Hace 42 Min
El Gobierno busca modificar por ley el financiamiento universitario para evitar el frente judicial
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El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Financiamiento Universitario, buscando evitar fallos judiciales adversos y licuar la deuda con el sector.
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La iniciativa ignora la pérdida salarial de 2024, propone un alza del 12,3% para 2025 en tres tramos y elimina la actualización mensual por inflación exigida por los gremios.
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Rectores y gremios rechazan el proyecto por profundizar la crisis del poder adquisitivo. Se prevé un aumento de la tensión política y posibles nuevas movilizaciones estudiantiles.
Protesta universitaria. / INSTAGRAM
En una maniobra que busca desactivar los fallos judiciales adversos y licuar la deuda con el sistema educativo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa no busca derogar la norma votada por dos tercios de ambas cámaras, sino reescribir sus artículos clave, al ignorar la pérdida salarial de 2024 y postergar la actualización de gastos de funcionamiento hasta 2026.
El eje del conflicto radica en la "letra chica" salarial. Mientras la ley vigente (27.795) obliga al Estado a recomponer los sueldos según el IPC acumulado desde diciembre de 2023, el nuevo texto oficial hace "borrón y cuenta nueva" con el año pasado. Para 2025, el Gobierno solo propone un aumento del 12,3% en tres tramos (marzo, julio y septiembre), eliminando la cláusula de actualización mensual por inflación que exigían los gremios.
El nuevo proyecto también habla de una paritaria trimestral, pero no se menciona el compromiso del aumento mensual por inflación. En relación a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, la ley votada habla de una corrección por lo perdido en 2024 y 2025.
La estrategia de la Casa Rosada es clara: ganar tiempo. Tras meses de recusar al juez Martín Cormick para frenar el cumplimiento de la ley original, el Ejecutivo intenta ahora que el nuevo Congreso convalide un esquema mucho más austero.
Como "moneda de cambio", el proyecto incluyó un refuerzo de $80.000 millones para hospitales universitarios y la eliminación del lenguaje inclusivo en el texto normativo, un gesto simbólico hacia su base electoral.
Sin embargo, la comunidad educativa ya adelantó su rechazo: rectores, gremios y estudiantes denuncian que la propuesta "rompe el espíritu democrático" y profundiza la pérdida del poder adquisitivo.
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