El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra el líder mapuche Facundo Jones Huala por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. La acusación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, luego de que el referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) reivindicara atentados incendiarios en la Patagonia y convocara a la lucha armada.
En paralelo, el Gobierno de Chubut también formalizó una denuncia contra Jones Huala por instigación a cometer delitos, argumentando que sus declaraciones públicas promovían la violencia y los ataques contra la infraestructura del sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes. Aunque el líder mapuche negó la participación directa de su grupo en ciertos incendios recientes, sus manifestaciones fueron consideradas como un aval explícito a los hechos de sabotaje.
La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez Hugo Grecca. En el expediente se destacó que, aunque RAM no esté tipificada como una organización terrorista según el artículo 210 del Código Penal, sus declaraciones sugieren que busca imponer sus ideas mediante la violencia o el temor. Bullrich solicitó la apertura de un sumario penal para determinar su responsabilidad en los delitos denunciados.
Jones Huala, quien regresó a Argentina en 2023 tras ser expulsado de Chile, cumplió previamente una condena de nueve años en ese país por la quema de una hacienda y la portación ilegal de armas. Su reciente detención en El Bolsón, cuando intentaba abrir un auto, reavivó el debate sobre su accionar y llevó a Bullrich a insistir en la necesidad de aprobar la Ley de Reiterancia para evitar su liberación inmediata. Mientras tanto, su madre difundió un video en el que él reivindica los sabotajes, aunque niega haber incendiado bosques o atacado personas.