Mientras el Gobierno exhibe estadísticas que dan cuenta de una diferente situación en la seguridad de la provincia -descenso en cifras de homicidios, aumento en las de robos- se advierte con inquietud que se reiteran los casos de agentes de la fuerza de seguridad involucrados en incidentes de violencia, incluso homicidios. Al respecto, según se informó, en una reciente reunión con los jefes de la Policía, el Gobernador les pidió que ejerzan más control sobre el personal.
En el último mes dos policías fueron imputados por haber cometido homicidios cuando estaban de franco. Uno es Juan Alberto Salinas, acusado de haber asesinado de dos disparos por la espalda a Juan Pablo Ovejero en el barrio Independencia con su arma reglamentaria. Va a ser expulsado de la fuerza; habría tenido causas abiertas desde antes de incorporarse a la Policía. Otro es el oficial principal Jesús Ibáñez, procesado por la muerte de su compañero, Jorge Omar Salazar, a quien baleó en el estómago durante un beberaje en la comisaría de Simoca. En la audiencia, el juez Mario Velázquez llamó a la reflexión a las autoridades y solicitó que se extremen los cuidados para evitar que el personal policial consuma alcohol mientras esté de servicio. “Por otro lado, no puedo dejar de destacar cómo un empleado policial, en pleno año 2024, presta funciones sin uniforme, con una pistola metida en la cintura de un pantalón, sin pistolera, sin seguro en el arma; tal como si fuera el salvaje oeste que vemos en los westerns clásicos”, indicó. Hubo otros casos recientes: tres policías -dos hombres y una mujer- fueron apartados de la fuerza luego de que en marzo, vestidos de civil, pero jactándose de su condición de policías, protagonizaran un incidente con inspectores municipales de San Miguel de Tucumán, quienes pretendían realizar un control de alcoholemia en la esquina de Suipacha y avenida Sarmiento.
Otros tres policías fueron procesados por secuestro extorsivo en febrero. Los denunciaron por haber raptado a un joven en San Cayetano y haberlo detenido en la Jefatura de Zona 3 de la Unidad Regional Capital. Se cree que habría más personas involucradas en esta causa.
Por otra parte, una fuente dijo que más de 400 agentes estarían con problemas legales y que siguen prestando servicios. En numerosas ocasiones se ha hablado de la creación de una oficina de Asuntos Internos, como la planteada en 2017 por el ex presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur. En febrero un legislador presentó dos proyectos para crear una Secretaría de Asuntos Internos y una Defensoría General para la Policía.
Como sea, los funcionarios por lo general han considerado que se trata de casos aislados y por ello cuando hay inquietudes afirman que el control del ingreso de los nuevos hombres a la fuerza va a ser exhaustivo y que no se tolerarán errores. Pero los casos se reiteran. Convendría analizar la situación y ver si no corresponde realizar una ingeniería exhaustiva en el sistema se seguridad, para evitar la constante aparición de “manzanas podridas”.