La violencia ejercida contra los jubilados por parte de la Policía Federal, en las marchas del 28 de agosto y el pasado miércoles no se deben pasar por alto. Ante estos acontecimientos, alguien tendrá que hacerse cargo de lo sucedido. El Congreso de la Nación debería llamar a declarar a la ministra de Seguridad. En un país democrático todo ciudadano tiene derecho a expresar sus quejas y reclamos contra el Estado. Si el Presidente hace oídos sordos a lo dictaminado por el Senado,, a la gente mayor no le queda otra alternativa que manifestar su disconformidad. Resulta inadmisible que una marcha pacífica en contra del veto presidencial tenga que ser reprimida con gases y palos. Los abuelos no son piqueteros, solo defienden sus derechos y pretenden ser escuchados. Pegarle a un anciano es un acto vergonzoso.
Hugo Modesto Izurdiaga
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