Dos motines encendieron alertas en Tucumán: "Parecía Ucrania por las llamas y los tiros"

“Parecía Ucrania por las llamas que se veían y por los tiros que se escuchaban”, aseguró Juan José Herrera, vecino de la seccional 10° donde el martes por la noche se desató el motín de presos más importante de los registrados. Esta es la consecuencia directa de la crisis carcelaria que afecta a la provincia y que podría tener un alivio en los próximos meses, pero la solución está lejos de aparecer. “Estamos haciendo todo lo que podemos; pero no vamos a bajar los brazos, seguiremos deteniendo a todos los que cometen delitos”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girvau.

Villa 9 de Julio vivió una noche de tensión por lo que sucedió en esa dependencia policial, una de las más nuevas del ámbito de la Unidad Regional Capital. En mayo de 2021 fue reinaugurada después de haber sido derribada y reconstruida. Hoy, sus instalaciones sufrieron severos daños por el motín pasadas las 23.

Fuentes policiales confirmaron que el incidente se registró en el arresto mayor, donde comparten lugar de encierro 84 de los 107 detenidos que tenía la seccional. También informaron que los incidentes se registraron porque los detenidos se quejaron por las condiciones en las que se encuentran, la falta de comida (los condenados deben ser alimentados por el Servicio Penitenciario y los procesados reciben las viandas que les llevan sus familias), las requisas y el escaso horario de las visitas.

“Comenzaron con una quema de colchones que obligó al personal a sacarlos del lugar. Algunos intentaron escapar pero fueron rápidamente controlados por los grupos de apoyo que se presentaron en el lugar”, explicó Girvau. “Después de que se controlara la atención y que el personal médico atendiera a los que necesitaban, todos los detenidos fueron reubicados”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Mientras se intentaba solucionar ese conflicto, en la seccional 7° hubo otro intento de motín, pero fue mucho menos violento. Algo similar ocurrió el domingo en los arrestos de la ex Brigada de Investigaciones. Fuentes policiales confirmaron que este tipo de incidentes se registran casi a diario.

Problemas

Los familiares de los presos fueron presentándose a cuentagotas para saber de la suerte de sus parientes. “Cómo no quieren que protesten si los tienen como animales. Están todos con sarna porque viven amontonados y no tienen ventilación. Mi hijo está pagando por lo que hizo. Cayó en las drogas y no hubo manera de salvarlo. Me cansé de pasillear para que lo internaran, pero nunca conseguí nada. Tengo otro hijo que andaba en la misma, pero por lo menos ahora está en tratamiento”, contó María Laura Herrera.

Motín: un grupo de 84 detenidos prendió fuego en las celdas de una comisaría de Tucumán

Yennifer Brito se enteró de la revuelta cuando estaba por darle abrigo a su pareja. “Los chicos están muy mal. Él me venía diciendo que el clima era muy malo. Que preferían morir quemados antes de tener que soportar vivir así. Tiene la suerte que le puedo traer comida, porque hay muchos que pasan días sin alimentarse y sin abrigo. Me gustaría que los de derechos humanos hicieran algo para cambiar todo esto”, señaló. “Como será que lo único que quieren es que los lleven al penal porque ahí estarán mejor”, añadió.

Estadísticas

Días atrás, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) presentó un ranking nacional sobre la situación de los detenidos en las comisarías del país. Confeccionó esa lista elaborando una tasa de presos alojados en cárceles con los de las dependencias policiales. Eso sí, aclararon que las estadísticas la hicieron con los datos reportados hasta el 31 de diciembre y reconocieron que algunas jurisdicciones aportaron números parciales.

Tucumán ocupa el segundo lugar de ese ranking con el 52%, que es liderado por La Pampa (61%). El tercer puesto es para Santiago del Estero (50%). Los especialistas, ante una crisis carcelaria generalizada en todo el país, también enviaron un claro mensaje a los jueces. 

Girvau le informó a LA GACETA que en los próximos días se inaugurará un espacio en el penal de Villa Urquiza en el que podrán recibir a unos 260 detenidos. El titular de la fuerza también cuenta con los 600 cupos que se abrirán en el penal de Benjamín Paz y otros 300 que aportarán las alcaldías de Las Talitas y de Delfín Gallo. “Será un paliativo importante para esta crisis”, aseguró. Actualmente, en las dependencias policiales de toda la provincia están alojadas unas 2.200 personas, según confiaron fuentes de la fuerza.

Algunos especialistas sostienen que el panorama se irá complicando con el correr de los meses. La implementación del código procesal penal, tal como se esperaba, generó un aceleramiento de los tiempos de la Justicia que derivó en una mayor cantidad de personas privadas de la libertad.

Sus dichos se respaldan en las estadísticas que dio a conocer la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En el primer semestre de 2024, se dictaron 955 prisiones preventivas y se renovaron 1.298. A esas 2.253 personas privadas de la libertad, se les debe sumar las 636 condenas efectivas que se dictaron desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de este año. En total, son 2.889 personas que ocupan o ocuparon algún lugar en el sistema carcelario.

“La crisis carcelaria es un problema, pero insisto, no podemos dejar de cumplir con nuestra misión que es perseguir el delito en toda la provincia. Las obras que se encararon ayudarán a aliviar la situación”, finalizó Girvau.

Mensaje para jueces: piden que no dicten más preventivas

En el informe que elaboró los responsables del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) insta a los jueces a responsabilizarse de sus fallos con el fin de que reduzcan el uso de las prisiones preventivas en un contexto de colapso carcelario a nivel nacional. “Cada una de esas personas está allí porque un juez lo permite, desentendiéndose totalmente de las condiciones de encierro que la persona sufrirá esperando su juicio y, muchas veces, cumpliendo la condena. Esta situación es una clara violación de la Constitución Nacional, y un incumplimiento de estándares internacionales y sentencias de nuestra Corte Suprema. Es momento de exigir la responsabilidad de cada juez”, sostiene el escrito que fue firmado por  Guillermo Nicora, director del programa de Cárceles y Medidas Alternativas. “Hasta el 31 de diciembre de 2023, más de 13.000 personas privadas de su libertad se encontraban alojadas en comisarías en condiciones de vida inhumanas”, sostuvo el profesional.