La arquitecta urbanista Marta Casares, directora del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la UNT, reflexionó que el Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la Capital y del resto de los municipios deben ser revisados. “Es necesario hacer ajustes en el marco normativo vinculado con la regulación urbanística que rige en la ciudad. Esa es una agenda pendiente, pero no sólo en San Miguel de Tucumán, sino en todos los municipios de la provincia. Es imprescindible anclar un proyecto urbano en una estrategia de ordenamiento urbanístico superador de la mera lógica del mercado y de las actuaciones voluntaristas “, expresó.
La catedrática fue consultada por LA GACETA por los trabajos que se van a desarrollar -y las excepciones que se solicitan- en el inmueble del Registro Civil, el cual forma parte de los Bienes del Patrimonio Cultural. Aclaró que no conoce en detalle el proyecto, pero brindó una mirada sobre el desarrollo urbanístico del área central de la Capital. “Se deben superar las visiones fragmentadas”, remarcó. “En San Miguel de Tucumán, el accionar del Estado municipal se presenta tradicionalmente difuso respecto de la gestión. Si bien es cierto que se han realizado algunas intervenciones ponderables, hoy en el área central las situaciones de deterioro, congestión, saturación y contaminación atmosférica y sonora corresponden al mismo diagnóstico que planteábamos hace 20 años, cuando elaborábamos el trabajo de GEO San Miguel de Tucumán”, dijo
Desde hace casi 10 años que se plantea en el Concejo Deliberante la necesidad de modificar el CPU. La iniciativa tomó un nuevo impulso el año pasado, oficialismo y oposición coincidieron con que la normativa ha quedado vetusta y debe ser modificada.
Casares indicó que en San Miguel de Tucumán se plantea, desde el discurso, que descentralizar es una política urbana. Sin embargo, afirmó que “eso no se verifica en orientaciones y alternativas de localización para sistemas de actividades complejos como es este caso del edificio del Registro Civil”.
“Una política de nuevas centralidades debe estar acompañada por una política de suelo y movilidad, y hoy, más que nunca, con una mirada puesta en el complejo horizonte de cambio climático: la vulnerabilidad de las ciudades aumenta y desafía a soluciones que maximicen la resiliencia incorporando dispositivos de eficiencia energética y respuestas orientadas a la reducción de la huella de carbono en todas las acciones urbanas”, dijo la egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT.
Casares señalo que el modelo de gestión urbana que se ha ido implementando en la Capital ha dado como resultado un proceso de sustitución edilicia del área central que terminó con gran parte del patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad. “Empero, no se trata de convertir todo edificio o sector con valor patrimonial en museo o centro de interpretación. Eso no es razonable”, dijo.