El Gobierno de Argentina anunció que 40.000 empleados estatales de la Administración Pública Nacional deberán aprobar un examen de idoneidad para mantener sus puestos. Esta medida generó un fuerte rechazo de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó duramente la iniciativa y lanzó comentarios irónicos contra el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Aguiar cuestionó la lógica de aplicar pruebas a empleados con años de experiencia y sugirió que el examen debería aplicarse a la vocería presidencial en lugar de a los trabajadores.
Aguiar calificó el examen como una medida ilegal y un intento de fraude laboral, señalando que no respeta el Convenio Colectivo de Trabajo que regula la Administración Pública Nacional. Según el dirigente sindical, la evaluación solo busca generar un impacto mediático y político, sin tener un sustento legal. Además, criticó que esta acción no beneficiará al Gobierno en términos de apoyo popular.
El examen, que será online, afectará principalmente a los empleados en planta transitoria o bajo contrato, quienes deberán aprobarlo en diciembre para renovar sus puestos. Adorni defendió la medida, afirmando que busca "racionalizar" el Estado y asegurar que los empleados cumplan con los requisitos básicos de sus cargos. A su vez, aclaró que los empleados discapacitados estarán exentos de participar en esta primera instancia.
La gestión de Javier Milei ya había implementado cambios en el sistema de empleo público, como la "Evaluación General de Conocimientos y Competencias", además de endurecer los requisitos de contratación y los procesos de evaluación. Estas reformas incluyen nuevas modalidades de contratación, que no garantizan estabilidad laboral, y un esquema para reorganizar la planta estatal mediante la no renovación de contratos y la disponibilidad de personal.