La nueva suba del boleto de ómnibus urbanos en la capital parece presagiar una tregua en la grave crisis del transporte público tucumano. Incremento que muy pronto se trasladará a las líneas interurbanas y provinciales en general.

Casi $ 1.000 el viaje mínimo implica que un empleado de comercio, por ejemplo, con dobles turnos de trabajo, requerirá $ 4.000 diarios para trasladarse si lo hace en colectivo, más dos viajes los días sábado, lo que representan $ 88.000 mensuales. Esto es entre un 10% y un 40% del salario, según la antigüedad y el cargo. En el peor de los casos, casi la mitad del sueldo se destinará para ir y volver al trabajo, sumado al traslado del resto de la familia, si acaso hay niños u otras personas a cargo. Un presupuesto que no cierra si ese hogar no cuenta con otros ingresos.

El incremento de un 37%, de $690 a $950, se suma al aumento del 200% aplicado en marzo, lo que totaliza un 237% en lo que va del año, en línea con la inflación interanual del 236,7 %, pero muy superior a la inflación de 2024, que hasta agosto fue del 95%.

De más está decir que, además, el encarecimiento de los viajes no se ajusta a la actualización de los salarios, que se encuentra muy por debajo de la suba del boleto.

No caben dudas de que el precio de los viajes estaba desfasado, según estudios de costos que se hicieron en varias provincias que ya actualizaron los valores, pero tampoco se puede negar que la situación está descalzada y que pone al usuario en una compleja disyuntiva.

La cuestión de fondo, en Tucumán, no pasa por el costo de la movilidad, sino por una situación crítica que arrastra todo el sistema desde hace más de dos décadas. Un transporte público ineficiente en todos sus frentes: calidad, frecuencia, cobertura, contaminante y ruidoso, con coches antiguos y sobredimensionados para el microcentro.

Este nuevo aumento traerá calma momentánea y efímera, porque está disociado de la solución definitiva, ya que el subsidio estatal no está garantizado y es motivo de debate constante, en un servicio que por su naturaleza es deficitario.

Las autoridades, políticas y empresarias, están en deuda con el ciudadano desde hace demasiado tiempo. Esperas prolongadas, boletos caros, recorridos que no cubren las necesidades y un transporte que no está coordinado en el área metropolitana y obliga al usuario a utilizar, y gastar, dos o más viajes para trasladarse unos pocos kilómetros dentro de una misma ciudad.

El transporte público requiere de un plan integral y urgente, que no contemple sólo a colectivos y taxis (otra movilidad con demasiadas irregularidades y falencias) sino en sopesar otras alternativas más económicas, sostenibles y saludables, como trenes urbanos o trolebuses. ¿Este aumento será otra pausa para volver al colapso en pocos meses o será una nueva oportunidad para buscar soluciones de fondo? El pasado próximo nos proyecta un panorama poco optimista, a juzgar porque los actores que fracasaron siguen siendo los mismos.