Por Gustavo Rodríguez
17 Junio 2023
LA PRIMERA AUDIENCIA. Los cinco imputados escucharon la acusación que le formuló el fiscal Camuña. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
Los detalles del accionar de una banda de “narcopolicías” comenzarán a ser analizados en un debate oral. En esta oportunidad, la Justicia Federal comenzó a juzgar a cuatro uniformados y a un civil por un secuestro extorsivo. Los sospechosos exigían dinero o droga a un supuesto narco, según se estableció en la investigación. Este es el segundo juicio en menos de seis meses en el que hombres una fuerza de seguridad enfrentan a un tribunal por estar acusados de haber cometido algún delito en contra de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes.
En junio de 2021, tres policías y un civil fueron aprehendidos por haber tomado cautivo al conductor de un taxi. Luego de haber permanecido algunas horas dando vueltas por la ciudad, se detuvieron a metros de la Agencia Antidrogas de la Policía Federal y comenzaron a llamar a un pariente del secuestrado para exigirle una suma de dinero o drogas para luego liberarlo. Pero el plan fracasó porque fueron detenidos por la Policía.
El fiscal Pablo Camuña, que estuvo al frente de la investigación, logró establecer que Gonzalo Lagoria, efectivo de la PFA con funciones en la división de alcaidía de los tribunales federales de Tucumán, fue el organizador del hecho. Señaló que coordinó el secuestro con Néstor Medina que, como integrante de la División Antidrogas, le proporcionaba informes sobre potenciales víctimas. También entendió que los efectivos de la fuerza provincial Jonathan Díaz y Ángel Ponce fueron llamados para sumarse al hecho.
El quinto acusado es Ángel Medina, hermano del “entregador”, el único civil. “El era un mero informante y sólo brindó colaboración con los otros imputados porque pensaba que era una medida legal y que ese tipo de situación era normal”, aseguró su defensor Patricio Char.
Días atrás se abrió el debate con la lectura de la imputación de los acusados. “Continuará en los próximos días. Estamos ante un caso que es sumamente grave y podría tener impensadas derivaciones”, comentó Víctor Padilla, representante legal de la víctima cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales.
Vínculos
El 19 de febrero de 2022, cuatro efectivos, con uniformes de la Policía, ingresaron en el domicilio de Jorge Alejandro Nasif, un supuesto transa de Famaillá, para supuestamente robarle. Por el hecho fueron detenidos Bruno Ciolfo, Martín Romano y Gustavo Fernández.
En marzo se desarrolló el juicio en contra de los uniformados. En ese debate se conocieron algunos detalles sobre cómo operaba este grupo que tenía vínculos con los que están acusados de secuestro extorsivo. “Me habló Ciolfo para preguntarme si quería participar en el ataque a Nasif, el transa de Famaillá, para sacarle droga o dinero. Acepté el ofrecimiento y después me arrepentí. Fui su compañero en la Escuela Técnica de Lules y conozco lo que él hace”, declaró Fernández.
“A mí me habló Fernández para decirme que Nasif, un transa conocido de Famaillá tenía droga y que hiciéramos un allanamiento sin autorización judicial para secuestrarla”, dijo Ciolfo. “No puedo ayudar más para que se resuelva este caso porque estoy amenazado”, añadió.
Se esperaba que en estas audiencias los imputados aportaran más datos, pero no fue así. Los policías fueron condenados por el robo únicamente.
Este caso fue clave para que se abriera otra investigación. Al difundirse las imágenes del caso de Famaillá, un joven reconoció a uno de los acusados como uno de los policías que lo había secuestrado en su finca de Santa Rosa de Leales. El fiscal federal Agustín Chit inició una investigación que dio sus frutos.
Desarticuló una organización integradas por efectivos en actividad y retirados que se dedicaba a cometer secuestros extorsivos o robos de efectivo o de droga en contra de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes,
El juicio en contra de los efectivos que continuará desarrollándose en los tribunales federales es inédito por el delito del que están acusados. “La causa es sólida y con seguridad terminará en una condena”, aseguró el querellante Padilla.
Si es así, esta será la segunda vez que un integrante de una fuerza de seguridad es condenado por este tipo de ilícito. El primer antecedente fue de la “narcopolicía” María Alicia Herrera, que recibió una pena de cinco años. La mujer, que trabajaba en la Dirección General de Drogas Peligrosas les informaba a los miembros del clan “Los Garra” cada vez que los estaban por allanar.
Los casos sin resolver
1- Personal de la ex Brigada Norte fue acusado en 2013 de haber privado de su libertad a un supuesto ganadero chaqueño. Habría sido un narco.
2- En 2018, el fiscal Diego López Ávila desarticuló una banda formada por policías que secuestraba y asaltaba a presuntos narcos.
3- En septiembre del año pasado, un policía tucumano fue detenido en Salta cuando trasladaba 46 kilos de cocaína. Trabajaba en la zona de Villa 9 de Julio.
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