En casi 30 años con el cupo, nunca se cumplió la meta del 30% de bancas femeninas

La medida de discriminación positiva en favor de las candidaturas de mujeres nació sin consenso, tras un debate donde se vaticinó que podría convertirse en una formalidad. La historia frustró la expectativa de los legisladores de entonces que esperaban que el cupo fuera una medida transitoria y que “en poco tiempo” ya no hiciera falta para garantizar el acceso de las candidatas a los cargos electivos.

EN EL RECINTO. Josefina Fariña era la única mujer en la Legislatura en septiembre de 1994. LA GACETA / archivo EN EL RECINTO. Josefina Fariña era la única mujer en la Legislatura en septiembre de 1994. LA GACETA / archivo

El 8 de septiembre de 1994 las mujeres ya eran la mayoría de la población y del padrón de electores de Tucumán, y el mismo fenómeno se verificaba en otros ámbitos, como el universitario, pero, en la Legislatura sólo había una entre 39 varones. Ese día la barra se llenó de dirigentes y militantes feministas que, según el diario de sesiones y las crónicas de LA GACETA, aguardaron más de seis horas en el recinto legislativo hasta que sus representantes aprobaron la primera Ley de Cupo Femenino de la provincia. El debate con final jubiloso dejó planteados expectativas y temores. A la cabeza de las esperanzas frustradas consta que, en casi tres décadas de vigencia de la medida de discriminación positiva en favor de las candidaturas de mujeres (con sus reglamentaciones y reforma), el Poder Legislativo tucumano nunca alcanzó el umbral del 30% de legisladoras.

El cupo femenino nació sin consenso, aunque, con matices, existía unanimidad sobre el avance de las mujeres en campos antes reservados para los hombres y sobre la necesidad de que ese movimiento alcanzara a la política. La propuesta de ley de la única legisladora de aquel cuerpo, Josefina Fariña (en esa época usaba el apellido “de Ceballos”), recibió el apoyo de 22 representantes justicialistas y de otras minorías mientras que 10 parlamentarios de la línea de Fuerza Republicana (FR) votaron por un proyecto de Roberto Lix Klett que se limitaba a prohibir la segregación por razones de sexo en la conformación de las nóminas de postulantes.

La discusión registrada en aquella sesión mezcla lo universal con lo comarcal. Entre los homenajes a Eva Perón, a la escultora Lola Mora, a la dirigente peronista Teresa Felipe de Heredia, a la astronauta estadounidense Sally Ride y a la filósofa griega Aspacia de Mileto se cuelan reproches relativos a la decisión de Fariña de dejar FR, el partido por el que había sido elegida, y de sumarse a la bancada oficialista que respondía al entonces Gobierno de Ramón Bautista Ortega. En un tramo de la rencilla local, mientras la legisladora clama entre llantos que le habían puesto una bomba tras reclamar la democratización del partido fundado por el ex general y gobernador luego condenado, Antonio Domingo Bussi, el legislador Julio Mora (FR) le recuerda que ella estaba ahí gracias a los republicanos. Mora añade: “como diría el poeta, ‘tanto te quise y tan mal me pagaste’”.

“Carrera”

Presidía la sesión el entonces vicegobernador Julio Díaz Lozano cuando se introdujo el proyecto de cupo femenino, que llegaba con dos antecedentes relevantes: la reciente reforma de la Constitución Nacional, que enuncia la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos garantizada por acciones positivas (artículo 37), y la sanción en 1991 de la norma que establecía en el ámbito federal una cuota de candidatas similar a la propuesta para Tucumán. El texto de Fariña modificaba el artículo 10 de la Ley 1.279, que pasaba a disponer que, para ser oficializadas, las listas de candidatos debían tener mujeres en un mínimo del 30% de los cargos a elegir y “en proporciones con posibilidad de resultar electas”.

“Quiero hacer hincapié en la cuestión de que esta ley no es sólo de Josefina de Ceballos, sino que fue elaborada por muchas mujeres que en Tucumán están luchando por esto. Reitero: el mérito no es mío. Yo tengo el alto honor de pelear por ellas porque, si hubiese existido esta ley, estarían muchas más aquí”, dice Fariña al presentar el tema. Agrega que las mujeres trabajaban duramente, pero, cuando había que tomar las grandes decisiones acerca de la integración de las listas, quedaban relegadas. “Estoy acá representando a todas las ideologías y hemos jurado la semana pasada la Constitución nacional reformada. Yo no estaré inserta en ninguna lista con este cupo porque no puedo ser reelecta, pero no voy a ser egoísta de no abrir el camino a las mujeres que están luchando por acceder a cargos electivos”, asegura.

En el oficialismo se destacan las voces de respaldo de Sergio Díaz Ricci (hoy vocal del Tribunal de Cuentas), quien proclama que “una democracia sin participación femenina está ‘renga’”, y de Mario Leccese. Este último admite que “el cupo no es lo ideal”: “pero hay que reconocer que tenemos una sociedad machista. Nosotros podemos ser mediocres y no hacer las cosas, pero, lamentablemente, a la mujer cuando participa le exigimos la perfección y la brillantez”. Leccese manifiesta: “el 30% del cupo de mujeres debe alcanzar ‘cargos salibles’. Anhelo que, dentro de algunos años, esta ley que no es perfecta, deje de tener efecto porque la participación femenina esté plenamente incorporada a la vida política”.

El peronista Roque Tobías Álvarez (hoy sigue siendo legislador), manifiesta “satisfacción y orgullo” de que el proyecto haya salido del bloque justicialista que él preside. “Ponemos un piso, no un techo… No hay ninguna ley que vede el acceso a los cargos para las mujeres, pero lo cierto es que, si no aseguramos por lo menos un piso, lamentablemente no aparecen en las listas que son propuestas a la ciudadanía el día de los comicios”, afirma. En línea con Leccese, Álvarez expresa el anhelo de que en “un tiempo no muy lejano” no haga falta ningún cupo: “que el día de mañana, sin piso, la mujer pueda participar según sus posibilidades y de acuerdo al mérito porque la política también es una carrera”.

“Obviedad”

La principal bancada opositora rechaza la cuota por considerar que discrimina a quienes debería incluir. Lix Klett (FR) advierte que no hablará para “complacer” a las 200 mujeres que presencian la sesión, y que se pronuncian con abucheos y aplausos, porque no está en su ánimo hacer demagogia. “Voy a expresarme para las 600.000 tucumanas que silenciosamente hoy están en sus casas inmersas en los quehaceres diarios tan nobles que realizan. La propuesta sobre cupo femenino es netamente discriminatoria de la mujer al colocarla en una situación de inferioridad legal frente a los varones porque la considera imposibilitada de alcanzar por sus propios méritos la ocupación de un cargo público”, opina. Y subraya: “para este proyecto, las mujeres son seres disminuidos en su capacidad y voluntad”. Lix Klett vaticina que esta ley se transformará en una formalidad: “obligará a los partidos políticos a salir a buscar mujeres sin vocación ni interés por la cosa pública para que dejen sus ocupaciones y se lancen a buscar algo que no les interesa”.

La pretensión de Fuerza Republicana de circunscribirse a ratificar que debe haber igualdad entre hombres y mujeres al elaborar las candidaturas, pero sin establecer un porcentaje mínimo de inclusión, es tachada de “obviedad” por Díaz Ricci. “Es razonable el planteo de que no debiera haber discriminación, pero la realidad nos indica que existe alguna ‘mano negra’, alguna ‘mano mágica’, algún valor o defecto cultural, que hace que la mujer no tenga acceso directo a las candidaturas. Por eso mismo, aseguremos este piso mínimo del 30%”, invita. Antes había convocado a legislar para que haya “muchas más ‘Josefinas Fariña de Ceballos’ en el recinto”.

En el debate de hace 29 años nadie advirtió que de poco servirían los cupos en regímenes electorales que alientan la fragmentación y la dispersión de la oferta de candidatos, como hacen los lemas derogados en 2003, y los acoples o colectoras en vigor. La historia demostró que aquella circunstancia; el debilitamiento sistemático de los partidos políticos y la falta de medidas más efectivas, como la Ley de Paridad de Género que rige en el orden nacional y en otras 22 jurisdicciones provinciales, pusieron límites al anhelo de mayor igualdad en la institución que representa al pueblo de Tucumán.

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