El Gobierno argentino ha decidido anular la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada el 16 de enero, debido al uso de términos obsoletos y ofensivos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para describir a personas con discapacidad intelectual. La publicación de estos términos en el Boletín Oficial generó una fuerte reacción en el ámbito de la salud mental y entre organizaciones de derechos de las personas con discapacidad.
En respuesta a la controversia, el director de ANDIS, Diego Spagnuolo, emitió un comunicado aclarando que la inclusión de dichos términos fue un error sin intención discriminatoria, atribuido al uso de una terminología médica desactualizada. Spagnuolo aseguró que la resolución será modificada para alinearse con los estándares internacionales actuales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
Además, se informó sobre la desvinculación de Miriam Améndola, quien iba a asumir el cargo de coordinadora de Fiscalización Médica en ANDIS. Améndola reemplazaría a Tatiana Alvarado, involucrada en la redacción del polémico anexo, pero dejó su puesto antes de la publicación del documento. Ambas funcionarias fueron señaladas como responsables de la inclusión de los términos ofensivos. Spagnuolo anunció una investigación interna para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Organizaciones como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresaron su preocupación y exigieron la rectificación inmediata de la resolución, solicitando el uso de un lenguaje acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad. Expertos en salud mental también criticaron la utilización de terminología discriminatoria y desactualizada, enfatizando la necesidad de adoptar un enfoque más inclusivo y respetuoso hacia las personas con discapacidad.