La causa judicial que investiga el presunto abuso sexual de al menos 50 seminaristas menores por parte del cura Justo José Ilarraz volvió a foja cero. Se debe a que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) anuló ayer la prescripción que había dictaminado la Sala I de la Cámara de Crimen.

El fiscal Francisco Ramírez Montrull explicó que ahora el tema será analizado por la Sala II. El juez de Instrucción Alejandro Grippo había considerado que los delitos cometidos por el sacerdote podrían tipificarse como de "lesa humanidad", por lo cual no debían prescribir. Pero los abogados de Ilarraz argumentaron que, al haber transcurrido más de 15 años (plazo máximo de la pena para esos delitos), debía ser sobreseido.

Paradójicamente, el abogado defensor de Ilarraz se mostró de acuerdo con la resolución del STJ. "Estoy conforme con el fallo porque, al momento de emitir la resolución, la Cámara (de Crimen) olvidó mencionar a dos de los siete querellantes", afirmó Jorge Muñóz. Y consideró correcto que se aclare ese error "para que no quede ninguna duda" y "se haga justicia para todos los querellantes y no sólo para algunos, con el fin de evitar futuros planteos".

Muñoz comentó a LA GACETA que ayer desayunó con el padre Ilarraz y que lo acompañó a la seccional 5ª -jurisdicción a la que pertenece su actual domicilio- donde dejaron asentado que se encuentra en Tucumán. De esa manera, desmintió el comunicado emitido por la oficina de prensa del arzobispado de Paraná y difundido por los medios, donde monseñor Juan Puiggarí dijo desconocer el actual paradero del cura Ilarraz.

"La Iglesia desconoce su paradero porque (Ilarraz) no está en actividad. En ningún momento salió del país como se dijo", aclaró el abogado defensor.

Respecto a los querellantes, uno de los abogados confirmó que decidió abandonar el caso luego de sufrir un atentado con artefactos explosivos en su vivienda en septiembre. Se trata de Milton Urrutia, un letrado que fue seminarista durante los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto religioso y que tuvo que abandonar la vocación porque -según dijo- le "arruinaron la vida".

El abogado, que representaba a varios ex seminaristas que reconocieron ante el juez Grippo haber sido abusados por el cura, responsabilizó del atentado a "un grupo organizado de cuasi terroristas".

La investigación religiosa sobre el caso, mientras tanto, está en Roma y siendo evaluada por las autoridades del Vaticano, según agregó el comunicado de la Iglesia Católica. Además, el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Papa Francisco una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra el cura Ilarraz. El sacerdote está sindicado como el autor del abuso sexual al menos 50 seminaristas de entre 10 y 14 años entre los años 1984 y 1992.

"Sigo sosteniendo su inocencia", afirmó al respecto el abogado Muñoz, e hizo mención al estado actual de Ilarraz. "Lo emocional lo va superando de a poco con la ayuda de la gente que lo aprecia", comentó. "Él tiene una versión de la realidad de las cosas -agregó el letrado- que nunca le permitieron exponer en sede judicial. Jamás se le permitió hacer un acto autodefensivo y eso es lo que no le da tranquilidad", insistió. En ese sentido, aseguró que "ni bien tengamos la oportunidad procesal de plantearlo, lo vamos a hacer".