Denuncian que desde 2019 el Pami usurpa un inmueble en Concepción

Una mujer denunció que la delegación Concepción del PAMI usurpa desde hace casi cuatro años un inmueble que le pertenece y que ya cuenta con pedido de desalojo. María Belén Curubeto aseguró que no puede recuperar su propiedad, que cuenta con un contrato de alquiler vencido, pese a las insistentes intimaciones y reclamos personales que formuló ante las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), desde donde argumentaron que todavía no encontraron otro local para trasladar las oficinas y que "no podemos irnos a la calle". 

Como último recurso, en septiembre del año pasado, según expuso la denunciante, le inició a la obra social un juicio de desalojo, que se tramita ante el Juzgado Federal  a cargo del juez Fernando Poviña. Hace dos semanas, ante el mismo magistrado, planteó una medida cautelar de restitución anticipada del edificio que –dijo- “se encuentra hasta ahora en despacho para resolver”. 

María Belén advirtió que el perjuicio moral y económico que acusa es enorme. Pues el PAMI le tendría que haber entregado su inmueble, ubicado en 9 de Julio 161, en octubre del 2019, cuando venció la vigencia del último contrato. Inmediatamente debía ser ocupado por un nuevo locador. Se trataba del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Tucumán. Curubeto afirmó que con las autoridades de este organismo estatal ya había firmado un precontrato de alquiler. 

Mientras tanto, César “Kelo” Dip, actual director de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI Tucumán, reconoció que la obra social tiene en su contra una demanda judicial de desalojo del edificio que ocupa en Concepción. El funcionario explicó que esta situación se generó “porque hemos llamado a tres licitaciones para obtener un nuevo inmueble y ninguno de los oferentes que se presentaron cumplían con los requisitos legales de posesión del espacio que nos ofrecían”. “No podemos irnos a la calle. Pero si la justicia ordena un desalojo, ya veremos que hacer”, observó Dip. 

Una largo padecer

Curubeto, según precisó, comenzó a alquilar su edificio al I.N,S.S.J.P en 2006, con la posibilidad de renovar el contrato cada tres años. “El último documento fue suscripto el primero de octubre de 2016. Luego el 27 de marzo del 2019, vía carta documento, le comunique a dicha institución pública nacional que no existía la voluntad de renovar y/o continuar con el contrato de locación y le solicité que tome todos los recaudos que sean necesarios para que la propiedad ocupada me sea entregada libre de ocupantes y en las condiciones fijadas en el contrato”, contó. 

Le aclaró que tomaba esa decisión en virtud de que ese inmueble iba a ser ocupado a partir de octubre por un nuevo locador, con el que ya había firmado un precontrato de alquiler. La locataria expuso que el 19 de junio y el 24 de septiembre de 2019, de nuevo vía carta documentos, reiteró  su voluntad de no renovar y no continuar alquilándoles el  inmueble, por lo que los intimó por segunda vez a entregarlo en forma inmediata el primero de octubre de “bajo apercibimiento de quedar automáticamente constituido en mora”.

"Posterior al vencimiento del contrato de alquiler, el PAMI continuó ocupando el edificio, haciendo caso omiso a mis reiterados reclamos, personales y vía telefónica, de entrega de mi inmueble”, relató la mujer, que agregó además: “inclusive el director de la Unidad la UGL del Pami Tucumán, César Dip, nos recibió en su oficina a mí y mi esposo en un par de oportunidades y nos manifestó que ya se encontraba en gestión el expediente para alquilar una nueva casa y que en breve me entregarían mi propiedad”. 

Molesta, la denunciante enfatizó: “esto nunca sucedió hasta ahora. Ya se van a cumplir cuatro años de ocupación ilegitima de mi inmueble, sin que tengamos respuesta alguna de la entrega. En septiembre del año pasado le iniciamos juicio de desalojo, pero hasta ahora no obtuvimos ninguna respuesta concreta”.