El Congreso que destituyó a Castillo lo acusa de corrupción

El legislativo trató tres veces llevar a juicio al mandatario, hasta que éste lo disolvió. La caída derivó en un violento caos político

18 Febrero 2023

LIMA, Perú.- El Congreso peruano aprobó una denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, anunció después de esta decisión que la denuncia constitucional será trasladada al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron la denuncia contra el ex mandatario por los supuestos delitos de liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión, entre otros, que fueron presentados en octubre por la fiscalía.

Castillo, que asumió al poder en julio del 2021, fue destituido el 7 de diciembre, luego de intentar cerrar el Congreso y reorganizar el sistema judicial.

El mandatario cumple desde diciembre un arresto preventivo por 18 meses en un penal, dentro de una base policial de Lima, mientras la fiscalía lo investiga por rebelión, debido a su intento fallido de disolver el parlamento unicameral.

Durante el debate en el parlamento, Castillo -a través de su abogado- decidió no presentar descargos, y alegó que quería participar de forma presencial. Su abogado, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el ex mandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso aprobó las denuncias contra dos ex ministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el Gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses y que es motivo de una investigación sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la policía.

Los manifestantes piden la renuncia Dina Boluarte -que fue vicepresidenta de Castillo y asumió luego de la destitución-, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas rápidas y una asamblea para redactar una nueva Constitución.

El gobierno de Boluarte presente un desafío a las relaciones internacionales de Perú. Ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se niega a traspasar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú porque considera que en la nación andina hay un “gobierno espúreo”. Anunció que consultará a los otros socios del grupo qué hacer con ese traspaso.

El gobernante mexicano es uno de los más críticos de la destitución de Castillo, a cuya familia ofreció posteriormente asilo, lo que causó una crisis diplomática que llevó a Lima a expulsar al embajador del país norteamericano en Perú. (Reuters)

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