Las noticias

La buena: el Gobierno destrabó el conato de conflicto salarial con los estatales. La mala: el Poder Ejecutivo desangra autoridad de manera fenomenal. La pésima: el trabajador es sólo una excusa en el tire y afloje entre el Gobierno y los gremios. La peor: la paritaria que viene.

La selección

La hemorragia de poder del Gobierno luce incontenible. Por estas horas, el alperovichismo ni siquiera puede hacerse respetar por los vendedores ambulantes, trabajadores pobres que se han hecho crónicos en una práctica ilegal, para poder dar de comer a sus familias y enriquecer a “señores bien” ricos, que los proveen de mercaderías en negro y ganan millones sin pagar impuestos. El Ejecutivo lo sabe, pero decide aplicar el rigor de la ley sobre el cuentapropista, y ejercer la miopía del poder sobre el patrón clandestino de los ambulantes. Pero ya ni los más débiles se allanan a lo que pregona el Gobierno de la legalidad selectiva. Es inverosímil oír al gobernador jactarse de haber dado cumplimiento a la sentencia que prohíbe la venta callejera. ¿Y el acatamiento al reconocimiento judicial de la movilidad y la porcentualidad a los jubilados transferidos? En la democracia pavimentadora, el que reclame legítimos derechos se morirá sin recibir nada. Y el que ejerza el comercio ilegal, tendrá una década de impunidad.

El dilema

Los vendedores ambulantes desafían al Gobierno, desconocen acuerdos firmados, cambian sus demandas, se presentan en las peatonales contra toda advertencia oficial y andan a los empujones con la Policía, porque decir una cosa hoy y hacer otra mañana es la política de Estado del alperovichismo. Esta es la administración que dijo en diciembre a los gremios estatales que no les daría ni un centavo adicional, pero que en enero les otorgó un extra de $ 1.000. El dilema no es si el alperovichismo perdió autoridad porque se desautoriza a sí mismo, o si se desautoriza a sí mismo porque perdió autoridad. El asunto son los costos que paga la sociedad: hubo que soportar que la provincia fuera sitiada con piquetes, porque no iban a darle a los estatales lo que finalmente les dieron. El pueblo tucumano no sólo quiere estar debidamente gobernado: paga (y caro) para eso.

La incidencia

Los gremios estatales hace tanto que no tienen autoridad, que cuando se encuentran con un poco de ella la devuelven, convencidos de que debe ser ajena. Por eso, luego de que el Gobierno reculó y decidió conceder el “extra” salarial, los sindicatos bajaron las armas. En lugar de sostener su demanda, ya legitimada, corrieron a interpretar la obra de teatro acostumbrada. Casa de Gobierno ofreció el disparate de $ 500, los gremialistas se “ofendieron”, el Ejecutivo “cedió” y otorgó $ 1.000, y los sindicalistas celebraron la victoria. De los $ 2.000 iniciales que motorizaron el reclamo, ni una palabra. En perspectiva: el “extra” salarial de $ 1.000 le costará al Gobierno unos $ 80 millones totales. O sea, apenas un minúsculo 0,3% del Presupuesto 2014, aprobado en $ 23.000 millones.

La cuestión

Es obvio que si hubieran peleado por los $ 2.000 de la demanda original, no hubieran desfinanciado al Estado que gasta $ 63 millones por día. Pero la falacia es asignarle alguna seriedad al monto del reclamo. Si exigieron un monto, recibieron la mitad e igualmente celebraron, queda claro que la cifra era cualquier cifra. Y esa es la cuestión: lo que se reclama es “cualquiera”, porque lo que importa es mantener el elenco estable de esta puesta en escena. Lo que reciban los empleados estatales, que son meros espectadores, es secundario.

El estilo

En el orden nacional, los trabajadores del Estado eligen los delegados paritarios que discutirán sus sueldos. En el orden provincial, la oposición presentó un proyecto para que, por ley, los estatales locales gocen del mismo derecho. El proyecto del radical Ariel García, publicado en diciembre por LA GACETA, propone que cada gremio someta a votación tres representantes: dos por la mayoría y (contra toda tradición sindical) uno por la minoría. El peronismo, que trajo la modernidad a los medievales derechos que tenían los trabajadores de este país, ¿no tiene iniciativas al respecto? ¿No piensa debatirlas? Que haya representantes sin autoridad no es coyuntura, sino estilo de Gobierno en esta provincia.

La derrota

Este pretendido triunfo de los sindicatos estatales con el extra de $ 1.000 exhibe la derrota de los trabajadores a los que representan. Mendigar un refuerzo salarial de fin de año prueba que los salarios que pactan en paritarias son un mamarracho. El problema es que ese circulo vicioso se sostiene sobre demasiados ejes. Al alperovichismo le conviene este numerito anual de gremios que patalean un poco y después firman, precisamente, numeritos. Para los oficialismos sindicales también funciona ser funcionaes al alperovichismo, que facilita materialmente a las burocracias sindicales la continuidad en la conducción. Y, finalmente, hay muchos estatales a los cuales esta dinámica no los incomoda: nadie se engrupe con la pantomima de las negociaciones, pero la repulsa tampoco es masiva. Sin embargo, se atisba que aquello que duró 10 años no necesariamente debe mantenerse durante 11...

