El Gobierno de Javier Milei inició un proceso de auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. La medida, establecida mediante la Resolución N° 187/2025 del Poder Ejecutivo, busca garantizar que los beneficios se ajusten a los criterios legales vigentes y corregir las graves anomalías detectadas en el sistema.

Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que se trata de un proceso progresivo que abarcará a más de un millón de casos y que busca garantizar que esos beneficios cumplan con los criterios legales establecidos. En auditorías previas se detectó “un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través del cual se desviaban USD 3.400 millones anuales.

Las auditorías presenciales estarán a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo del abogado Diego Spagnuolo y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que comanda el médico pediatra Esteban Leguízamo. En total son 1.013.400 de esas pensiones especiales. El objetivo, explicó Adorni, es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten.

La auditoría se llevará a cabo mediante un proceso escalonado y progresivo que permitirá realizar una evaluación minuciosa y asegurar “la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”. Estará organizada en diferentes etapas, cada una diseñada para garantizar la integridad del proceso y se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, es decir, las otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La primera etapa consistirá en el envió de cartas documento a los beneficiarios de pensiones con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten toda la documentación requerida. En un segundo momento, los profesionales de esa institución, -que cuenta con una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores- harán las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión.

En la tercera etapa se realizará el procesamiento de la información: los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada beneficiario. Por último se emitirán los dictámenes y resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.

Según se explicó, se espera que, durante los primeros días de febrero, los beneficiarios comiencen a recibir las cartas documento. Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones y con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar, que “cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan”.

Según información oficial, los primeros relevamientos realizados antes del anuncio de Adorni, arrojaron resultados alarmantes, con un 80% de los beneficiarios que no cumplen los requisitos para acceder a este tipo de pensión. Entre las irregularidades detectadas figuran asignaciones a personas sin discapacidad certificada, beneficiarios con documentos falsificados y reclusos que recibían pagos indebidos.

Denuncias de irregularidades

Una de las auditorías previas, llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en conjunto con el Servicio Penitenciario Federal, identificó que 212 personas privadas de la libertad percibían la pensión sin justificación. Además, una investigación adicional realizada con el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, detectó 331 prófugos que también recibían el beneficio, de los cuales 33 fueron puestos a disposición judicial y 14 resultaron detenidos.

Los operativos han revelado casos particulares que generaron preocupación en las autoridades. En La Matanza, un hombre obtuvo su pensión tres días después de presentar la solicitud, a pesar de que su evaluación médica fue negativa. En Quilmes, un beneficiario recibió el pago en solo seis días, aunque cumplía prisión domiciliaria.

Entre esos casos más escandalosos, los médicos auditores que se entrevistaron de manera personal con los beneficiarios y contrastaron la información con los expedientes, se encontraron, por ejemplo, con dos personas que cumplían condena judicial. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar en arresto domiciliario y sin haber avisado a las autoridades. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. En el informe al que accedió Infobae se destaca que: “Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por estar cumpliendo condena o a disposición de la Justicia, es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación”.

En otro caso, un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor asistió acompañado de un abogado. La persona no presentaba ninguna incapacidad. Había beneficiarios que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso. En su exposición ante las autoridades dijeron que recibieron la pensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”.

En la provincia de Chaco, donde las auditorías avanzan con prioridad, los resultados han sido significativos. Según un informe al que accedió Infobae, de los 2.689 beneficiarios citados, 1.796 (66,79%) no cumplían con los requisitos y serán dados de baja, mientras que 345 (12,83%) no se presentaron a la evaluación. Entre los casos detectados se encuentra el de una mujer que cobró la pensión alegando una amputación de brazo, aunque en la revisión médica se comprobó que tenía ambos miembros en perfecto estado.

Por otro lado Adorni aclaró que, tal como publicó Infobae, continúan las auditorías de pensiones no contributivas por invalidez laboral en CABA algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y Chaco. Las primeras auditorías realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ya revelaron que el 57% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos. En Mar del Plata, el 21% no pudo ser localizado, mientras que solo el 20% de los asistentes a la revisión cumplía con la normativa vigente.

El 17 de diciembre Adorni denunció, por ejemplo, que en el Chaco más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las autoridades nacionales le anticiparon a este medio que actualmente se realizan nuevos operativos en varias localidades de la provincia gobernada por Leandro Zdero; aunque las que están bajo la lupa fueron otorgadas durante la gestión de Jorge Milton Capitanich.

En esa provincia la justicia investiga un hecho extremo: en el municipio de Taco Pozo, casi el 10% de la población obtuvo un certificado por discapacidad laboral ‘trucho’.

Los resultados de las auditorías, pero sobre todas las chaqueñas, resultan impactantes. El trabajo al que accedió este medio revela que, por ejemplo:

-Beneficiaria con Amputación Falsa: Una mujer se presentó para ser auditada y seguir cobrando el beneficio, el cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la mujer estaba en perfecto estado de salud y no había perdido ningún miembro.

-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación (CMO) registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.

-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.

-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, “lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones”, según la interpretación de los funcionarios de la ANDIS.

El gobierno de La Libertad Avanza sospecha que en las últimas dos décadas los gobiernos, en especial el kirchnerismo, utilizó el otorgamiento de este tipo de beneficios para realizar política. “Las estadísticas no mienten -sostiene el titular de la ANDIS- entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, dice Spagnuolo y refuerza: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023″.

Nuevos criterios de asignación

Para transparentar el sistema y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS estableció nuevos requisitos para la asignación de pensiones por invalidez laboral:

Certificado Médico Oficial (CMO): el beneficiario deberá presentar un documento emitido por un establecimiento oficial o la ANDIS.

Grado de incapacidad: deberá ser igual o superior al 66%.

Edad: no podrán acceder personas mayores de 65 años.

Residencia: se exige nacionalidad argentina o 10 años de residencia en el país. Para menores, sus padres deben haber vivido tres años en Argentina.

Ingresos: los beneficiarios no podrán percibir jubilaciones o pensiones adicionales. En menores, el grupo familiar no debe superar cuatro jubilaciones mínimas (equivalente a 1,2 millones de pesos).

El nuevo marco normativo introduce además un sistema de evaluación médica que clasifica las condiciones de los solicitantes en niveles de incapacidad, lo que permitirá definir con mayor precisión la elegibilidad de cada caso.