08 Enero 2023
Trabajo en una escuela. ARCHIVO
En la última semana de diciembre, la Legislatura aprobó -por mayoría del oficialismo- que se prorrogue la medida que habilitaba al Poder Ejecutivo (PE) a hacer contrataciones sin licitación pública, previo cotejo de precios, para reparar los establecimientos escolares. Además, se concedió un incremento en los montos de dichas gestiones.
La emergencia se había declarado a fines de 2021, con el fin de tratar la desatención que sufrieron las escuelas durante la pandemia de coronavirus. Pero con casi la totalidad de arreglos de ese año prácticamente terminados, la medida aún resultaría necesaria, lo cual llamó la atención del sector opositor.
La Secretaría de Estado de Bienestar Educativo realizó un informe con fecha del 7 de diciembre de 2021 en el que se contempla el estado general de los 874 edificios escolares relevados. El análisis conformaba la línea base del Plan Integral de Reparaciones de Edificios Escolares 2021-2022 -que ahora se extendió a 2023- para “atender y solucionar las necesidades en materia edilicia, de infraestructura y servicios de los mismos”.
De acuerdo con la Ley 9.466, el Ejecutivo fue autorizado a realizar contrataciones directas -previo cotejo de precios- por hasta $ 20 millones en 2022. En tanto, en la sesión del 24 de noviembre se aprobó que se prorrogue por un año más dicha emergencia y, además, se contempló la actualización de montos (ahora hasta los $ 30 millones).
El detalle
El relevamiento realizado en 2021 indicaba que un 45% de los establecimientos educativos de la Provincia se encontraban en regular y mal estado. La escala se definió considerando el suministro de agua potable y el estado general de baños, de instalaciones eléctricas, de techos y cielorrasos, de paredes, de pisos, de mobiliario y de elementos de seguridad.
A partir de esto, en abril del año pasado el legislador opositor, Walter Berarducci (Partido por la Justicia Social), presentó un pedido de informe dirigido al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, para que se notifique sobre el avance de las obras y reparaciones edilicias.
La solicitud fue enviada mediante la Comisión de Educación de la Legislatura, a cargo de Graciela Gutiérrez. El 10 de mayo, Lichtmajer envió su respuesta. Según esta, el 90% de los arreglos que correspondían al porcentaje de escuelas en mal estado ya habían sido resueltos o se encontraban en proceso de solución.
Además, resaltó que de acuerdo al convenio suscrito entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación de la Nación en fecha de 20 de diciembre de 2021, se encuentra en trámite, en una primera etapa, una licitación pública para la adquisición de mobiliario escolar por un monto superior a los $ 234 millones.
MOTIVO. El Gobierno justificó la prórroga de la emergencia sobre la base de que en 2022 se dieron nuevos deterioros, fruto del uso y del vandalismo.
Es importante mencionar que, según datos de septiembre de 2022 aportados por la Dirección de Calidad Educativa, existen 2.030 localizaciones escolares distribuidas en 1.258 edificios. En ese caso, el relevamiento que se realizó en 2021 contempló el 69% del total de escuelas que hay en Tucumán.
Nuevos deterioros
El secretario de Gestión Administrativa, Esteban Medina, justificó el pedido de prórroga argumentando que el relevamiento al que se hace referencia es de octubre de 2021 y que, desde entonces, se han ido desarrollando otros problemas en las instalaciones escolares. “A lo largo de 2022, fueron surgiendo deterioros nuevos producidos por el uso, por el vandalismo y por distintos fenómenos que fueron apareciendo durante el período escolar”, detalló.
Mencionó que la herramienta será utilizada para lograr que se garanticen los espacios apropiados para el ciclo escolar. Con esta prórroga, el Ministerio proyecta atender lo que quedó pendiente de 2022 y los deterioros nuevos. “En diciembre y enero estamos armando el relevamiento anual de infraestructura (por lo que no hay detalle de las intervenciones que se harán), pero tenemos planificado llegar a todos los edificios escolares con al menos una obra de envergadura chica, mediana o grande”, señaló Medina.
El funcionario remarcó que se trata de procedimientos públicos y legales. “Todos estos procedimientos son públicos; cada contratación está hecha en el marco de la Ley 9.466, que faculta al PE a través del Ministerio de Educación a contratar obras de reparación y mantenimiento que las escuelas necesitan para funcionar”, agregó.
Asimismo, apuntó al cotejo de precios y dijo: “esto implica que tienen que existir distintos proveedores o empresas que estén invitados a participar, que oferten y que haya una elección de acuerdo a parámetros objetivos con respecto a cuál es la oferta más recomendable para adjudicar”.
Por último, Medina insistió en que la extensión de la medida y la actualización de los montos son necesarios y justificables. “El Plan Integral de Reparación de Edificios Escolares es una acción de gobierno planificada y que también involucra un esfuerzo Nacional, Provincial, de municipios y de comunas. Por lo tanto, es imposible ejecutarlo en un solo ejercicio presupuestario, necesitamos ampliar en 2023 para continuar avanzando y brindar respuesta a las distintas escuelas”, cerró.
Las dudas
El asunto generó controversias en la oposición, entre ellos, Nadima Pecci (Valores Republicanos) y Walter Berarducci. También opinó al respecto Hugo Brito, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP). (Ver aparte) Se intentó incluir en el debate a Gutiérrez, de la Comisión de Educación, pero no hubo respuesta. (Producción periodística: Bárbara Nieva)
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