La instalación del gasoducto en el sur no es la única obra para la que el Gobierno contrató a Saiko SA, la empresa que dividió las aguas entre el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Oscar Mirkin, y su ex subordinado, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Brito.

Hace un mes, el Tribunal de Cuentas (TC) aprobó la resolución interna 594/D de la DAU (ahora a cargo de Juan Luis Pérez), que autorizó a la repartición a contratar por vía directa a Saiko SA para la obra "red de polietileno para gas natural -Nuevo Estadio de Hockey- ubicación avenida Benjamín Aráoz al 400 - San Miguel de Tucumán".

Sobre la base de la ley 7.960, que permite a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo desembolsar hasta $ 150.000 sin licitación en casos de urgencia, se le abonará a la constructora $ 147.594.

Brito había sembrado dudas sobre la edificación del estadio de hockey del club Natación y Gimnasia, que se realiza en el parque 9 de Julio con un subsidio de $ 10 millones. Días antes, se había dado a conocer un informe del TC sobre su gestión, que reveló anomalías en 86 de 423 obras realizadas con la ley 7.960. Luego, el peronista disidente Enrique Romero realizó un planteo judicial para que se investiguen esos trabajos, basándose en que el titular de la DPV, Raúl Basilio, es integrante de la comisión directiva de la institución; y en que el titular del TC, Miguel Chaibén Terraf, es socio del club. El presidente de Natación y Gimnasia, Juan Luis Aráoz, y Basilio aseguraron estar dispuestos a someterse a auditorías, y descartaron anomalías.

La polémica
"Esto viene por todo el arrastre de todo este tema del ex director de la DAU (por Brito), poniendo o haciendo declaraciones que, la verdad, no le competen hacer. Él debería preocuparse por las cosas que hizo o dejó de hacer y no meterse en estos temas", dijo Mirkin, que defendió la obra de gas para La Cocha y otras zonas del sur.

Sus palabras generaron la réplica del Brito, que renunció en agosto del año pasado luego de que el TC detectara presuntos sobreprecios en refacciones previstas para Casa de Gobierno. "Mirkin está más preocupado por defender a una empresa (por Saiko SA) que hizo mal las cosas, según la acordada del TC, que por defender a la gestión de gobierno de la cual yo participé cinco años", retrucó.

Brito se refería al acuerdo 2.250/2013, publicado hace 18 días. El TC observó rechazó la resolución interna de la DAU que aprobaba el certificado de obra N° 1 en la obra del gasoducto. Los auditores objetaron que se utilizara la tierra extraída de las excavaciones para tapar las zanjas, y no el material especificado en el plan. Así, se frenó el pago de $ 1,86 millón.

Según Mirkin, el monto que no debía abonarse era de $ 120.000. "Cuando la empresa contratista certifica los trabajos lo hace en función de una orden de servicio de Gasnor que le indica que puede usar el suelo que se extrae, porque es de alto contenido de arena, de mayor o igual calidad del suelo que se iba a colocar. Saiko SA procedió a presentar los certificados en la repartición, se los envió al TC y en el ínterin el TC detectó que el ítem de la colocación de arena no se había realizado. O sea que esa fracción del ítem total no se descontaron del total y ese fue el error", explicó.