En el narcotráfico uno más uno es dos. Todo está vinculado, nada librado al azar. Mientras en los despachos de las oficinas de la Nación se demora en expedir la renovación de la licencias del Reprocann, en las rutas del NOA se registró un incrementó de la cantidad de secuestro de marihuana, según los datos oficiales.

En el primer semestre de 2023, sólo Gendarmería Nacional incautó 216 kilos de cannabis en toda la región. En tanto que en los primeros seis meses de este año, la misma fuerza decomisó 365 kilos.

“Se está observando una demora mucho más de la habitual en las renovaciones. Por las modificaciones en la administración pública nacional surge esta situación”, aseguró Agustina Recalde, defensora del joven que fue sobreseído de una causa en la que lo acusaron de tenencia de estupefacientes por tener la licencia vencida. “Actualmente hay pacientes que pidieron su renovación en enero o febrero y a la fecha siguen sin renovarse. Esta demora afecta a los que buscan un paliativo medicinal en el cannabis”, dijo.

“Este sistema puede en cierto punto empujar a los cultivadores a la ilegalidad y a recurrir a otros medios para conseguir el cannabis”, explicó Recalde. “Recordemos siempre que aquí hablamos de personas que padecen alguna enfermedad y que recurren al cannabis como una forma de paliar los síntomas. Entonces es claro que siempre van a querer preservar su derecho a la salud por sobre todas las cosas”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

“La persecución a los cultivadores autorizados de cannabis genera un efecto negativo en el mercado. Al erradicar las plantaciones legales, se reduce la oferta y se crea un vacío que es llenado por el tráfico ilegal”, sostuvo el abogado y magíster en política criminal Patricio Char.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia reconoció que están ante un problema. “Lo primero que debemos aclarar es que es una complicación la demora en la renovación de las licencias, un trámite que sólo se puede realizar de manera nacional”, explicó.

“No podemos frenar las investigaciones. Si recibimos una denuncia, nuestra obligación es constatar su veracidad. Los inscriptos deben entendernos y estar tranquilos, porque si cuentan con la autorización, no deberían tener problemas”, comentó el funcionario. “Además, no somos los que definimos si se deben secuestrar las plantas. Es una resolución que toman las autoridades judiciales”, destacó.

Los cultivadores señalaron que el principal problema es que en la mayoría de las veces les arrancan las plantas y se las devuelven cuando presentan la documentación ante los funcionarios judiciales. Dijeron que con esas medidas matan los ejemplares.

Origen y algo más

Fuerzas de seguridad consultadas por LA GACETA coincidieron en señalar que la marihuana secuestrada tiene sus características especiales. En la mayoría de los casos se trata de flores, que tiene hasta 10 veces más de THC que el “prensado” que ingresa de manera ilegal desde Paraguay. J.C.M, cultivador de cannabis explicó que los productores utilizan únicamente las flores para tratar sus dolencias.

Un fallo favorece a los cultivadores de cannabis

Los especialistas también tienen sospechas sobre el origen de esa sustancia. Ingresa por Bolivia, la trasladan hasta distintas localidades salteñas y de allí trasladadas a distintos puntos del país, entre ellos Tucumán por vía terrestre principalmente.

Los investigadores sostienen además que el origen es de cepas colombianas y ecuatorianas, aunque no pueden determinar si las plantan en esos países o si cultivan en tierra boliviana. La única certeza es que el valor del kilo de la sustancia, en zona de frontera, oscila entre los U$S1.500 y los U$S2.500, según la época. El “prensado” paraguayo cuesta hasta tres veces menos.