En Tucumán, en el área de Seguridad, nunca hay tiempo para festejar las buenas noticias. Se cierra 2024 con una baja de homicidios de un 30%, respecto del año pasado; el promedio de la disminución de robos llegaría a un 25%, y finalmente se inauguraron las cárceles de Delfín Gallo y de Benjamín Paz, que descomprimen la crisis carcelaria. Pero estalló la amenaza narco y el tráfico de droga pasará a ocupar la agenda del año que se viene.

El ataque que sufrió Facundo Ale ya se transformó en un hito en la historia narco de la provincia. La impericia de un tirador que utilizó un arma con un gran poder de fuego evitó que el nombre de este joven haya engrosado la lista de las víctimas de homicidios. Pero dejó al descubierto que en las calles tucumanas hay grupos que se están disputando el poder. En este caso, la “excusa” sería el dominio de la barra brava de San Martín, pero por detrás hay mucho más.

Después de ese incidente, en el estadio de La Ciudadela se desplegó una bandera en la que se acusó a Javier “Chuky” Casanova y a Walter “Petiso David” Lobo de tener vínculos con la comercialización y con el tráfico de sustancias. Luego, cuando se difundió el video filmado por los perpetradores del ataque, Ale finalmente presentó en la Fiscalía que conduce Mariano Fernández un escrito en el que aportó un dato clave: dijo que la camioneta Renault Oroch negra que utilizaron los agresores era la misma que detuvo la Policía trasladando 63 kilos de cocaína.

Esa declaración fue muy comentada en el oscuro mundo narco tucumano. Para muchos fue la confirmación de un rumor de que alguien había informado a la Policía de la existencia de ese envío de droga. Delatar al rival para quedarse con el poder es una vieja y recurrente práctica de las organizaciones que transportan estupefacientes. El clan Ale, cuyos líderes fueron condenados por haber lavado activos provenientes del narcotráfico, siempre fueron señalados de utilizarla cuando estuvieron enfrentado a “Los Gardelitos” y al Comando Atila, el grupo parapolicial que estuvo relacionado al juego clandestino y al incipiente tráfico de cocaína a fines de los 80 y a principios de los 90.

Este caso es apenas una prueba de que los narcos están ganando espacio en el fútbol tucumano. Mientras los dirigentes definían qué sucedería con la semifinal que deben disputar Sportivo Guzmán y Atlético Concepción, los integrantes del clan Toro -vinculados a los “julianos” y sospechados de dirigir una red de narcomenudeo- ya avisaron en Banda del Río Salí que se vengarán por la brutal agresión que sufrieron sus jugadores en el estadio de los “leones”. La Liga programó el encuentro en la cancha de Ñuñorco, en Monteros, y sin público.

Jueces en la mira

El juez de Concepción Gonzalo Ascárate se transformó en noticia nacional a raíz de un fallo. Despertó comentarios por haber absuelto a un imputado que había acordado ser condenado a tres años de prisión por tenencia simple de droga. Generó polémica por la inédita decisión de ordenar que le devuelvan 82 gramos de cocaína, tres gramos de marihuana y un blíster con cuatro psicofármacos que le habían secuestrado. Hubo tantas reacciones que el mismo magistrado anuló “de oficio” la sentencia y terminó condenando al acusado y ordenando la destrucción de la droga. “No se si este juez merece ser juez”, dijo el gobernador, Osvaldo Jaldo, en un acto ayer al mediodía. Horas después, el magistrado presentó la renuncia que será aceptada hoy.

Ascárate no es un desconocido en la “familia judicial”: protagonizó dos situaciones que dieron mucho que hablar. La primera ocurrió cuando se supo que había enviado mensajes al entorno del ex gobernador Juan Manzur cuando esperaba ser designado por el ex titular del Poder Ejecutivo. Luego fue investigado por su conducta durante el juicio contra el guardiacárcel Roberto Rejas que fue condenado a perpetua por el femicidio de Milagros Avellaneda y de su hijo. Lo denunciaron por haberles mandado mensajes personales a la acusada, a la novia y a la hermana del imputado durante el debate. La Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación, pero nunca se supo en qué terminó el trámite administrativo.

El juez fue nombrado como especializado en Niños, Niñas y Adolescencia (NNyA), cargo por el que también fue cuestionado. Según trascendió, los funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) alertaron que hacía participar en audiencias a adolescentes de 15 años que, al ser inimputables, deberían resolver sus expedientes mediante otros mecanismos. Ascárate, que asumió en el cargo el 14 de diciembre de 2023, fue elegido para reemplazar a Roberto Flores como juez especializado en narcomenudeo.

Mientras en Tucumán se discutía el fallo de Ascárate, en Salta era destituido el juez de Orán Claudio Parisi acusado de haber tomado decisiones que favorecían a narcos -ahora podrá ser investigado por esos delitos como un ciudadano común-. En Buenos Aires, la Cámara de Casación Penal resolvió pedir que se aumente la pena en contra del ex juez federal correntino Carlos Soto Dávila por haber favorecido a una organización que durante años traficó toneladas de marihuana.

Imparable

El narcotráfico mueve millones y millones de dólares. Dinero suficiente para comprar voluntades y corromper las instituciones. La semana pasada, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáez, lanzaron el Plan Güemes. El objetivo es fortalecer la presencia de fuerzas federales y provinciales en Aguas Blancas, una de las principales puertas de ingreso de mercadería de contrabando y de droga. Desde ese día, en el marco del Operativo Lapacho, la Policía realizó al menos una docena de decomisos de bultos que habían ingresado ilegalmente al país.

En septiembre, el fiscal federal Agustín Chit desarticuló una red de corrupción integrada por gendarmes y organizadores de tours de compras. Los efectivos de la fuerza recibían dinero a cambio de que se les permita el paso por una decena de puestos de control instalados en tres provincias. Pero todo hace sospechar que la investigación no terminó con este tipo de maniobra que facilita el tráfico de droga.

Hasta el 8 de diciembre Gendarmería había secuestrado 200 kilos de cocaína que eran transportados en los micros de tours de compras. Ninguno de los decomisos fue concretado en Salta y en Jujuy, donde están instalados la mayor cantidad de controles. Los hombres de esa fuerza decomisaron 173 kilos de ese estupefaciente en Santiago del Estero, 22 en Córdoba y cinco en Tucumán. En nuestra provincia también encontraron 160 kilos de marihuana, en este caso, en un operativo realizado por la Policía. Estos números permiten sospechar que la red de corrupción no fue desmantelada y que el avance narco pareciera ser imparable.