El gobierno de Javier Milei ha anunciado que declarará a Aerolíneas Argentinas "sujeta a privatización" mediante un decreto que será firmado en los próximos días. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa. Esta medida ocurre en medio de tensiones con los gremios aeronáuticos y luego de que el oficialismo debatiera la privatización en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La privatización se ampara en la ley de reforma del Estado 23.696, que establece que dicha decisión debe ser aprobada por el Congreso.
El artículo 9 de la mencionada ley habilita al Poder Ejecutivo a declarar la privatización de empresas, pero requiere que el Congreso apruebe la ley correspondiente. El gobierno espera que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial la semana siguiente y que el Congreso avance rápidamente en su tratamiento. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados ya se discuten dos proyectos de privatización en las comisiones de Transportes y Presupuesto.
El gobierno justifica la privatización señalando el "déficit crónico" que arrastra la empresa, producto de gestiones previas que califican como desastrosas. Según Adorni, la reestatización de Aerolíneas ha costado más de 8000 millones de dólares en aportes públicos, lo que, según él, pone en peligro la sostenibilidad fiscal del país. Argumentó que es injusto que los ciudadanos tengan que cubrir estos costos.
Adorni también criticó la "estructura sobredimensionada" de la aerolínea, señalando que tiene casi 15 pilotos por cada avión operativo, lo que consideró un número excesivo en comparación con los estándares de la industria. Este desequilibrio es una de las razones por las que el gobierno busca avanzar con la privatización de la empresa.
El vocero además enumeró una serie de beneficios que, según él, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas disfrutan "a costa de una Argentina pobre". Estos incluyen altos salarios, pasajes gratuitos, bonos en dólares y condiciones laborales que considera ventajosas en comparación con otras industrias. Esta percepción de beneficios excesivos refuerza la narrativa del gobierno para avanzar en la privatización de la empresa.