Ricardo Larreteguy, delegado Zona Norte de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (Aaerpa), afirmó que las modificaciones implementadas por el gobierno de Javier Milei “generarán un impacto desigual en el país”.

“Si bien parecen simplificar los trámites, los efectos reales pueden ser contraproducentes para los usuarios finales, beneficiando principalmente a los concesionarios y generando nuevos desafíos burocráticos y legales”, expresó el abogado.

El Ministerio de Justicia nacional emitió las resoluciones 272/2024 y 142/2024, que modifican el sistema de inscripción de vehículos. Esas normas permiten que el comprador elija el registro seccional, a la vez que eliminan la obligación de pagar impuestos provinciales y municipales en la sede del registro.

“En principio, la iniciativa apunta a simplificar el proceso y ampliar las opciones para los usuarios. Sin embargo, esto plantea un interrogante fundamental: ¿Quién elige realmente el registro? En la práctica, es el concesionario quien decide en la mayoría de los casos, lo cual podría acarrear problemas legales y tributarios para el comprador”, remarcó.

El directivo remarcó que se trata de “un sistema preparado, pero con límites”. “A más de un mes de la entrada en vigencia de estas modificaciones, el sistema registral ha mostrado capacidad de adaptación, a pesar de los problemas, como la falta de chapas patentes. Sin embargo, este desempeño no parece sostenible en el tiempo dado el cambio que esta nueva regla de registración implica”, remarcó.

“La mayoría de las Inscripciones Iniciales son gestionadas por concesionarios en grandes ciudades, es razonable pensar que inscribirán los vehículos allí.  Mientras tanto, los registros seccionales en localidades pequeñas juegan un papel esencial, ofreciendo asesoramiento y facilitando trámites en comunidades que, muchas veces, no tienen acceso a internet o a la tecnología necesaria para completar una transferencia en línea”, agregó.

Larreteguy  subrayó que La digitalización es valiosa, pero no resuelve los problemas de accesibilidad. “En muchas regiones del interior, la conectividad es limitada y no todos los usuarios poseen las habilidades para realizar estos trámites digitalmente, lo que puede dejar a una parte de la población excluida de un servicio fundamental”, advirtió.

“Riesgos para los usuarios”

El delegado Zona Norte de la Aaerpa hizo hincapié en que “el cambio más preocupante es la eliminación del pago obligatorio de tributos en los registros”. “Antes, los usuarios tenían la posibilidad de cumplir con los pagos de impuestos en un solo lugar, lo cual simplificaba muchísimo las cosas para el usuario y reducía la posibilidad de cometer errores. Ahora, al tener que peregrinar por las oficinas de Rentas provinciales y municipales, aumentará el riesgo de incumplimientos, multas e intereses. Las jurisdicciones no dejarán de cobrar estos tributos y, con la información de los registros, iniciarán ejecuciones contra aquellos que no cumplan. El resultado será un mercado automotor usado con deudas acumuladas y vehículos fuera de regla”, aclaró.

Y prosiguió: “La medida también afecta la distribución geográfica de los registros. En localidades pequeñas, la reducción de trámites podría llevar al cierre de oficinas por falta de actividad, lo que dificultaría el acceso a los servicios registrales para los habitantes de estas zonas. En las grandes ciudades, la situación se podría volver insostenible por el aumento de la demanda, colapsando los registros y extendiendo los plazos de inscripción”

Propuestas

Larreteguy  destacó que “es posible avanzar en la digitalización del sistema sin sacrificar la eficiencia ni la equidad territorial. Para ello, se podría mantener la opción voluntaria de pagar los impuestos en la sede del registro, lo cual ofrecería a los usuarios la posibilidad de utilizar una ventanilla única”.

“Sería conveniente llamar a concurso para cubrir registros vacantes y abrir nuevas unidades en grandes ciudades, mejorando la distribución de los servicios. Esto no generará mayores costos, ya que se realiza con fondos provenientes de los trámites”, expresó.

“El funcionamiento de los Registros no le cuesta (nunca le costó) un peso al Estado Nacional y se sustenta exclusivamente con los aportes de quienes requieren un trámite y solo se abona por ese trámite en particular.  Las recientes medidas no deben ser vistas como la solución definitiva. Es importante aprender de esta experiencia para hacer ajustes que protejan a los usuarios y garanticen la continuidad del sistema registral en todo el país. Mantener un equilibrio entre la digitalización y la presencialidad es clave para evitar una regresión hacia un mercado automotor menos seguro y con mayor informalidad”, finalizó.