Suben las acciones de los gobernadores del PJ

Fallo institucional con efectos políticos o fallo político con derivaciones institucionales. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga al Gobierno a restituir fondos a la CABA y que no será acatada por el poder central -tal como lo adelantó-, es un poco de todo eso; máxime dependiendo de la perspectiva del observador. El oficialismo salió a cuestionarlo y la oposición a defenderlo, posturas absolutamente entendibles porque la resolución judicial inevitablemente cae en la grieta política; y desde cada grupo se la ataca o se la respalda con disquisiciones políticas e institucionales. Argumentaciones políticas nunca faltan, y siempre hay bibliotecas a mano.

Sólo en un aspecto hay plena coincidencia desde el Frente de Todos y desde Juntos por el Cambio: se generó un conflicto de poderes. Lo dijo Alberto Fernández el jueves por la noche en C5N: “es un choque de poderes”, al tiempo que acusó al máximo tribunal de contradecir al Ejecutivo y al Congreso. Juntos por el Cambio lo señaló en un comunicado: “representa un conflicto institucional y de poderes”.

Claro, para cada lado ese conflicto de poderes tiene lecturas interesadas; y en ese marco lo que no se vislumbra es el final de este entredicho institucional y político entre el Ejecutivo y la Corte. O por lo menos nada bueno. Lo peor para la democracia es que cada lado pretenda arrodillar al que se considera un adversario político -o peor aún, un enemigo al que hay que eliminar-, en vez de poner un freno a la pelea agresiva que se siga alimentando las diferencias.

Que se aproxime un año electoral no va a contribuir a calmar los ánimos y apostar por la paz social, porque en la grieta lo que se explotan son, precisamente, las diferencias. Si unos hablan de golpismo y otros de sedición sólo se puede pensar en caos político, social y económico. Unos más que otros tienen responsabilidades para frenar esa posible crisis política e institucional. En suma, pensar en el país, en la convivencia y en la democracia.

La postura del Presidente de sostener que no acatará el fallo por entender que es de imposible cumplimiento provocó la reacción de constitucionalistas que salieron a sostener que es causal de juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Es posible que se impulse? Es posible; lo que es imposible es que tal iniciativa pueda avanzar en el Congreso. La Constitución nacional en su artículo 53 establece que la Cámara de Diputados puede ejercer el derecho de acusar al presidente ante el Senado (también vicepresidente, jefe de ministros y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia) por mal desempeño o por delitos en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo necesita la mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes para formalizar la causa. Esos números hoy no están. Pero si estuvieran, en la Cámara Alta las cosas se pondrían más difíciles para concretarse.

El artículo 59 de la Carta Magna nacional determina que le corresponde al Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara Baja. Señala: cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino por la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. El artículo 60 remarca que el fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación.

Sin embargo -añade- el condenado queda sujeto a la acusación, juicio y castigo ante los tribunales ordinarios. Si se observa la composición del Senado, es improbable que esto ocurra, por lo que todo lo que se pueda sostener al respecto, no tendrá más valor en lo enunciativo que en los efectos prácticos. Igualmente, al revés, si el oficialismo pretendiera avanzar contra los miembros de la Corte, tampoco tendría los números suficientes para avanzar en la Cámara Baja.

En este marco de crisis institucional, por lo bajo subyace el juego político. Al Presidente le vino de perillas que 14 mandatarios acompañen su postura, porque en medio del proceso de debilitamiento constante al que está sometido, mostrarse con tamaño respaldo es significativo para su condición de jefe de Estado y de titular del PJ nacional. Por un instante retoma la centralidad desde una posición de fuerza pero, claro, cuestionado por toda la oposición. Los jefes provinciales salieron a sostener los argumentos del Presidente diciendo que no se trata de no acatar el fallo sino que lo que plantea la Corte es de imposible cumplimiento para la Nación.

Como refiere Jaldo, no es lo mismo no acatar que no poder cumplir la resolución de la justicia. Una manera de decir que no se apartan del camino de la legalidad, sino que hay dificultades de caja para desviar dineros públicos hacia la CABA; al margen de reiterar que los gobernadores peronistas no pueden permitir que les saquen recursos que posiblemente podrían ir para obras públicas en sus territorios. Menos en un año de elecciones, cuando en las obras es que algunos dirigentes basan sus campañas electorales.

Para los peronistas, el razonamiento es políticamente elemental, un poder quiere sostener la postulación presidencial de Rodríguez Larreta, quien tampoco podía dejar pasar la ocasión para reforzar sus postulados políticos para justificar sus pretensiones. Le sacó unos cuerpos de ventaja electoral a Macri y a Patricia Bullrich. La Corte, con su fallo, lo puso como el único opositor al oficialismo, lo instaló como la víctima del Gobierno. Esta situación, en términos políticos, vale su peso en oro. Hay que capitalizarla.

Es una especie de polarización momentánea que no se puede desaprovechar. Al jefe porteño le sirvió indirectamente para instalarse a nivel nacional, por la repercusión que tuvo la recusación de Alberto Fernández a los integrantes de la Corte y por la decisión de no cumplir con la sentencia. Al revuelo político no hay que dejarlo pasar, y Larreta lo aprovechó más que sus contendientes internos de Juntos por el Cambio; y hoy por hoy resume en su persona al opositor al Gobierno nacional. ¿Lo eligieron en el Frente de Todos para polarizar en desmedro de Macri? ¿Es Rodríguez Larreta el dirigente opositor al que eligieron para presentarlo como el representante de las corporaciones que denuncia y combate el Frente de Todos? Por lo que sea, las acciones políticas de Larreta son las que crecieron.

Otras acciones que subieron en medio de este conflicto de poderes fueron las de los gobernadores peronistas, porque al suscribir el documento del Gobierno nacional cuestionando el fallo, lo que hicieron, más allá de avalar al Presidente, fue decir que el poder también lo tenemos nosotros en el Frente de Todos.

También sacaron provecho de las circunstancias difíciles por las que atraviesa la democracia para mostrar que son un polo de poder interno en el oficialismo, un espacio al que de ahora en adelante van a tener que pedirle opinión. O bien, un grupo que puede llegar a poner condiciones en el año electoral, como sugerir su candidato en la fórmula presidencial del Frente de Todos: el primero o el segundo.

Allí suben un poco las acciones de Manzur. Jaldo lo sabe; fue uno de los que acompañó la decisión presidencial. Se puede señalar que detrás de los movimientos de los peronistas se sintetiza el concepto político que llevarán adelante en 2023 desde lo electoral; la pelea del país federal, representando en los mandatarios provinciales, contra el centralismo porteño representado por Larreta y sostenido por una Corte que consideran unitaria. Es el juego detrás de bambalinas.