El gobierno de Javier Milei disolvió cinco fondos fiduciarios más, en el marco del ajuste en la administración pública. Ahora, ha dejado sin efecto fideicomisos relacionados con la promoción de capital emprendedor, asistencia a víctimas de trata, de producción y refinanciación hipotecaria e inversión estratégica. En particular, entre esas herramientas figuró el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero (Proicsa).
La administración libertaria formalizó el fin este plan integral, que había sido implementado en la cadena sucroalcoholera de Tucumán, Salta y Jujuy: se dirigió a ingenios y empresas azucareras, pequeños productores cañeros de Tucumán y Jujuy y cooperativas. Con distintas acciones, el objetivo era aumentar y diversificar la producción, medidas combinadas con la sustentabilidad ambiental y social.
El programa se llevó adelante con inversiones por U$S 140 millones. De ese monto total, U$S100 millones (71%) fueron financiados por CAF (Banco de desarrollo de América Latina); U$S 10 millones (7%) por fondos nacionales, y U$S 30 millones (22%) de aportes del sector privado.
El Proicsa nació entre 2012 y 2013 y se extendió en una primera etapa hasta 2016-2017. Luego se firmaron dos adendas en 2018 y 2019, año de finalización. "Se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al contrato de préstamo celebrado con la Corporación Andina de Fomento (CAF)", fundamentó la administración libertaria en el Decreto 1048/2024 publicado en el Boletín Oficial.
En Tucumán, el Gobierno, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) habían llevado adelante las tareas estratégicas del Proicsa, que pasó a la órbita del Ministerio de Economía nacional.
“El sector, no sólo los cañeros, sino en general, se vio beneficiado. Fue un programa interesante. Nos permitió acceder a nuevas variedades de cañas y a tecnología, como adquirir maquinaria”, dijo Alfredo Alvarado, presidente de la Federación de Cooperativas de la provincia, un organismo que tomó impulso a partir de ese fideicomiso.
Como parte de ese impacto, se formaron o se reforzó el funcionamiento de las organizaciones de cañeros en el territorio tucumano. “El programa permitió que las cooperativas se fortalecieran”, añadió el productor.
"Fue una lástima que no continuara. Si se presentara una nueva etapa, se tendría que centrar en dar valor agregado a lo que producimos, con el foco en cómo comercializar nuestro producto", destacó.
Por su parte, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, anunció la medida mediante la red social X. En la publicación hizo referencia a que los fondos eran "cajas políticas", entre ellas, el Proicasa. "Hoy cerramos 5 cajas políticas más", escribió.
Según el ex titular de Hacienda de la gestión de Mauricio Macri, "descubrimos que estos fondos incumplían con los objetivos, (había) ausencia de controles confiables, administración costosa para el Estado y discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados".
El impacto
Los pequeños productores locales recibieron asistencia técnica sobre prácticas de plantación, cultivo y cosecha de caña de azúcar, y se crearon semilleros de alta calidad en establecimientos. A la vez se realizaron estudios de suelos, incidencias de enfermedades y rendimientos de los cañaverales.
Fueron asesorados en la utilización de herbicidas pre emergentes y de biofertilizantes, entre otros trabajos en los campos. Los cañeros accedieron a herramientas y maquinaria; construyeron galpones de acopio y avanzaron en iniciativas de valor agregado.
“El hecho de tener herramientas para trabajar significó un avance importante. Acceder a maquinarias, como cosechadoras, nos dejó en una posición igual o nos acercó a los grandes productores e ingenios”, subrayó Alvarado.
En el sector industrial, hubo financiamiento para destilerías y deshidratadoras para incrementar la capacidad de producción de bioetanol, entre otros proyectos.