PAMI Concepción: acusan a "Kelo" Dip por abuso de autoridad y violación a la propiedad privada

Según la propietaria del inmueble donde funciona la obra social, este es usurpado desde hace casi cuatro años.

EN CONFLICTO. Con el contrato vencido, el Pami deberá dejar el local ubicado en 9 de Julio 161, de Concepción. EN CONFLICTO. Con el contrato vencido, el Pami deberá dejar el local ubicado en 9 de Julio 161, de Concepción. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL

La propietaria del inmueble que, según denunció, es usurpado por el PAMI en Concepción desde hace casi cuatro años, volvió a intimar públicamente a ese organismo previsional a que proceda a desalojar su propiedad. 

María Belén Curubeto, al mismo tiempo acusó a César “Kelo” Dip, actual director de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI Tucumán, de haber incurrido todo este tiempo “en abuso de autoridad y en una grave violación a la propiedad privada”. 

El funcionario, en declaraciones a LA GACETA, reconoció que la obra social tiene en su contra una demanda judicial de desalojo del edificio que ocupa en “La Perla del Sur”.  Precisó que esta situación se generó “porque hemos llamado a tres licitaciones para obtener un nuevo inmueble y ninguno de los oferentes  que se presentaron cumplían con los requisitos legales de posesión del espacio que nos ofrecían”. 

“No podemos irnos a la calle. Pero si la Justicia ordena un desalojo, ya veremos qué hacer”, observó. 

Curubeto consideró que estos argumentos esgrimidos por el funcionario “no se ajustan a la realidad y ofenden”. “En estos momentos veo vulnerados mis derechos absolutos de disponer y gozar de un inmueble que es de mi propiedad. Por eso insisto en solicitarle a Dip que en forma urgente disponga de los medios que sean necesarios y proceda a desalojar y entregarme el edificio en cuestión, libre de ocupantes”, agregó. 

La mujer apuntó que “los concursos o licitaciones  públicas que formuló el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para alquilar local fueron desechados por capricho, comodidad y abuso de poder por parte de Dip”. Sostuvo que este “se aprovecha  y resguarda en el hecho de que el PAMI se  trata de una entidad pública y que en consecuencia no podríamos desalojar en forma inmediata dado  que prima el interés público”.

 Curubeto dijo que “llama la atención que el PAMI no haya encontrado un inmueble en Concepción para desocupar el de mi propiedad ya  que las ofertas inmobiliarias en el casco urbano céntrico abundan y es muy variada y numerosa”. Agregó que de hecho “en esta última semana las delegación concepción del Subsidio de salud y del Registro Civil se trasladaron a inmuebles ubicados en el microcentro de la ciudad”, apuntó. 

La propietaria contó que la obra social de los jubilados y pensionados le tendría que haber entregado su inmueble en octubre del 2019, cuando venció la vigencia del último contrato. Este, advirtió, inmediatamente debía ser ocupado por un nuevo locador que era el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Tucumán. 

Curubeto afirmó que con las autoridades de este organismo estatal ya había firmado un precontrato de alquiler. Curubeto, según precisó, comenzó a alquilar su edificio al I.N.S.S.J.P. en 2006, con renovación del contrato cada tres años. El último documento fue suscripto el  primero de octubre de 2016.

La obra social enfrenta un juicio de desalojo que se tramita ante el Juzgado Federal a cargo del juez Fernando Poviña. Hace dos semanas, ante el mismo magistrado, Curubeto planteó una medida cautelar de restitución anticipada del edificio que –dijo- “se encuentra hasta ahora en despacho para resolver”.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios