02 Enero 2023
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció en las últimas horas que una persona lo interceptó en la vía pública y escupió a su beba mientras le pedía la liberación de Milagro Sala.
En su cuenta de la red social Twitter, publicó: "Este es el resultado de la violencia que alimenta el kirchnerismo. Un violento pidiéndome por Milagro Sala, una delincuente condenada por la Justicia, agredió a mi hija, una bebé de un año y 4 meses".
"Basta de violencia, intolerancia y cobardía", afirmó.
Luego de la denuncia del dirigente radical, distintas figuras del arco político le expresaron su solidaridad y repudiaron lo ocurrido. “Repudiamos totalmente estos actos violentos. Nos solidarizamos con el presidente de nuestro partido @GerardoMorales, su esposa Tulia y con su hija que pasaron por esta violenta situación. ¡Basta de violencia e intolerancia!”, manifestó la Unión Cívica Radical (UCR).
“Toda mi solidaridad Gerardo! Son tan responsables los que hicieron está locura como los que avalan con su discurso la violencia de Milagro Sala. Abrazo grande”, tuiteó el diputado Hernán Lombardi.
Condena a Milagro Sala
El 15 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de la defensa y dejó firme la condena a 13 años de cárcel para la dirigente social jujeña Milagro Sala, por la causa conocida como "Pibes Villeros", donde se la acusó por asociación ilícita y defraudación al Estado.
"El recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja, resulta inadmisible", dice la resolución del máximo tribunal, firmada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el resto de los integrantes, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
En 2019 el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy condenó a Sala por esta causa al considerarla culpable de tres delitos: asociación ilícita, como jefa de una banda que desviaba fondos de la construcción de viviendas, coautora de fraude a la administración pública por $60 millones que el Estado había depositado para concretar al menos 14 obras de programas del entonces Ministerio de Planificación Federal, y extorsión en concurso real, por amenazas a cooperativistas.
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