Todos o ninguno. Esa sería la consigna central que se levantaría desde el conjunto de sectores de la cultura ante las reformas remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para poder sancionar, con cambios, la ley ómnibus que está en tratamiento. El impulso oficialista busca que haya dictamen favorable de la comisión de la Cámara de Diputados hoy, para llegar al recinto el jueves; en el medio, mañana se realizará la marcha convocada por la CGT con focos en plazas de todo el país.

La columna de la Asamblea Multisectorial que reúne a artistas tucumanos de distintas expresiones se concentrará en las escalinatas del Teatro San Martín a las 10 para unir las plazas Urquiza e Independencia con identidad propia. Habrá música, performances y manifestaciones plásticas y teatrales durante la marcha y en los puntos de inicio y final, insistiendo en la necesidad de que se rechacen en bloque todos los puntos que afectan al capítulo cultural, más allá de los retoques negociados entre el Gobierno y los diputados dialoguistas.

Ayer ingresó el nuevo texto que pretende Javier Milei y sus ministros, y el principal impacto seguirá castigando fuertemente a los teatristas, ya que se mantiene la supresión del Instituto Nacional de Teatro (INT), encargado (y responsable desde su puesta en marcha a fines de la década del 90) del impulso de la actividad independiente en el país. En cambio, se suavizaron las disposiciones propuestas respecto a los institutos de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa -ver “Nuevas...”) y de la Música (Inamu) y se garantizó la continuidad del Fondo Nacional de las Artes, cuya eliminación se postulaba originalmente. Además hubo reformulaciones en lo referido a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), pero no a la idea de eliminar el precio único a los libros fijado por las editoriales, como pretendía el colectivo de pequeñas y medianas librerías, escritores y editores (vigente en la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nº 25.542, cuya derogación se mantiene).

Esta movida fue interpretada como un intento de quebrar la firme negativa del colectivo artístico a la megaley, concediendo algunos cambios pero manteniendo otros, entre los cuales el más cuestionado es la caída del INT. De allí que el objetivo de la Multisectorial (articulado con grupos similares en todo el país) es que se mantenga la unidad interna y evitar que los sectores que hayan logrado mejoras en el texto actualizado se desmovilicen. En ese sentido, los contactos están firmes y todos seguirían con el compromiso de continuar activos en contra de la iniciativa en términos generales, no particulares.

Como línea general, en el nuevo articulado se remarca que en ninguno de los entes oficiales los gastos administrativos, generales, de funcionamiento y burocráticos podrán superar el 20% de los recursos totales disponibles.

Eliminado

Sobre el INT, el retocado escrito oficial indica: “Sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo que lo reemplace en el futuro. El PEN procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación (de la ley de creación del INT), que en 2024 no podrán ser inferiores a los asignados a tal fin en el presupuesto del 2023”. Sin embargo, esto implica la pérdida de la autarquía y la autonomía; además, nada se establece sobre el mecanismo de funcionamiento, la distribución de esos fondos, los planes y proyectos ni el destino de la delegaciones que tiene en todas las provincias, entre otros aspectos.

El personal estable del INT ronda los 140 empleados, cuyo destino sigue siendo incierto según alertan puertas adentro de la entidad. Por aparte, están las figuras de los representantes en cada provincia, los del Quehacer Teatral y los jurados de las convocatorias, todos cargos elegidos que fueron ocupados por concurso, que desaparecerían. Para conducir su estructura había sido llamado Mariano Stolkiner, pero su asunción quedó en suspenso con la iniciativa de supresión y además por su pronunciamiento público en defensa del instituto y sus tareas. Actualmente, el cargo mayor en funciones es la secretaria general Laura Vinaya, de Río Negro, pero en los hechos no está operativo por la indefinición sobre su futuro.

A diferencia del INT, se mantiene el Fondo Nacional de las Artes cuya eliminación se había postulado originalmente. “El problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura. En la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos”, se expresa en los fundamentos de las reformas presentadas.

El FNA cuenta con unos 90 empleados en planta, a los que se suman unos 30 funcionarios más incluyendo los miembros del directorio. El año pasado dispuso unos $1.500 millones para sus labores y está acéfalo luego de la renuncia de Diana Saiegh en diciembre y la no asunción de Javier Torre, cuyo nombre había sido confirmado desde la Secretaría de Cultura. Sólo se están atendiendo las erogaciones corrientes, con la firma de la gerente de operaciones, Mónica Neffke.

El directorio pasará a estar integrado por un presidente (será el único cargo rentado) y cuatro vocales, que “serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo que en un futuro la reemplace entre personas de probada actuación en las diversas actividades artísticas a las que el Fondo presta apoyo económico. Durarán cuatro años en sus funciones, renovándose por mitades cada dos años. Deberán ser argentinos”.

El Gobierno anticipó en su mensaje que “respecto del Inamu y de la Conabip simplemente se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura”. El Inamu es conducido por Buco Cantlón secundado por Charo Bogarín, con mandatos hasta 2025.