Hace pocos días el Gobierno anunció que se pusieron a disposición de la Justicia 300 pulseras electrónicas para aplicar en causas de violencia de género. Al mismo tiempo se puso en funcionamiento un centro de monitoreo unificado de dispositivos duales administrados por el 911 y la Dirección de Patronato. Con ello se hace frente a un problema con varias aristas. Por un lado, el crecimiento exponencial de denuncias; por otra parte, las custodias implican que una gran parte del personal policial -unos 1.500 agentes por día- debe estar destinado a cuidar a víctimas de agresiones, por lo que al anuncio de la puesta en funcionamiento de estas pulseras y del sistema de monitoreo -por unos U$S 6,3 millones- implica que se puede reorganizar la tarea de custodia de unos 900 empleados de seguridad, una cifra importante. Esto tendría un alivio cuando se habilite a fin de año la primera parte de la cárcel de Benjamín Paz. “Estos 300 presos usarán la pulsera electrónica hasta que a fin de año sean trasladados a los pabellones del nuevo penal”, dijo el jefe de Policía.

Se trata de una medida de importancia, puesto que, según confiaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a fines del año pasado, por día se firman hasta 27 medidas de protección y en el 50% de los casos se quiebran las restricciones. Las mismas comisarías y la penitenciaría están atiborradas de detenidos por estas causas. La tragedia de una docente asesinada a balazos por su ex pareja en marzo pasado es característico en este sentido: la mujer sufría acoso y amenazas, había denunciado el caso en la Justicia, había conseguido una medida de prohibición de acercamiento y sin embargo nada de eso garantizó el freno a las agresiones. El titular de la Corte Suprema, en ocasión de la presentación de las pulseras electrónicas, dijo que “en lo que va del año, sin computar las causas del fuero penal, ingresaron al poder judicial alrededor 24.000 procesos o juicios y la mitad son del fuero de Familia. De ahí, la mitad son de violencia, o sea una cuarta parte de las causas ingresadas están relacionadas con este tipo de delito”.

Es prematuro hablar sobre la situación en general al respecto. “El tema de los femicidios es un trabajo conjunto que tenemos que abordar con la sociedad, estamos apuntando a ese trabajo, concientizando”, explicó a comienzo de año el jefe de Policía. La emergencia en violencia de género -prorrogada en diciembre en la Legislatura- se mantiene, si bien se registró sólo un caso de violencia homicida -el de la docente- mientras que en 2023 hubo 12 femicidios en la provincia.

Se debería estudiar lo que sucede y comparar las denuncias para saber si las medidas que se están tomando realmente van a resultar efectivas, sobre todo en estos tiempos en que a nivel nacional se están desactivando las oficinas que entienden en esta problemática. Referentes en esta materia han advertido en numerosas oportunidades que el problema es social y cultural y que debe ponerse más énfasis en la capacitación. Como dijo una abogada, “las políticas de Estado tienen que apuntar a prevenir y promover el cuidado de las víctimas”.