- DEL ARCHIVO.- Numerosos proyectos de ley procuraron modernizar la normativa vigente en la provincia en materia de ética pública (estas palabras designan al conjunto de principios y normas que rigen el desempeño de la función pública con honestidad, idoneidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana). Esas iniciativas aparecieron periódicamente en la Legislatura sobre todo a partir de la década de 1990, cuando Argentina ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Congreso de la Nación adoptó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública. Ninguna de las propuestas obtuvo el apoyo de la mayoría legislativa. Por ende, la Ley 3.981, de 1973, que confiere carácter secreto a las declaraciones juradas (ddjj) de los funcionarios públicos, continúa siendo aplicada en Tucumán.

- PARAJÓN TAMBIÉN QUISO.- Gumersindo Parajón, entonces legislador de Pueblo Unido, intentó adherir a la provincia a la Ley 25.188 y establecer un régimen de incompatibilidades. "Los que se oponen alegan razones económicas. Pero, entonces, si no les conviene ser legisladores, que renuncien y vuelvan a su actividad privada", opinó el dirigente en 2001 y a propósito de un debate sobre si el ejercicio de la abogacía era compatible o no con el cargo de concejal o legislador.

- UNO DE DANESI Y OTRO DE STORDEUR.- Los ex legisladores Pedro Stordeur (Recrear) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) presentaron -por separado- proyectos de Ética en la Función Pública durante el mandato que cumplieron entre 2003 y 2007. "Pretendemos crear un régimen de ddjj que permita hacer un seguimiento de la evolución de patrimonio (de los funcionarios) durante todo el tiempo de la gestión oficial y que los obligue a demostrar los orígenes de sus activos", afirmó Danesi en 2006. Stordeur, por su parte, propuso dar acceso a la información pública y difundir las ddjj en internet. "Esto se ha vuelto una necesidad debido al descreimiento y a la desconfianza de la población respecto de la clase política", expresó.

- EL APORTE DEL EX FISCAL.- En 2010, el entonces legislador Esteban Jerez (fue fiscal anticorrupción -foto de la izquierda-) intentó crear un régimen de fideicomiso ciego. Este mecanismo aspiraba a evitar que cualquier funcionario pudiese aprovechar su posición privilegiada de poder y consistía en la administración temporal de los bienes del funcionario por parte de un administrador neutral e independiente.

- ENTRE LAS MÁS RECIENTES.- El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) -foto de la derecha- presentó un proyecto de ley de Ética Pública el año pasado. Esa propuesta seguiría, en principio, las líneas rectoras de la norma en vigor para los funcionarios del Estado nacional. Al igual que en aquel sistema, estaría prevista la creación de una comisión independiente que haga las veces de autoridad de aplicación y dé seguimiento a la obligación de presentar las ddjj. Colombres Garmendia también es autor de un proyecto de ley para erradicar el nepotismo (costumbre de designar en los cargos públicos a parientes de autoridades de los poderes del Estado).