10 claves para entender la disputa entre el Gobierno y la Corte

1- El origen

Los cruces entre la administración kirchnerista y el Poder Judicial datan de larga data. Más allá de las críticas constantes hacía distintos magistrados, en un tramo de 2022 el oficialismo impulsó la reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) . Pero, para entender el reciente conflicto tenemos que viajar hasta la última semana del año pasado cuando el máximo tribunal dictó un fallo en el que concedió una medida cautelar en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa contra la Nación por los fondos de la coparticipación. Se trata de un conflicto que tiene su origen en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), y que desde 2020 se dirime en los tribunales.

Lo que está en debate es qué cantidad de dinero debe transferir la Nación a la Ciudad tras el traspaso del área de Seguridad desde la órbita federal a la local. Aunque el fallo en cuestión no resolvió sobre la cuestión de fondo del conflicto, sí ordenó provisoriamente corregir el porcentaje en favor de la Ciudad mientras se tramita y resuelve la causa.

El Gobierno nacional contestó al día siguiente con un comunicado en el que señaló que el fallo es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, anunció que recusará a los jueces de la Corte y luego anunció que pagará el monto establecido con bonos.

2- El motivo

En 2020, el Ministerio del Interior de la Nación elaboró un informe que indicó que en el período 2016-2019 la Nación se excedió en la transferencia de recursos a la Ciudad para solventar el traspaso. “El modo en que se financió la transferencia de servicios con un incremento en el coeficiente de coparticipación de la CABA la benefició ampliamente porque excedió los mayores gastos ocasionados”, dice. El informe sostiene que, para atender los mayores gastos por la Seguridad, alcanzaba con una ampliación de 0,92 puntos del coeficiente, para llegar a un porcentaje de 2,32%.

En respuesta a la demanda presentada por la Ciudad, los letrados del Estado nacional solicitaron que se condene al Gobierno porteño a devolver lo “percibido en exceso” entre 2016 y 2019.

En diciembre de 2020, el Congreso aprobó el convenio de transferencia progresiva de las funciones de Seguridad no federales a la Ciudad. Esta ley devolvió el coeficiente a 1,4%, ya que el decreto dictado por Alberto Fernández tres meses antes había establecido que, una vez aprobada la ley de traspaso, se volvería a ese coeficiente. Además, la legislación estableció la transferencia de la Nación a la Ciudad de un monto de $ 24 mil millones anuales y con actualización trimestral, hasta tanto se acordara un monto entre ambas jurisdicciones.

3- Postura de la Corte

Para dirimir el asunto, los jueces que componen el máximo tribunal tuvieron como punto de partida la ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2020 y establecieron un coeficiente menor al que se había fijado en el gobierno de Cambiemos, pero superior al que se estableció en el decreto y la ley impulsadas en el gobierno del Frente de Todos. La Corte, además, le ordenó al Estado nacional que hasta tanto no se resuelva este expediente se abstenga de aplicar la ley sancionada en diciembre de 2020.

4- El reclamo porteño sigue

A días de la entrada en vigencia del decreto, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un recurso de amparo ante la Corte solicitando que se restablezca el coeficiente del 3,5% de coparticipación a la Ciudad y que se le reintegren a la Ciudad la totalidad de los fondos retraídos más los intereses,

Además, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta manifestó  que tanto la suba a 3,75% como el reajuste a 3,5% fueron decididos con el consentimiento del Gobierno porteño. “En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente en la coparticipación de los Estados locales”, señala el escrito.

5- Las provincias intervienen

Entendiendo que la disputa es nada más ni nada menos que por dinero, distintos mandatarios provinciales salieron a criticar el fallo y calificarlo de “injusto” porque “enriquece más” a una determinada jurisdicción y generaría un perjuicio tangible e importante para sus respectivas performances en el año electoral. En relación a esto, funcionarios del Ejecutivo Nacional advierten que la medida judicial impediría distribuir 183 millones de pesos en todo el país. Mientras los gobernadores alineados con Juntos por el Cambio se mantuvieron al margen de la disputa, otro grupo de cuatro integrantes (Omar Gutiérrez, de Neuquén; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Arabela Carreras, de Río Negro; y Gustavo Sáenz, de Salta) criticaron el fallo de la Corte, pero no se sumaron al reclamo de Nación y pidieron una distribución equitativa entre todas las provincias del dinero en disputa.

6- Año nuevo convulsionado

El presidente Fernández anunció en la mañana del 1° de enero que impulsará junto a gobernadores un “juicio político” contra al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, debido al dictado de la cautelar de la CABA.

“Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica. He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, lanzó a través de un comunicado oficial.

7- A la carga

Con un texto oficial, que se comunicó luego del encuentro que encabezó Fernández en la Casa Rosada junto a ocho mandatarios provinciales y dos vicegobernadores, el Gobierno anunció su decisión de avanzar contra el juez Rosatti. “El Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, y los gobernadores abajo firmantes decidieron impulsar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, precisó el comunicado. También solicita que “se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti” por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”. Un total de 11 gobernadores, incluido Osvaldo Jaldo, apoyaron la iniciativa presidencial.

8- Complicaciones legislativas

El proceso impulsado por el Presidente debe pasar por el Congreso y en este caso la Cámara de Diputados oficia como cámara acusatoria del magistrado. Allí, el oficialismo alcanza mínimamente la mayoría y eso puede truncar el juicio político. Incluso, Fernández sabe que no será fácil sortear los obstáculos en el Congreso.

El requerimiento de juicio a Rosatti debe ser presentado en la Cámara de Diputados y luego será analizado por la Comisión de Juicio Político, organismo encabezado por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard. La cantidad de integrantes que tiene el oficialismo en la comisión le permitirían emitir un dictamen favorable, pero la suerte de la iniciativa podría ser otra cuando arribe al recinto.

9- Paso a paso

El proceso que este trámite seguirá en la Cámara de Diputados demanda distintos plazos. Primero, el Ejecutivo Nacional debe convocar a sesiones extraordinarias y una vez que esto suceda se citará a la Comisión de trabajo para que estudie el tema. En ese ámbito se realizará el informe que prevé el artículo 9 del reglamento, donde se analiza el índice de verosimilitud de la denuncia. A partir de ahí se abre el sumario del proceso de investigación en la Comisión de Juicio Político. Una vez que ese órgano procede a hacer el sumario y concluye con la investigación en la que se aporta todo el material probatorio, se toma la declaración del denunciado, que puede comparecer o no. Además se le dan todas las posibilidades de ejercer el derecho de defensa, mostrándole todas las pruebas que se hayan reunido. Finalmente, se realiza el dictamen que avala o no la procedencia de la acusación para llevarlo al recinto, al pleno de la Cámara, donde se necesitan dos tercios de los presentes para aprobar la acusación.

10- Respaldos y deserciones

Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidieron acompañar sin miramientos el planteo del presidente Fernández sobre el titular del máximo tribunal. La confección de esta lista no escapó de las controversias porque de manera oficial se había incluido el nombre del mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y minutos después el Gobierno de la provincia mesopotámica salió a desmentir tal información.

Más allá de que haya resulta notable la no participación de los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe en este acto, la ausencia de Sergio Uñac (mandatario de San Juan) tampoco pasó inadvertida; y un legislador nacional puso el foco allí. “El gobernador de San Juan nuevamente se dio vuelta como una media”, dijo el diputado nacional José Luis Gioja en su cuenta de la red social Twitter. Y remarcó: “Pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy, no firmó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte. Todo sea por su nueva candidatura”.