Argentina ofrecerá títulos públicos bajo leyes extranjeras en la reapertura del canje de deuda en cesación de pagos, que lanzará en las próximas semanas, dijo ayer una fuente del Gobierno.
La propuesta de reapertura del canje, enviada al Congreso el miércoles y que se espera que sea aprobada rápidamente gracias a la mayoría oficialista, contempla ofrecerle a los tenedores holdouts los mismos términos y condiciones que en una reestructuración realizada en 2010.
Informaciones periodísticas habían afirmado que la operación sólo iba a incluir la emisión de títulos bajo ley argentina, en un intento del Gobierno por esquivar a los tribunales estadounidenses, donde está siendo demandado por bonistas que exigen cobrar los títulos que el país dejó de honrar en 2002 a su valor nominal, consignó la agencia de noticias Reuters.
"Va a ser exactamente igual la oferta (que en 2010). Nos estamos dirigiendo al 7% que no entró (en los canjes previos). La oferta va a ser la misma", dijo la fuente del Gobierno con conocimiento de la operación, quien pidió reserva de su nombre.
En el canje de deuda de 2010, Argentina ofreció un menú de títulos que incluyeron bonos Discount y PAR y cupones atados a la expansión de la economía bajo leyes neoyorquina, británica y local. También se emitió un bono Global con vencimiento en 2017 con jurisdicción legal en Nueva York.
La fuente agregó que la oferta podría incluir también la posibilidad de una mayor "flexibilidad" para aquellos que deseen cambiar la jurisdicción de un título.
Cerca de un 93% de los tenedores de los casi U$S 100.000 millones en deuda que Argentina dejó de pagar en 2002 por una crisis económica, aceptaron canjear sus títulos a cambio de una fuerte quita en 2010 y en un canje previo en 2005.
Pero, un grupo de acreedores liderados por los fondos NML y Aurelius continúan batallando legalmente para recibir la totalidad de sus tenencias.
La presidenta, Cristina Fernández, anunció esta semana que el país contempla, además, ofrecer a tenedores de deuda reestructurada emitida bajo leyes extranjeras, cambiar el lugar de pago de sus bonos a Buenos Aires para evitar eventuales embargos.
El anuncio fue hecho luego que una corte en Nueva York ratificara una orden previa del juez Thomas Griesa. La resolución había establecido que el país debe honrar la deuda que incumplió en 2002 y que está en manos de acreedores que no aceptaron las dos reestructuraciones posteriores.
La decisión judicial, sin embargo, aún no puede ser aplicada debido a que rige una medida de no innovar, a la espera de una apelación argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Presidenta, en el anuncio del miércoles, señaló que Argentina ha pagado entre 2003 y 2012 la cifra de U$S 173.733 millones; U$S 41.044 millones dentro del propio sector público nacional y U$S 81.487 millones al sector privado extranjero y nacional, tenedores de bonos argentinos. Y a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Corporación Argentina de Fomento, U$S 52.201 millones, según el Gobierno.