La cantidad de reos cuadruplica la capacidad de las comisarías

Las fugas de dos comisarías de la capital y una llamativa falsa alarma detectada en el penal de Villa Urquiza volvieron a dejar al descubierto la crisis carcelaria de la provincia. El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, confirmó que hay 1.800 detenidos en dependencias policiales, cuando tienen capacidad para alrededor de 400. El Servicio Penitenciario tampoco tiene lugar: hay más de 1.500 reos alojados, cuando pueden recibir 900. La situación se torna más preocupante aún si se tiene en cuenta que en la provincia se condenó con penas de cumplimiento efectivo a 650 personas en el primer semestre y ese número se ampliará hasta fin de año.

El lunes a la mañana, los efectivos de la comisaría del Manantial descubrieron que cuatro detenidos se habían escapado. Por la tarde, lograron capturar a dos y todavía siguen buscando a los otros dos. Por la tarde, otros seis detenidos huyeron de la seccional 3ª, los cuales dos fueron capturados rápidamente. Casi en el mismo horario, una persona llamó al servicio 911 para denunciar que seis detenidos estaban limando los barrotes de un pabellón para escaparse. Inmediatamente se activaron los protocolos, pero se confirmó luego que había sido una falsa denuncia. “Estimamos que podría haber sido una maniobra para desviar la atención de los policías que buscaban a los otros evadidos”, explicó una fuente.

Las evasiones de las comisarías tuvieron un denominador común. Al menos siete de los fugados ya habían sido condenados, cuando una acordada de la Corte Suprema de Justicia de 2016 ordenó que todas las personas que hayan sido penadas deben ser alojadas en el penal de Villa Urquiza. Dos de ellos eran oriundos de Monteros que terminaron en los calabozos de la capital porque no había lugar en la jurisdicción donde viven. Esa situación genera conflictos, ya que los detenidos tienen problemas para recibir visitas que, muchas veces, son los que les llevan a diario los alimentos. “Esta situación nos genera problemas porque los tipos se ponen irritables. Es lógico, no pueden dormir, no tienen dónde hacer sus necesidades y además comen salteado”, explicó un uniformado que cumple las funciones de carcelero. Los familiares de los detenidos también plantearon la difícil situación que están viviendo. (Ver nota aparte)

La crisis carcelaria estalló en 2015, cuando los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus a favor de los detenidos, los policías y los vecinos de las comisarías porque había más de 500 personas alojadas en sus calabozos. La Corte Suprema de Justicia ordenó entonces al PE que realizara obras para solucionar el problema. Cuando Regino Amado era ministro de Seguridad, se inauguró un pabellón en Villa Urquiza con capacidad para 200 personas. Con el correr de los años, el máximo tribunal dispuso que los condenados y procesados por causas penales sólo podían ser alojados en la cárcel. Por último, le quitó el control del cumplimiento de la medida a los fiscales y a partir de entonces poco se hizo.

Más estadísticas

El avance de la implementación del nuevo Código Procesal Penal agrava el problema de la falta de lugar para los detenidos. En el informe estadístico de la Corte Suprema de Justicia de la provincia se da cuenta de que entre el 1 de febrero y el 30 de junio (enero es mes de feria) se dictaron 660 condenas de cumplimiento efectivo, es decir, unas 120 por mes. Los operadores judiciales sostienen que este número será mayor en el segundo semestre, ya que al cerrar el año calendario se cierran más expedientes.

Otro dato que no es menor. En los cinco primeros meses, la Justicia dictó más de 1.000 prisiones preventivas y prorrogó 1.140 medidas cautelares en el mismo lapso de tiempo. En otras palabras, ordenaron que por lo menos 2.100 personas permanezcan privadas de su libertad.

El importante número de reos obligó a los funcionarios policiales a ingeniárselas para poder alojar a los detenidos. Por ejemplo, la ex Brigada de Investigaciones, ubicada en Barrio Norte, hace dos años tenía dos unidades, hoy cuenta con cinco. La Unidad Regional Norte tuvo que habilitar un centro de detención en El Tala, al límite de la provincia con Salta. En la Jefatura de Policía se habilitó un arresto con capacidad para 70 personas (para procesados por violencia de género) y se está construyendo otro lugar que tendrá capacidad para unas 60 más. “Desde hace varios meses elegimos a los reos más tranquilos y los ubicamos en las oficinas porque no entran en los calabozos”, explicó.

Demoras

Tampoco aparecen a corto plazo buenas noticias para solucionar este problema. Cuando Osvaldo Jaldo estuvo al frente del Poder Ejecutivo se encararon varios proyectos para acabar con esta crisis, pero al reasumir Juan Manzur como gobernador todo se demoró. La obra del penal de Benjamín Paz (que tendrá una capacidad para 1.200 internos) se retrasó por una demora en el pago a la empresa que la está construyendo y su inauguración, prevista para octubre, se postergó para marzo, si no ocurren inconvenientes de último momento.

De las cuatro alcaldías que estaban previstas construir, sólo dos siguen en proyecto: la de Las Talitas y la de Delfín Gallo. Quedaron descartadas la de Banda del Río Salí por falta de financiamiento y la de Río Seco porque los habitantes de esa localidad se opusieron a su construcción. “Estimamos que dentro de unas semanas comenzarán las obras de esos dos centros de detención. También estará lista la remodelación de uno de los pabellones del penal de Villa Urquiza”, confirmó el secretario de Obras Públicas, Marcelo Caponio. “En 100 años no se hicieron obras en el sistema carcelario y es muy difícil que en un año se solucione todo”, añadió.

En total, según las estimaciones de las autoridades, con estas obras podrán trasladarse unos 1.650 presos que actualmente están detenidos en las comisarías. Pero ese traslado se terminaría de efectuar a finales de 2025. La alcaldía de Las Talitas, después del penal de Benjamín Paz, sería inaugurada entre 12 y 18 meses después de que empiece su construcción.

“La situación es crítica y debería buscarse otras alternativas porque no se puede dar una respuesta inmediata”, aseguró el intendente de Las Talitas, Carlos Najar. “Creo que la solución pasa por elegir en municipios de cabecera edificios donde se pueda alojar a los detenidos de manera transitoria con simples refacciones”, finalizó el funcionario.

Los números del problema:

- 1.800 personas están detenidas en las comisarías de toda la provincia. Tienen capacidad para alrededor de 400.

- 1.250 reos están alojados en las tres cárceles de la provincia. Están habilitadas para recibir a 900.

- 3.050 es la cantidad de detenidos que hay en toda la provincia cuando puede albergar a unas 1.300.

- 1.600 nuevos cupos tendrá la provincia cuando termine de construir el nuevo penal y las dos alcaldías.

- 650 condenas efectivas dictó la Justicia en entre el 1 de febrero y el 30 de junio. Se estima que para fines de ese año sean más de 800 las penas que se dictarán.

- 1.041 prisiones preventivas se decretaron en los primeros seis meses del año. Se prorrogaron más de 1.100.