Miguel Ángel Brito, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), asegura que se sorprendió cuando el Tribunal de Cuentas (TC) inició un trámite en su contra -junto a otros funcionarios- por la proyección, ejecución y erogación presuntamente irregulares de una ciclovía de 4 kilómetros en el Camino de Sirga, que separa San Miguel de Tucumán de la ciudad de Yerba Buena. “Oportunamente, como director de la repartición, aclaré mi actuación en la obra en cuestión y deslindé mis responsabilidades. Tal como expresan los diferentes expedientes, no he tenido participación en pago alguno”, dijo Brito a LA GACETA.

El expediente por la supuesta ciclovía “fantasma” fue elevado por el TC a la Justicia penal, y es la segunda causa contra el ex funcionario que se nutre de un trámite administrativo del ente de control. En diciembre de 2013, el ex titular de la DAU y actual asesor del senador alperovichista Sergio Mansilla fue imputado por el fiscal de Instrucción de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar, debido a presuntas anomalías detectadas en 89 de las más de 400 obras realizadas sin licitación durante su gestión en Arquitectura y Urbanismo.

Según el acuerdo N° 785/14, firmado el pasado 26 de marzo, los integrantes del TC, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), resolvieron iniciar un juicio de responsabilidad debido a las anomalías en la ciclovía del Camino de Sirga. Así, se sustanció la nueva etapa del proceso contra Brito; el ex subdirector de la DAU, Roberto José Bianchi; el jefe del servicio administrativo financiero de la repartición, José Ernesto Amín; el jefe de la división Obras por Administración del departamento Obras Eléctricas, Luis Alberto Roldán; el contratista Julio César Villafañe; y el contador fiscal del TC delegado (es decir, asignado) a esa oficina, Rodolfo Atilio Torasso.

El presupuesto fijado para la edificación de la vía para ciclistas era de $ 500.000, y se había fijado en 2009. El trámite se había realizado bajo la ley provincial N° 7.960, aún vigente, que permite a la DAU realizar contratos directos (sin licitación) para mano de obra y materiales hasta por $ 150.000, en caso de necesidad y urgencia.

El Tribunal de Cuentas afirmó que Brito, de manera irregular, sorteó los límites establecidos por la norma al separar en cuatro expedientes el proyecto de los 4 kilómetros de ruta. “El daño constatado al erario resultante de la falta de ejecución total” asciende a $ 320.000, apuntó el organismo de control. Y en el cuadro de “aproximación imputacional” puso al ex titular de la DAU en primer orden. “Brito justifica que la obra ‘Ciclovía en Camino de Sirga’ no tenía acta de inicio, acta de recepción provisoria, inspector de obra, ni se emitían certificados de obra por sostener que ‘la ley 7.960 es una ley de excepción a la Ley de Obras Públicas, especialmente en lo que respecta a obras por administración y todo su procedimiento se rige por la Ley de Administración Financiera’”, destacó el TC, citando la declaración prestada en sede administrativa. El tribunal señaló luego que esa defensa “carece de asidero jurídico”.