Mientras Patricia Bullrich defendió la reforma laboral desde el Senado, su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfrentará el jueves su primer desafío directo por el control del espacio público. La CGT, acompañada por las dos CTA y movimientos de izquierda, marchará a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto del Ejecutivo, pero el Gobierno avisó que se aplicará el protocolo antipiquetes.
Tanto desde el entorno del presidente Javier Milei como desde la sede de Seguridad confirmaron que no habrá excepciones. El objetivo es evitar cortes de tránsito totales durante la movilización, que incluirá columnas partiendo desde el Obelisco. "No cambia nada, se aplicará el protocolo. El orden público no se negocia", sentenciaron desde el Ministerio.
"Cero influencia"
El oficialismo buscará mostrar firmeza sin sobreactuar el conflicto. "Es parte del folklore, ya sabemos lo que van a hacer", comentó una alta fuente oficial, quien aseguró que la protesta "tendrá cero influencia" en el trámite legislativo. La estrategia es encapsular a los manifestantes: "Por la vereda estará todo bien", ironizaron en Balcarce 50.
La ministra Monteoliva, quien ya gestionaba la aplicación de la norma como secretaria, adelantó que se realizará una suerte de "VTV de las marchas", analizando la cantidad de gente y aplicando recortes para encauzar a los grupos. El antecedente inmediato son las marchas de jubilados frente al Congreso, donde el protocolo se aplica rigurosamente y donde recientemente resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo.
El eje del conflicto
La ruptura entre la CGT y el Gobierno se profundizó tras el Consejo de Mayo. El gremialismo consideró que la reforma, firmada por Milei tras su regreso de Oslo, es un "ataque a los derechos colectivos".
El proyecto oficialista propone cambios drásticos como la flexibilización para contratar y despedir, reducción de indemnizaciones (excluyendo aguinaldo y premios del cálculo), la creación de un fondo de cese laboral, posibilidad de jornadas de hasta 12 horas mediante banco de horas y la ampliación de actividades esenciales para limitar el derecho a huelga. Pese a la resistencia en la calle, el Gobierno confía en aprobar la norma antes de fin de año o en el primer bimestre de 2026.