fortaleió su respeto por los derechos de los demás”.

Pero el juez fue más allá a la hora de fallar y exhortó al Congreso a modificar un decreto - ley que tiene más de 40 de años y que “nació en plena dictadura cívico militar”.

¿Por qué considera que es necesaria una reforma al actual régimen penal de la minoridad?, le preguntó LA GACETA.

- El actual régimen con el que trabajamos en todo el país en la justicia juvenil (conocida como justicia de menores) es arcaico y responde a la idea de tratar a los niños y adolescentes como objetos y no como personas que están en pleno desarrollo. Eso se conoce como “paternalismo” de Estado y tiene que ver con la idea de disponer del joven como si fuera una cosa sin darle oportunidad de ser escuchado en el proceso judicial y brindarle un verdadero derecho a participar del mismo de manera protagónica entre otra garantías propias del derecho penal como sucede hoy con cualquier persona adulta. Es decir, el modo de trabajar con las personas menores de edad previsto en la ley vigente es totalmente contradictorio a lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño que debemos hacer, y que tiene que ver con que la intervención penal sea mínima, ampliar la gama de sanciones basadas en principios educativos para que los adolescentes se responsabilicen del daño que hayan causado y reducir al máximo posible la aplicación de las penas privativas de libertad. Con el régimen vigente, la justicia tiene la posibilidad de encerrar a un menor de edad, no sólo por el hecho de haber cometido un delito, sino también por encontrarse en situación de calle, o por tener consumos problemáticos y representar un riesgo para sí mismo o para terceros. En resumen, la norma vigente confunde lo proteccional con lo penal y propone una línea de trabajo opuesta a los estándares internacionales de derechos humanos de la infancia. En el mes de mayo de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a nuestro país la adecuación del ordenamiento legal para que no violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La reforma sigue siendo una deuda de la democracia a la infancia argentina.

¿Es necesario que esa nueva ley prevea la baja de la edad de imputabilidad?

- Definitivamente no es necesario. Querer bajarla es pretender solucionar con la justicia penal un problema social. El discurso de bajar la edad de punibilidad persigue al castigo como herramienta proselitista y va dirigido al resultado y no a las causas que producen el flagelo (exclusión de derechos económicos, sociales y culturales). La delincuencia de quienes hoy no son punibles (menores de 16 años) puede ser un problema en algunos - muy pocos - lugares del país como el conurbano bonaerense, Rosario o Córdoba, pero no es un problema generalizado a nivel federal en lo absoluto. Por ende no hay razón para pensar que la necesaria reforma de la antigua ley que nos rige deba venir de la mano con la baja de la edad de punibilidad. También vale decir que no se puede bajar la edad de punibilidad sin violar derechos humanos; no es recomendable que los niños y adolescentes de los sectores más desventajosos (que son 6 de cada 10 según un reciente informe de la UCA) se crien en las cárceles aunque las llamemos institutos de menores. No es necesario ni sirve para lo que se propone. No resuelve ningún problema con ello e incluso hasta va en contra de los derechos de las propias víctimas, sin que todo ello pueda tener implicancia alguna sobre la seguridad ciudadana. No es necesario ni procedente bajar la edad. Y peor aún, es contraproducente. Por eso el mensaje de todas las instituciones que trabajamos en este tema. Hemos sido muy fuertes en la crítica al tema de la baja de edad de punibilidad pero, al margen de eso, se sigue insistiendo con esto y, siempre se vuelve a repetir como un canto de sirena a la sociedad en las puertas de un año electoral.

¿Qué debe hacerse al respecto entonces?

- Una medida mucho más eficaz sería ampliar la cobertura y garantía de derechos para la infancia en lugares puntuales, en lugar de enjaular a los niños de todo el país como resultado de un Estado abandónico, desigual y opresor. El Estado debe asegurar es el acceso a derechos; garantizar el ejercicio de los derechos que esos chicos tienen y de eso modo vamos a evitar que ingresen al sistema penal, que es la expresión más violenta que se puede dar al comportamiento humano. Cuando a un chico lo privo de libertad cada vez a más temprana edad, lo privo de la escuela, lo excluyo de su familia, de su ámbito, lo excluyo de la posibilidad de un trabajo y las únicas puertas que le abro son las del crimen organizado o la delincuencia que son los únicos que lo van a captar porque, seguro, la sociedad le va a cerrar las puertas a un adolescente que ya estuvo privado de la libertad por penas muy breves, entonces, lo voy a tener privado de libertad, donde no va a hacer nada para su reinserción y quedará totalmente estigmatizado.

¿Cómo se está trabajando en Tucumán con los adolescentes que delinquen?

- Se está trabajando muy bien y de manera articulada entre las distintas áreas del Estado. El nuevo Código Procesal Penal de Tucumán contiene reglas muy modernas y alineadas a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. También contamos con un Protocolo Penal Juvenil para coordinar las actuaciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial fruto de un arduo trabajo interinstitucional con los operadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF). Lamentablemente, eso no alcanza porque la ley que rige para toda la Argentina es la que necesita ser modificada. En la provincia a todos los niños y adolescentes sean punibles o no se les reconoce el derecho a ser oídos y participar en el proceso penal antes de ser desvinculados por su edad. A los no punibles no se les pone pena, pero sin embargo se procura que desde la autoridad proteccional se trabaje sobre su responsabilización frente a la víctima a través de lo que se conoce como Justicia Restaurativa.