La Justicia argentina atraviesa una crisis de vacantes que ha dejado de ser un mero trámite administrativo para transformarse en un problema estructural con impacto directo en la calidad democrática. En este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación la primera tanda de pedidos de acuerdo para designar magistrados en diversas fiscalías, defensorías y juzgados del país. Sin embargo, a pesar del crítico escenario que presenta la justicia federal en Tucumán -con vacantes estratégicas y un sistema sostenido por subrogancias prolongadas-, ninguno de los pliegos remitidos por la Casa Rosada contempla cargos para nuestra provincia.

El anuncio formal de este movimiento de fichas en el tablero judicial fue realizado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien a través de su cuenta oficial en la red social X adelantó que las propuestas buscan cubrir vacantes en fueros clave como el penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y de la seguridad social. El funcionario destacó la relevancia de estas designaciones al señalar que los pliegos están "destinados a cubrir vacantes en los fueros penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social". Pese a la expectativa generada, la distribución geográfica de las propuestas confirma una marcada concentración en el centro del país. Del desglose de los documentos enviados al Senado se desprende una fuerte preeminencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Justicia Nacional. En total, se remitieron 37 pliegos destinados exclusivamente a cargos en la Capital Federal, abarcando desde vocalías en cámaras nacionales de apelaciones hasta juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y criminal. Esta decisión, si bien implica un avance cuantitativo, deja sin respuesta el núcleo más crítico del sistema federal en el interior, que es precisamente el que debe intervenir en delitos de alto impacto social como el narcotráfico y el crimen organizado. En cuanto al resto de las provincias, la selección fue sumamente acotada y dejó fuera a la mayor parte del territorio nacional. La provincia de Buenos Aires recibió 10 pliegos, con cargos para localidades como San Martín, La Plata y Hurlingham. Por su parte, para la provincia de Santa Fe se remitieron apenas dos pliegos destinados a Rosario y la capital provincial, mientras que para Formosa se envió una sola propuesta para un Tribunal Federal de Juicio. El resto de las jurisdicciones federales, incluida Tucumán, no figuran en esta primera nómina oficial.

La situación en nuestra provincia es particularmente preocupante, ya que el distrito arrastra años de acefalía en el Tribunal Oral Federal (tres), juzgados (dos de tres) y fiscalías (tres de cuatro). Esta carencia de magistrados titulares obliga a un funcionamiento basado en la redistribución informal de competencias y en subrogancias que, lejos de ser excepcionales, se han vuelto permanentes. La falta de una conducción estable debilita la capacidad de investigar causas de corrupción y delitos económicos, exponiendo al sistema a cuestionamientos sobre su eficacia e independencia en un contexto local atravesado por investigaciones de alto voltaje político.

A nivel nacional, el panorama no es más alentador: actualmente, uno de cada tres cargos en la justicia federal se encuentra vacante, una cifra que asciende al 40% en el caso del Ministerio Público Fiscal. A esto se suma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa funcionando con solo tres de sus cinco miembros, y órganos fundamentales como la Defensoría del Pueblo permanecen vacantes desde hace más de una década. Este esquema de precariedad institucional genera un efecto dominó donde la justicia, al estar sobrecargada y desarticulada, llega tarde o simplemente no llega. Tras el ingreso de estos pliegos, ahora debe resolver la Cámara Alta. Los postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo requieren de una mayoría simple de votos por parte de los senadores para ser efectivamente designados. El trámite legislativo establece que las propuestas deben tener ingreso formal en sesión para luego ser giradas a la Comisión de Acuerdos, donde se realizarán las audiencias públicas correspondientes antes de pasar a la votación definitiva en el recinto. Este proceso es vital para intentar revertir la proliferación de autoridades interinas que hoy caracteriza al sistema. Finalmente, aunque esta primera tanda de 60 pliegos representa un intento de normalización, el Ministerio de Justicia ha dejado abierta la puerta a nuevos envíos de pliegos para más adelante. La urgencia de la Justicia Federal, sin embargo, no permite mayores dilaciones.