Los desarmados

La huelga armada de la Policía y sus hijos infernales, Caos y Saqueos, han marcado a Tucumán para la historia, y al alperovichismo para este 2014 escabroso. Esta semana, hasta los más convencidos alperovichistas lo asumieron. En Casa de Gobierno, y cuando ya se sabía que a algún acuerdo iban a arribar, el diálogo entre los gremialistas consistía en que había que aprovechar la llegada del Dakar y amenazar con sabotearlo, para apurar el “arreglo” antes del miércoles. Actuaban como los policías en diciembre, pero sin armas, sintetizó uno de los funcionarios encumbrados.

El techo

Si las paritarias fueran hoy, el Gobierno pondría un techo del 25% de incremento de sueldo. Es más: oficialmente, el alperovichismo va a sostener que, en promedio, ese ha sido el porcentaje de aumento salarial para la Policía. Y que si bien puede haber sido mayor en los escalafones más bajos, de igual modo su impacto es menor en los más altos. Hay mucha brecha con el número que está en la cabeza de los trabajadores: el 35%.

La hora

Pero hay un argumento más, que el Gobierno ha rescatado del olvido en estos días. Los técnicos se acordaron en las charlas internas, por primera vez en mucho tiempo, que los estatales trabajan sólo cinco horas diarias. Cuando José Alperovich, como ministro de Economía del mirandato, decidió pagarles el 20% del salario estatal con tickets “Proms”, redujo una hora de la jornada laboral como contraprestación. Luego, el 100% del salario volvió a pagarse en efectivo, pero Alperovich, ya como gobernador, no restituyó esa perdida sexta hora de trabajo. ¿Qué dicen en el palacio? Que los estatales ya ganan más que los empleados de comercio, que tienen nueve horas de jornada laboral. ¿Qué no dicen, pero sí piensan? Que sí se tensa la cuerda, la hora de trabajo que no se recuperó caerá sobre la mesa de negociación. La excepción: de los trabajadores del Siprosa, que siguieron trabajando seis horas.

Las indignaciones

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud presenta por estas horas un pedido formal en el Gobierno para iniciar la discusión salarial 2014, con una doble indignación respecto de la huelga policial: la metodología y los resultados. Los autoconvocados protagonizaron severísimos paros, pero jamás dejaron de atender una urgencia. El Gobierno nunca pudo decir que murió un tucumano por las medidas de fuerza de los médicos. En diciembre, durante los saqueos, hubo cuanto menos una decena de muertos. El resultado: el sueldo inicial de la Policía comienza con $ 8.700 para el agente más más raso, y de ahí para arriba. En la salud, el inicial para la categoría “A” es de $ 7.300. Y de ahí para abajo: en la categoría F (estudiantes universitarios con tres años) es de $ 4.000. Este Gobierno fija las escalas salariales no según el servicio a la comunidad, sino de acuerdo con la capacidad de daño a la sociedad. “Sólo con la lucha podemos lograr un salario digno”, dicen los afiches que el Sitas ya pegó en los hospitales.

La fecha

Los otros sindicatos estatales ya no piden paritarias anticipadas. En rigor, quien las pedía era la CCC, que participó del acuerdo por el extra de $ 1.000 y quería aprovechar el envión para tener una silla en la negociación de los salarios de los trabajadores, a pesar de que nuclea a desocupados. Los gremios tradicionales no tienen urgencia: les conviene esperar las paritarias del socio fuerte: ATEP. La discusión con la docencia ya se presagia complicada. Daniel Toledo, el titular de ese gremio, reía en la Casa de Gobierno cuando le referían que el Ministerio de Educación fijó el 26 de febrero para el inicio de las clases. Empiezan el 5 de marzo... si empiezan, contestó.

La compensación

El problema con la discusión salarial docente es que no se circunscribe a lo que ofrezca la Provincia: también abarca lo que dejó de dar la Nación. Los educadores cobraban en Tucumán una compensación docente federal. Pero la Casa Rosada dijo que los maestros tucumanos ya ganaban por encima de la “media” nacional en 2012. Ya en 2013, el kirchnerismo siguió mandando esos fondos, pero disfrazados de ayuda especial. Este año, se acabó lo que daba la Nación, los docentes no querrán perderlos y la Provincia no quiere hacerse cargo.

Los problemas

Un gobierno tiene dificultades políticas o afronta dificultades económicas. El alperovichismo enfrenta las dos. “Más del 25% no podemos dar”, reza el funcionariado. Pero los estatales quieren el 35% del que se jacta la Policía huelguista. Y ahí es donde al problema económico se suma el problema político: el alperovichismo jamás intentó construcción política alguna. Nunca buscó el camino de la trabajosa creación de espacios plurales de debate, negociación y consenso en las instituciones. Peor aún: consideró que ese camino era una pérdida de tiempo. Su única doctrina fue la billetera: abierta para los que se sumaran incondicionalmente. Vamos por todo fue principio rector. El alperovichismo, entonces, no fue una estructura forjada, sino simplemente pagada. Profundizar el modelo consistió en confundir política con plata: la patria bolsonera. “Ser” político se podía comprar, asumieron... Pero un día, la plata dejó de abundar. Ahora quieren explicar razones, acordar salidas, hablar de límites, defender la institucionalidad... Y se preocupan porque no les contestan con palabras, sino con cifras.