Luego de la primera quincena de enero, el oficialismo en el Senado terminó de cerrar el calendario para el tratamiento del Proyecto de Ley de "Modernización Laboral". Según el cronograma preliminar, el debate en comisión se concentrará entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, en una semana decisiva para una iniciativa que fue elaborada con participación directa de referentes del empresariado argentino.

Ese origen explica la reacción del sector privado frente al proyecto. Si bien el respaldo al rumbo general es mayoritario, distintas cámaras empresarias comenzaron a expresar reparos específicos que atraviesan a buena parte del arco productivo. 

Las objeciones se concentran, principalmente, en los cambios propuestos sobre negociación colectiva, previsibilidad normativa y el impacto desigual según el tamaño de las empresas y los sectores involucrados.

En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el apoyo al proyecto es explícito, aunque acompañado de observaciones puntuales. En un encuentro con equipos técnicos de la senadora Patricia Bullrich, la entidad manifestó su coincidencia con la orientación general de la iniciativa y destacó la necesidad de adecuar la legislación laboral a las transformaciones sociales y tecnológicas del mercado de trabajo.

“Compartimos el espíritu del proyecto, centrado en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, afirmó su presidente, Natalio Mario Grinman, quien remarcó que, desde la experiencia de una institución centenaria y firmante del convenio colectivo más numeroso del país, la modernización resulta clave para promover empleo formal, competitividad y dinamismo económico.

La CAC valoró especialmente los cambios vinculados al régimen indemnizatorio, la actualización de créditos laborales, la regulación de servicios mínimos durante medidas de fuerza y el reconocimiento de nuevas modalidades de contratación. No obstante, aclaró que presentó observaciones sobre un número acotado de artículos de un proyecto que supera las 200 disposiciones, y confirmó que trabaja en propuestas para compatibilizar la iniciativa oficial con la mirada sectorial.

Una postura similar expresó la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Martín Rappallini, que respaldó el proyecto y presentó ante el Senado un documento con 20 puntos en defensa de la reforma. Para la entidad, el texto propone un nuevo marco de relaciones laborales orientado a reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad jurídica y adecuar la normativa a los cambios productivos y tecnológicos.

Sin embargo, en ámbitos reservados, la UIA dejó trascender objeciones al artículo 62, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y establece un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones por parte de las empresas privadas. Ese punto genera preocupación por los costos adicionales y su impacto en la estructura empresaria, según una publicación del diario "Ámbito".

Alarma PyME, pero apoyo general

Las objeciones más marcadas aparecen en el entramado PyME. Tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como Adimra (empresas metalúrgicas) acompañan el objetivo de modernización y reducción de la litigiosidad, pero advierten que el capítulo de Derecho Colectivo introduce riesgos que podrían ir en sentido contrario.

Desde CAME cuestionan los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, al considerar que “ponen en crisis el objetivo perseguido”. En particular, alertan sobre la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, que limitaría la vigencia automática a las cláusulas normativas y excluiría las obligacionales.

Según la entidad, este cambio desnaturaliza al convenio colectivo como herramienta integral, altera el equilibrio entre las partes y podría incrementar la inseguridad jurídica y la conflictividad laboral, además de abrir posibles tensiones con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Adimra comparte el diagnóstico y pone el foco en el impacto sobre la industria metalúrgica PyME. Con datos recientes de caída de la producción, advierte que una pequeña o mediana empresa no está en condiciones de renegociar su marco laboral de manera anual y que, frente a la incertidumbre, posterga inversiones y contrataciones.

También señalan que el cambio en el orden de prelación de los convenios, al priorizar los acuerdos de empresa por sobre los de actividad, favorece a las grandes compañías con mayor capacidad negociadora y deja a las PyMEs en una posición de debilidad frente a sindicatos más poderosos.

Otro punto crítico es la prohibición de aportes convencionales a cámaras empresarias, mientras se mantienen los sindicales. Para Adimra, esta asimetría debilita la representación empresaria y afecta servicios clave como capacitación, asistencia técnica y desarrollo tecnológico.

A ello se suma la preocupación por el artículo 132, que habilita al Poder Ejecutivo a intervenir convenios colectivos homologados bajo criterios amplios, como el “interés general” o la existencia de “distorsiones económicas graves”, lo que introduce un margen adicional de discrecionalidad.

En el extremo de mayor acompañamiento se ubican los grandes grupos empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Durante su almuerzo de fin de año, la entidad destacó que las reformas laboral y tributaria apuntan a mejorar la competitividad y coincidió con el énfasis oficial en reducir el déficit fiscal, el tamaño del Estado y la presión tributaria.

Aun así, desde AEA también plantearon la necesidad de sostener un diálogo más fluido con el sector privado durante el trámite legislativo, lo que refleja que incluso entre los actores más alineados con el gobierno de Javier Milei persisten inquietudes sobre la implementación y los detalles normativos.

Agroindustria y rechazo bancario

Un capítulo específico lo abrió el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que presentó ante los jefes de bloque del Senado una propuesta para modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) incluido en el proyecto. El espacio advirtió que la redacción actual excluye a numerosas inversiones agroindustriales, en especial de economías regionales.

Según el CAA, la limitación del RIMI a PyMEs reproduce un esquema de exclusión similar al del RIGI y deja fuera a un amplio conjunto de actividades productivas vinculadas a alimentos, bebidas, semillas, molienda e industria de maquinaria agrícola.

El cuestionamiento más contundente provino del sector bancario. Las asociaciones Adeba, ABA y Abappra rechazaron la posibilidad de que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones, como habilita el proyecto. En un comunicado conjunto, defendieron el sistema bancario formal como una política de Estado exitosa y advirtieron sobre los riesgos de reducir los estándares de supervisión y seguridad en el pago de sueldos y prestaciones.