BUENOS AIRES.- De no haber sido por los aportes de la Anses, el BCRA y PAMI, el déficit fiscal en abril habría superado los $ 9.200 millones. Así, en el primer cuatrimestre de este año, el “rojo” del Tesoro ascendió a casi $ 37.000 millones y a este nivel, el desequilibrio tenderá a superar los $ 120.000 millones hacia fin de año. Son las exacciones a esas tres cajas, las que le permiten al Gobierno financiar sus políticas de dispendio de los recursos financieros del Estado.
El interrogante a responder es ¿cuánto tiempo más puede el país mantenerse con un déficit de casi U$S 15.000 millones anuales sin posibilidad de acceder a financiamiento externo? Esta pregunta retumba en los principales escritorios de la City porteña, hasta ahora sin una respuesta cierta. Pero, a pesar de la incógnita, el déficit está indicando que la Argentina está en el umbral de una nueva crisis de proporciones, donde una vez más el Estado no va a asumir los costos, dejando aún más daños. Además, el tránsito de la Argentina por el irresoluto problema de la deuda en default, coloca al país en una posición, cuanto menos, poco confortable.
Por más que en los últimos tiempos haya podido terminar con el problema de la estatización de las acciones de Repsol en YPF o iniciar una solución con el Club de París, el acceso a los mercados parece complicado. Eso lo saben en la Casa Rosada donde ya se prepara el camino para asumir los costos derivados de un desenlace aún incierto.
La reciente sanción de la Ley que limita la responsabilidad patrimonial del Estado y la de sus funcionarios frente a eventuales daños es la plataforma de un escenario de crisis. ¿Si el Estado no responde por sus propios yerros quien lo hará? ¿Cómo quedan los ciudadanos y los terceros perjudicados frente a su accionar imprudente? La sanción de esta ley va enlazada con la imposibilidad de plantear siquiera un amparo frente a los daños provocados por el Estado. Estos dos elementos -déficit fiscal y responsabilidad limitada del Estado- forman junto con la ley de Emergencia Económica, el trípode sobre el cual se apoya el modelo kirchnerista que podría ser la plataforma de una nueva quiebra. En otros términos, la gestón Kirchner sentó las bases para una declaración de Estado fallido, que terminará eximiendo a sus funcionarios de todo tipo de responsabilidad por su accionar imprudente y temerario.
El frente externo por ahora está cerrado porque la resolución del conflicto con los holdouts permanece abierta. Y eso pasa porque la Argentina despreció la ayuda que había aparecido en 2002, en medio del default, cuando la ex subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger, planteó la opción de crear un sistema de quiebra para los países. Krueger decía por entonces: “el incumplimiento de los pagos siempre es doloroso, tanto para los deudores como para los acreedores. Y así debe ser. Los países -como las empresas y los particulares- deben pagar sus deudas y sufrir cuando no lo hacen. De otro modo, la gente no estaría dispuesta a prestarles dinero y les resultaría mucho más difícil financiar las inversiones. Pero, cuando las deudas de un país llegan a ser auténticamente insostenibles, resolver el problema pronto y de forma ordenada redunda en el interés de todos”. Más adelante, Krueger proponía: “inspirarse en los procedimientos de suspensión de pagos empresariales tiene mucho sentido. Podríamos instaurar incentivos mejores creando un marco legal predecible que, con toda probabilidad, no habrá que activar formalmente con demasiada frecuencia. Un país podría recibir protección legal de sus acreedores durante un periodo de tiempo establecido mientras negocia una reestructuración. A cambio, estaría más obligado a negociar de buena fe y a adoptar políticas que enderecen su economía. Por último, una vez que la reestructuración haya sido aprobada por una mayoría suficiente de acreedores, los que no estén de acuerdo estarán obligados a aceptarla”.
Nadie escuchó a Krueger por esos días y en contrario se la demonizó porque además pedía que el país hiciera un ajuste y eso es blasfemia para la liturgia kirchnerista. Ahora es tarde. Las declamaciones del canciller Héctor Timerman como las del ministro Axel Kicillof ante los nucleamientos regionales e internacionales no sirven para solucionar el problema. Son el problema. La Argentina fue condenada en los tribunales de los Estados Unidos y deberá pagar a fondos de inversión, fondos similares a los que alguna vez compraron bonos de la deuda soberana y fueron felicitados por la dirigencia política por confiar en el país. Hay que entender que en esa causa, la Argentina no tiene el estatus de país, sino el de persona de derecho privado. Como si fuera un vulgar John Doe o un Juan Pérez para estas latitudes.
El riesgo de default es, por ahora, cierto y palpable.