La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial de Concepción resolvió ayer remitir a la Justicia Federal las denuncias por estafas mediante el sistema piramidal Ponzi. Aunque se estima que los damnificados serían 4.000, hasta ayer se habían formalizado solo ocho presentaciones ante esa dependencia de tribunales.
El auxiliar fiscal Juan José Ibáñez explicó que al tomar esa decisión la Unidad Fiscal a cargo de Mónica García “entendió que, además de encontrarnos ante la posibilidad de la comisión de los delitos de estafas reiteradas, también se estaría ante la posible comisión del delito de Intermediación Financiera no autorizada agravada por la difusión masiva, contemplado en el artículo 310 del Código Penal”.
Este último ilícito “al proteger un bien jurídico nacional como lo es la estabilidad financiera y afectar intereses colectivos regulados y protegidos por entidades supraprovinciales, corresponde entender la Justicia Federal”. El funcionario precisó que ayer ese ministerio público requirió al Colegio de Jueces la inmediata remisión de las actuaciones a ese fuero que, a través del magistrado Rodrigo Martearena, se pronunció favorablemente.
“Las actuaciones ya fueron remitidas a la autoridad Federal y nos encontramos a la espera de la aceptación de estas”, apuntó.
En las denuncias se mencionan a diferentes personas que habrían atraído a otras para participar en lo que aparentaba ser una plataforma de inversiones y trading (Plataforma MGS). En esta intervenía un grupo denominado PEAK Capital. “En todos los casos los puntos de vinculación son el procedimiento de captación de fondos privados, un trader denominado Wendy y el uso de la plataforma referida. Hay varias personas mencionadas como responsables de captar inversores y es lo que caracterizada a esta modalidad delictiva. Por eso habrá que determinar caso por caso la responsabilidad de cada uno”, indicó Ibáñez.
El auxiliar fiscal explicó además que desde que ingresaron las denuncias a esa dependencia judicial se logró determinar que la denominación de la plataforma, no se encuentra aprobada ni habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el sistema financiero argentino.
El acusado de la estafa piramidal sigue sin aparecer en Concepción“Esta cuestión es de suma importancia en razón de que este organismo en conjunto con el Banco Central de la República Argentina son los encargados de verificar y controlar la solvencia de las empresas que operan en el mercado y así evitar situaciones como estas que afectan a todo el sistema financiero” apuntó.
Además comentó que “se determinó que el prefijo del número de teléfono del contacto Wendy, participante de grupos de WhatsApp, se corresponde con un código de Rusia y Kazajistán”.
Para el funcionario la investigación debe hacerse de una manera integral, completa, en la que no solo se indague sobre las personas mencionadas en las demandas, sino también a las que están detrás de este grupo PEAK Capital.
Estafa interprovincial
En un principio se estimó que la cifra de damnificados serían alrededor de 4.000 de las ciudades de Concepción y Aguilares. Pero la Unidad Fiscal pudo establecer que no solo hay víctimas en esas ciudades, sino también en otras provincias.
“Una vez que llegue a la Justicia Federal las causas, se determinará si se hará una investigación por provincia o se remitirá todas las actuaciones a un fiscal concreto que se encargará de abordar la pesquisa del caso”, indicó Ibañez.
Estafas piramidales: “Hay que plantear una reforma del Código Penal que contemple las criptomonedas y ciberdelitos”PEAK Capital comenzó a operar en “La Perla del Sur” desde principio de año. Las víctimas identifican al frente de la empresa inversionista al procurador Daniel Altamirano. En los documentos presentados en tribunales se indica que fue este hombre, sobrino de un magistrado local, el que tentó primero a ahorristas con una propuesta de inversión en el capital financiero.
Altamirano está desaparecido desde que se congeló la aplicación el sábado pasado. A través de las redes sociales se ofrecen recompensa a quienes brinden datos sobre su paradero y las de otras 12 personas, entre ellas tres mujeres. Todas aparecen comprometidas en la maniobra en razón que se encargaban de captar a ahorristas.