¿La Nación está interesada en combatir el narcotráfico?

El juicio del crimen de Priscila Paz terminó siendo histórico en nuestra provincia. Nunca antes un tribunal había quedado tan en descubierto lo que es capaz de hacer una red de narcomenudeo en un barrio, en este caso, el Ampliación María Helena White. Esta joven trabajadora fue captada para que los participantes de una fiesta que había organizado el transa para que mantuvieran relaciones sexuales. La tuvieron cautiva durante varios días, la asesinaron y después arrojaron su cuerpo en un cañaveral para que lo encontraran lejos del lugar donde vendían droga. “Esta causa es un fiel reflejo de lo que sucede en la provincia con las organizaciones que están involucradas en estos ilícitos”, se cansó de repetir Javier Lobo Aragón, el representante legal de la familia de la joven.

Todos los que fueron imputados en esta causa tenían algo que ver con la organización delictiva. Héctor “Pocho” Ledesma era el dueño de la casa donde se cometió el crimen y dueño de la camioneta en la que trasladaron el cuerpo de la víctima. No se sentó en el banquillo de los acusados porque fue asesinado en mayo de 2020 en un supuesto enfrentamiento entre transas del barrio Alejandro Heredia, donde tenía previsto instalarse después de haber recuperado la libertad por el homicidio. Su hijo Walter Patricio Miranda, Juan José Dante Gómez, Franco Emanuel Ogas, Facundo Damián Miranda, Víctor Hugo Carabajal, que fueron acusados de haber tenido distintos tipos de participación en el crimen, eran los engranajes de esa red de microtráfico y comercialización de sustancias.

También hay tres mujeres que fueron enjuiciadas por el caso. Yessica Paola Rojas y Verónica Vanesa Argota son claros ejemplos de la nueva forma de esclavitud que existe en nuestra provincia. Ambas eran adictas y quedaron “presas” de la red de narcomenudeo. Ellas, según la acusación, fueron las responsables de vigilar a Priscila para que no se escapara del lugar donde estaba cautiva. En el juicio, ambas coincidieron en señalar que eran adictas y que limpiaban las casas de Ledesma y Miranda a cambio de la pasta base que consumían. Luciana Érika Solange Alderete quedó involucrada en la causa por haber comprado a los acusados el celular que le habían robado a la víctima y por no haber denunciado que era de la joven a la que buscaba media provincia.

Una ley

Este fue uno de los casos que movilizaron al gobernador interino Osvaldo Jaldo a impulsar la puesta en vigencia de la ley de narcomenudeo. Con casi siete años de demora, la norma se puso en marcha. El proceso no fue sencillo. Antes de hacerlo, hubo que alinear a los tres Poderes del Estado para que se comprometieran a respaldar esta lucha para conseguir mejores resultados. Los cuestionamientos y las dudas quedaron de un lado con el único fin de que se iniciara la pelea contra el microtráfico de drogas.

La norma, después de muchas idas y vueltas, entró en vigencia el 1 de diciembre. Los resultados que se consiguieron durante la primera semana son indicativos de lo que ocurriría en el futuro. En total, se abrieron 18 expedientes (más de dos por día), de los cuales seis fueron por tenencia (lo que se dijo que no se perseguiría) y 12 por comercialización. Esa tercera parte de las causas iniciadas, tarde o temprano, terminará siendo archivada porque la jurisprudencia vigente anula la persecución penal contra los adictos, es decir, las personas a las que se les encuentra sustancia para consumir.

Esa cifra dejó mucho para analizar. A saber: siete expedientes fueron abiertos luego de que la Policía encontrara drogas en allanamientos iniciados por otros delitos (robos y violencia intravecinal, entre otras), cinco por el canal de denuncia que creó el Ministerio Público Fiscal y tres por flagrancias, entre otras. El material secuestrado, según el reporte, es de 179 gramos de cocaína y casi un kilo de marihuana. También se sabe que el dinero incautado en esa primera semana fue de más de $376.000 y 16 celulares, cuyos valores superan ese monto.

De las 18 causas abiertas, sólo se abrieron nueve investigaciones por falta de pruebas para iniciar un proceso o porque eran meros consumidores. Lo llamativo es que todos los casos se dieron en el ámbito del Centro Judicial de la Capital, no se abrieron causas en Monteros ni en Concepción. Esos datos dejaron en el aire dos preguntas: ¿No se desarticuló ninguna red? No, por el momento fueron solo pequeños quioscos. “Sería vender verdura si en una semana logramos detener a toda una banda. Es necesaria una pesquisa que lleva su tiempo”, explicó una fuente del MPF. ¿En el sur de la provincia no hay narcomenudeo? No sabe, no contesta.

¿Hay ayuda?

Las provincias se hicieron cargo de la persecución del narcomenudeo por pedido del ex presidente Mauricio Macri. Solicitó la colaboración entendiendo que el fuero federal no podía atender tantas causas. A cambio, les prometió el envío de fondos para que afrontaran esa lucha. Sin embargo, hasta el día de hoy ese compromiso nunca se cumplió. Jaldo sabía que podría afrontar ese problema, pero no se imaginó que surgirían más.

El Ejecutivo firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación para que en los laboratorios de la Agencia Regional de la Policía Federal se hicieran las pruebas de la droga secuestrada. Sin embargo, a una semana de haberse puesto en vigencia la norma, los responsables de la fuerza de seguridad enviaron una nota al MPF para avisarle que no podrían realizar más análisis porque no tenían insumos. Las pericias actualmente se están haciendo en Salta, lo que genera un gasto inesperado y una importante pérdida de tiempo. Otro dato: teóricamente son las fuerzas federales las que deben luchar contra este delito, por más que la persecución penal esté a cargo de la justicia provincial. Hasta aquí sólo la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo un procedimiento para que se abriera una causa.

Días atrás, en las cercanías de Cafayate, personal de Gendarmería Nacional detuvo a tres personas que trasladaban más de 40 kilos de cocaína. En los últimos años, según los registros de nuestro diario, se incautaron más de 900 kilos de esa droga en las rutas de los Valles Calchaquíes. No quedan dudas de que los narcos eligieron esos caminos para trasladar la sustancia que luego es distribuida a las redes de narcomenudeo de toda la región. Sin embargo, no hay ningún puesto de control fijo en esas rutas, son esporádicos y un hallazgo de un cargamento de esas características es pura suerte. Ni hablar de sumar tecnología, como un escáner para analizar los autos que circulan por la zona. Por ese motivo, hay una pregunta que tiene una gran importancia: ¿a la Nación le interesa combatir el tráfico y la comercialización de droga?