Una pareja fue detenida y otro hombre se encuentra prófugo, acusados de cometer varias estafas con la compra y venta de vehículos. Este expediente tiene una particularidad: los sospechosos podrían haber enterrado el dinero que obtenían con esta maniobra en el fondo de la casa de un country de Yerba Buena. Los investigadores excavaron el lugar, pero no encontraron el efectivo.
Según la hipótesis del caso que elaboró el fiscal Fernando Blanno, Matías Díaz Vier y su pareja, Anabel García, abrieron en septiembre de 2023 la concesionaria de compra y venta de vehículos DG Cars, ubicada en avenida Solano Vera al 900, en la vecina ciudad. Desde entonces y hasta enero de 2026, día en el que cerraron las puertas del local, comenzaron a realizar operaciones comerciales.
“Era como cualquier otra concesionaria que hay en Yerba Buena. Nunca sospechamos que podrían haber estado involucrados en alguna maniobra ilegal. Tampoco nos sorprendió que cerraran sus puertas de manera sorpresiva, ya que todo está tan mal que no es llamativo que un negocio decida bajar sus cortinas por la crisis”, sostuvo Josefina Ruiz, vecina del local comercial.
Las maniobras por las que fueron acusados
A mediados del año pasado, comenzaron a ser denunciados por al menos una decena de víctimas. El representante del Ministerio Público inició la investigación y dispuso que personal del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2), al mando de los comisarios Paola Zamorano, Víctor Lazarte y Omar Soria, descubriera que los señalados realizaban tres tipos de maniobras:
1- Los sospechosos recibían de los clientes bienes como motocicletas y celulares como anticipo de pago para adquirir un vehículo y, supuestamente, conseguían el preacuerdo de un crédito prendario. Antes de finalizar el trámite, les anunciaban que la operación se había caído y, para evitar que se frustrara el plan al que habían accedido, les pedían sumas de dinero. Pero el trato nunca se cumplía y tampoco devolvían los elementos ni el dinero que habían recibido.
2- Vendían vehículos con transferencias legales, pero al poco tiempo los compradores descubrían que los rodados adquiridos estaban prendados a nombre de los titulares y empleados de la concesionaria. En la mayoría de los casos, los planes de financiamiento estaban caídos porque no abonaban las cuotas.
3- Recibían autos y camionetas para venderlos a cambio de una comisión. Las personas que entregaban el bien se enteraban, a través de una comunicación oficial del Registro Automotor, que las unidades habían sido vendidas y transferidas sin que hubieran cobrado un centavo ni firmado ninguna documentación.
Declaraciones y allanamientos
Las víctimas no sólo ratificaron las denuncias en los tribunales, sino que además señalaron que Díaz Vier y García aparecían como los propietarios de la agencia. También indicaron que podría haber tenido participación en el caso Javier Goitea, el hombre que se encuentra prófugo de la Justicia.
Una testigo, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, declaró que la pareja, con la que tenía una relación laboral, acostumbraba a embolsar una importante cantidad de billetes y luego los enterraba en el jardín de la casa que alquilaban en el country Las Cañitas, la cual actualmente estaría ocupada por el prófugo. Se especula que en las próximas horas podría entregarse.
Al mismo tiempo, informó que, antes de cerrar la agencia, los investigados habían quemado documentos en el asador de la vivienda. Mencionó además a una empleada administrativa y a un gestor como posibles colaboradores en las maniobras. Esas personas están siendo investigadas, pero por el momento no se reunieron pruebas suficientes para imputarles algún delito. Detalló que los vehículos no eran guardados en sus domicilios, sino en un galpón de la hermana de García, quien ya había sido acusada de estafas reiteradas.
Por último, destacó que cortó su vínculo laboral a fines del año pasado por los malos tratos que sufría por parte de sus empleadores, ya que desde mediados de 2025 en la agencia se presentaban personas exaltadas que exigían que cumplieran con lo pactado.
El fiscal Blanno solicitó la detención de los tres sospechosos y el allanamiento de ocho domicilios. También pidió que un equipo de expertos excavara en la casa donde supuestamente se enterraba el dinero. Personal del D2 realizó el lunes los procedimientos: detuvo a la pareja y secuestró 20 CPU, celulares, documentación de todo tipo a nombre de cuatro empresas, como facturas, contratos de entrega de vehículos, títulos de automotores, cuatro vehículos y llaves.
La búsqueda del dinero
Personal de Bomberos de la Policía, supervisado por un arqueólogo del Ministerio Público, excavó en el jardín de la vivienda del country, pero no encontró nada. “Es muy probable que lo hayan desenterrado y escondido en otro lugar cuando se dieron cuenta de que estaban en serios problemas”, indicó una fuente cercana a la investigación.
El procedimiento causó revuelo en Las Cañitas. “Al principio, nos sorprendió la presencia de los policías, pero después quedamos perplejos cuando descubrimos que estaban cavando en el fondo. Pensamos cualquier cosa, desde que podían haber ocultado un cuerpo o enterrado droga, como lo hizo esa narco que fue detenida en otro country hace varios años”, sostuvo Solana, refiriéndose a Carla “La Jefa” Sánchez.
Los habitantes del country reconocieron que los detenidos alquilaban la casa y que no tenían relación con sus vecinos. “Esta noticia se divulgará y no faltará el pillo que pretenda buscar el dinero que supuestamente enterraron. Espero que los administradores se den cuenta de esta situación y refuercen la seguridad. No se dispuso una consigna policial”, indicó Juan Carlos en una entrevista con LA GACETA.
Las posturas de las partes
“Los resultados de los allanamientos son muy importantes porque consideramos que se encontraron las pruebas suficientes para demostrar que estamos ante una banda que tenía una estructura sólida para cometer estafas”, indicó Juan Herrero, representante legal de las víctimas.
El profesional indicó además que no es la primera vez que el grupo se ve involucrado en maniobras de estas características. “Durante la pandemia hicieron lo mismo y, en 2022, accedieron a una probation por el mismo ilícito. En Chaco también se les inició un proceso y la causa está cerca de ser elevada a juicio”, apuntó Herrero.
Patricio Char, defensor de la pareja detenida, señaló: “En una Argentina golpeada por la crisis económica, donde empresas, comercios y hasta entidades financieras atraviesan enormes dificultades, no podemos confundir una estafa con un incumplimiento contractual”. “El derecho penal exige dolo y una maniobra fraudulenta concreta, no simplemente la imposibilidad de afrontar obligaciones económicas en un contexto crítico como el actual”, finalizó el abogado en una entrevista con LA GACETA.