El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó este martes una medida cautelar que suspende la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, un proceso que había sido establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/2025. 

La decisión judicial ordena al gobierno de Javier Milei y al Banco de la Nación Argentina abstenerse de cualquier acción destinada a implementar esa medida de transformación hasta nuevo aviso.

Según informó el diario "LA NACIÓN", el juez también exigió que a la gestión libertaria que presente, en un plazo de cinco días, un informe detallado sobre el interés público que justificaría esta decisión. 

La solicitud fue realizada por la Asociación Bancaria, el gremio que agrupa a los empleados del sector y está liderado por Sergio Palazzo. Esta causa, que comenzó el 11 de junio pasado, busca la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución interna del Directorio del Banco Nación (Nº 348) y de todo acto relacionado con el avance en la privatización de la entidad.

En su decisión de hoy, Ramos Padilla recordó que el 19 de febrero de este año se dictó el DNU 116/2025, el cual dispone la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, regulada por la Ley 21.526, y le da instrucciones al Directorio para llevar a cabo la transformación, incluyendo la inscripción en la Inspección General de Justicia. El día siguiente, 20 de febrero, con el expediente en la Cámara de Apelaciones, la Asociación Bancaria solicitó una medida cautelar urgente.

El caso tiene antecedentes en una resolución previa del mismo juez, quien, el 25 de septiembre de 2023, había declarado que ni el DNU 70/23 ni la resolución Nº 348 del Directorio del Banco Nación autorizaban una modificación de la situación jurídica de la entidad, la cual sólo podría llevarse a cabo mediante una ley formal aprobada por el Congreso de la Nación. Esa decisión fue declarada “abstracta” en su momento, y ahora se encuentra a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones.

La medida cautelar dictada este martes frena, por lo tanto, la implementación del decreto que permitiría la transformación del Banco Nación en sociedad anónima, al menos hasta que se resuelvan las cuestiones planteadas por la Asociación Bancaria y se evalúe el interés público en juego.

Críticas del gremio 

El gremio de la Asociación Bancaria manifestó días atrás un rotundo rechazo al decreto firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, que propone transformar al Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. 

A través de un comunicado, el sindicato expresó su preocupación por lo que consideran una medida que responde a "intereses espurios" y que amenaza la soberanía del banco estatal, el más grande y rentable del país.

El sindicato, con el secretario general Sergio Palazzo a la cabeza, remarcó que el Banco Nación posee los mejores números en cuanto a rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos. "Es el banco más grande del país", enfatizó. 

"Esos números han sido logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a lo largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo, las pymes y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa", añadió.

La decisión

El decreto de Milei establece que el banco pasará a denominarse Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.), manteniendo el Estado Nacional el control del 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina poseerá el 0,1 % restante. Según el documento oficial, la transformación busca modernizar la estructura operativa del banco, alineándolo con estándares internacionales de gobierno corporativo, y mejorar su competitividad en el sector financiero.

En el Gobierno argumentaron que esta medida permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer la posición del banco en el mercado y garantizar la continuidad de su operatividad. Además, se enmarca en el Decreto 70/2023, que estableció la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas, y en la Ley 27.742, que delegó facultades al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para reorganizar estructuras estatales con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público.