En el marco de una investigación sobre el desvío y comercialización ilícita de mercadería destinada a sectores vulnerables en Tucumán, el abogado querellante por el Estado, José María Molina, aportó este viernes a LA GACETA nuevos detalles que refuerzan la gravedad del caso. En sus declaraciones, el letrado destacó que la causa se encuentra en plena etapa investigativa, con nuevos elementos que surgen casi a diario.
“Contamos con cinco personas imputadas: dos de ellos, de apellido López, en carácter de autores, y tres más como partícipes necesarios, quienes habrían colaborado esencialmente con la organización delictiva. Los imputados enfrentan cargos por el delito de peculado, con penas que podrían alcanzar los 10 años de prisión”, explicó Molina.
Uno de los avances más significativos en la causa provino de la declaración de un técnico informático, también imputado, quien entregó su computadora personal. Este dispositivo contenía planillas que detallaban nombres de mercaderías y precios asignados, como “azúcar: $100”, lo que confirmó la comercialización de productos alimentarios destinados originalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
“Desde el primer allanamiento, realizado en el domicilio de uno de los López, ya habíamos encontrado documentación que acreditaba la organización sistemática de esta actividad ilícita. Los registros evidencian cómo disfrazaban sus operaciones bajo la fachada de movimientos populares, desviando mercadería que nunca llegó a su destino”, agregó el abogado.
Según Molina, la información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Social ha sido clave para reconstruir la trazabilidad de los alimentos. Esta documentación permitió identificar irregularidades en las entregas y cómo se utilizaban entidades sociales para encubrir el desvío. “No coincide el orden de entrega oficial con los lugares donde finalmente fue hallada la mercadería, lo que reafirma las irregularidades”, sostuvo.
En cuanto a las ganancias obtenidas por esta red, el abogado admitió que aún no se ha cuantificado con exactitud, aunque reconoció que se trata de una operación de gran escala. Además, no descartó la posibilidad de que nuevos nombres surjan a medida que avancen las investigaciones, incluyendo la participación de otros integrantes de la familia López.
“Esto parece una especie de pyme familiar dedicada al delito. Se allanó el 25 de noviembre y se retiró mercadería, pero pocos días después encontramos nuevamente alimentos en el mismo lugar. Es inaceptable que se juegue así con los alimentos de los más necesitados”, enfatizó.
El gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Fiscalía de Estado, se ha constituido como querellante en la causa, con directivas claras de llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. “Vamos a ir a fondo para que todos los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, concluyó Molina.